Ex director nacional de Migraciones por reformas del Gobierno: «Se va a facilitar la tramitación administrativa de las expulsiones, pero otra cosa es materializarlas»

«A quienes estén en situación irregular, o se regularizan o se van, y a quienes hayan cometido delitos derechamente se tienen que ir». Con esta frase, el Presidente Gabriel Boric endureció el tono frente a la inmigración fuera de norma en el país, durante su última visita a la Región de Antofagasta.

En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, adelantó que el Gobierno está trabajando en dos proyectos de ley. Uno para facilitar los procesos de expulsión administrativa y otro de identificación biométrica de los migrantes. Ambos serían ingresados al Congreso el próximo mes.

Esto, en medio de la discusión parlamentaria en la que hay diputados que no saben cómo procederá el Mandatario frente al anunciado desborde migratorio. La razón es concreta, según adelantó El Mostrador, la nueva Ley de Migración no contempla la regularización de las personas que hayan hecho ingreso de manera irregular a Chile, en cuyo caso solo es posible mediante reformas que tendrían un camino complicado, dada la composición del Congreso.

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Ante esta discusión y en momentos en que el flujo migratorio no deja de crecer, en conversación con El Mostrador en La Clave, Rodrigo Sandoval, académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central y ex director nacional de Migraciones del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, planteó que «se va a facilitar la tramitación administrativa de las expulsiones, pero otra cosa es materializarlas».

Sandoval precisó que no es de extrañar que la forma en que se dio el debate sobre una legislación migratoria hace tres años sea muy distinta a los énfasis políticos que existen hoy. Sostuvo que la ley que estaba vigente hasta hace poco databa de 1975 y no establecía mayores formalidades o mayores exigencias respecto a la expulsión. Por esta razón, en la nueva Ley de Migraciones, la actualmente vigente, se trató de incorporar una serie de instrumentos de debido proceso.

El exjefe de Migraciones explicó que existen dos tipos de expulsión. Una es la judicial, que es la que decreta un tribunal como consecuencia de una condena en un delito donde un extranjero aparece como responsable. Y la otra es la administrativa. «Y cuando se trata de este tipo de expulsiones, existe en la nueva ley la exigencia de que la primera notificación sea realizada en forma personal. Pero lo que se busca ahora es que esa notificación sea hecha por otros mecanismos que, según el proyecto de ley, garantizan el debido proceso y significan una mayor facilidad para la policía al momento de implementar el proceso de expulsión», comentó Sandoval.

La propuesta del Ejecutivo, en palabras del experto en política migratoria, «lo que hace es bajar el estándar de garantías del expulsado, aumentar la capacidad que tiene el ente encargado de la resolución de la expulsión, que es el Servicio Nacional de Migraciones, y de la materialización de la expulsión a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI)».

Sin embargo, «hay que ser muy claros con la ciudadanía respecto de cuál es el real impacto que va a tener este tipo de medidas, porque estamos hablando de materializar la expulsión de aquellas personas, pero después otra cosa es expulsarlas», sentenció el académico de la Universidad Central, recalcando que en la legislación anterior también había una gran cantidad de personas con medida de expulsión decretada, listas para ser expulsadas desde el punto de vista administrativo, y aun así, por una cuestión de posibilidades materiales, no eran expulsadas.

«Tampoco es que con esto se vaya a facilitar la expulsión», expuso el extitular de Extranjería, remarcando que «se va a facilitar principalmente la tramitación administrativa de esa expulsión», pero «otra cosa es si esta expulsión se materializa o no».

«Hay que ser claros respecto de qué es lo que se pude obtener o no con esta modificación», reiteró Sandoval.

¿Cómo se puede avanzar en la materialización de las expulsiones?

Para Rodrigo Sandoval, la cuestión es otra: «¿Es efectivamente la expulsión el mecanismo por el cual se va a obtener la tan anhelada migración ordenada o regular?». El académico tiene dudas al respecto.

Afirmó que en ningún sistema migratorio la expulsión es el mecanismo mediante el cual se ordena la migración. De hecho, señaló que hay pocos casos en los que se puede afirmar que así sea: «La verdad es que la migración, cuando la personas ya se encuentran dentro del país, es muy difícil que vuelvan en forma imperativa a sus lugares de origen».

«Lo que uno tiene que plantearse es qué es lo que hace que esas personas lleguen acá y en qué condiciones, además de abordar cómo el país las absorbe o bien no les da las condiciones para poder instalarse», planteó Sandoval. A su juicio, «aquí se trata de una serie de iniciativas o de políticas que se tienen que instalar en las distintas etapas del ciclo migratorio. Y además se debe hacer un ejercicio como sociedad sobre los incentivos que se están dando para que los migrantes vengan a Chile».

«Si es viable trabajar informalmente en Chile, no importan las barreras que pongamos en la entrada, las personas van a llegar igual, porque saben que pueden estar mejor que en el país del cual vienen», afirmó.

Con posterioridad, advirtió, «hay que preguntarse cuáles son las herramientas que existen para poder regularizar esa situación. Y en tercer lugar evaluar de qué forma aquellas personas que finalmente no deseamos que están acá, particularmente aquellas que vienen a delinquir, son finalmente expulsadas».

De todas formas, para el profesor de Derecho de la Universidad Central, «suponer que es un tema sobre quienes expulsamos, es engañar a la gente, porque la verdad es que la expulsión no es el camino». Lo que uno tiene que preguntarse, según Sandoval, es «qué espacio se le quiere dar a la migración, en términos de las distintas necesidades que tiene el país».

Argumentando que Chile sigue siendo un país en el cual la mano de obra no es suficiente para las necesidades de la economía, remarcó que «aparece como un poco contradictorio que, por un lado, pongamos tanto énfasis en cómo echamos a la gente o como impedimos que venga y, por el otro lado, haya sectores de la economía que están demandando por mano de obra para cubrir sus necesidades».

Entonces, la pregunta central, para el académico, es «en qué parte de la administración estatal es donde se concilian esos dos objetivos y cómo finalmente la política migratoria contribuye a estos objetivos nacionales».

Sobre la discusión que podría darse en el Congreso, Rodrigo Sandoval expone el ejemplo de España y de las «visas de arraigo», las que si bien no tendrían cabida tal cual en la actual tramitación de la Ley de Migraciones, podrían implementarse con posterioridad. Llamó a no invisibilizar a los migrantes y declaró que «el peor escenario del mundo es tener extranjeros en situación irregular». Ante esto apuntó además que «la peor medida es privarnos de la posibilidad de controlar la migración que viene de buena fe».

«Lamentablemente el Gobierno ha dado señales muy claras: no está en sus planes un mecanismo amplio de regularización», concluyó el profesor Sandoval, recomendando que «siempre tienen que existir válvulas de escape para que aquellas situaciones que no están en la norma en su planteamiento original entren a la legalidad. Y en materia migratoria eso tiene mayor gravedad porque estamos hablando de personas», subrayó.