Oposición y agrupaciones de migrantes critican «ultimátum» del Gobierno a extranjeros en situación irregular

“O se regularizan o se van”. Esa es la frase, con tono de ultimátum, que utilizó el Presidente Gabriel Boric para transmitir la preocupación del Gobierno por hechos delictuales que involucran a ciudadanos extranjeros que ingresaron al país de manera irregular. No obstante la dureza del tono empleado por el mandatario, lo cierto es que la nueva Ley de Migraciones (número 21.325) no permite regularizar la situación migratoria de quienes hayan hecho ingreso por pasos no habilitados, en cuyo caso sólo cabe la expulsión del territorio nacional.

En consecuencia, la oposición quiere tener más claridad sobre lo que piensa hacer el Gobierno desde un punto de vista legislativo, y ello no es irrelevante porque no hay un clima propicio para avanzar en la regularización masiva de extranjeros debido a la composición de las dos cámaras y el clima generalizado de malestar que impera en la población frente a un fenómeno que, con todas sus complejidades, ciertamente genera tensiones y angustias en la población local, las que hasta ahora no han sido debidamente mitigadas ni por esta ni por la anterior administración.

En la oposición leyeron de forma crítica las palabras del mandatario. El diputado RN Andrés Longton, quien integra la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, afirmó que “es tremendamente grave lo que ha dicho el Presidente, pues va camino a incrementar la inseguridad y la irregularidad en nuestro país y torcer el espíritu de la Ley de Migraciones y Extranjería, que se planteaba combatir la irregularidad, propiciando la expulsión y no el perdonazo”.

“Eso es un efecto llamada, ya que el mensaje es ‘ingresa de manera irregular y te regularizamos’, y eso es una alivio para los que se dedican a delinquir, que tienen antecedentes, los que se dedican al narcotráfico; ellos van a saber que tendrán las puertas abiertas en la frontera para entrar de manera irregular. Lo que hace es contraproducente con la lucha contra la delincuencia que él tiene el deber y la obligación de enfrentar con firmeza”, agregó el parlamentario de RN.

Su colega integrante de la misma comisión, el UDI Jorge Alessandri, fue algo más indulgente con el Presidente Boric. “Está cambiando rápido de opinión y eso es legítimo, y uno lo celebra porque es un cambio en la dirección correcta hacia lo que hemos planteado siempre: inmigración ordenada, segura y regular”.

“Él hace mención a un espíritu de un artículo que expulsaba a personas que hayan actuado con violencia. Bueno, cuando era diputado él lo votó en contra, y no sólo eso: lo llevó al TC para no convertirlo en ley. Sería tremendamente peligroso abrirle la puerta a la regularización masiva porque muchas de esas personas que han ingresado al país no ha pasado los filtros mínimos: no sabemos sus identidades, no sabemos si tienen antecedentes penales, si tienen papeles falsos, o si vienen entrando con nombre falso arrancando de alguna orden de detención de otro país”, añadió.

Para Alessandri, la ambigüedad y excesiva lenidad “genera un efecto llamada, pues pone los incentivos incorrectos, los que producen descalabros como los que estamos viviendo”.

“La gente quiere sangre, quiere circo”

Por su parte, el exvocero de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Rodolfo Noriega, fustigó al Gobierno por ceder a las presiones más demagógicas de la oposición en una materia que reditúa políticamente bastante, toda vez que toca fibras sensibles en gran parte de la ciudadanía. De esta manera, Noriega cree que el Gobierno procederá a la expulsión de extranjeros sin documentación. “Si no hay regularización, entonces se tienen que ir. Y si no hay mecanismos de regularización, entonces significa que se les va a expulsar. ¿Esa esa su política y su discurso? Ese es el mismo discurso del gobierno anterior”, señala.

“(Manuel) Monsalve ya lo dijo. Y la gente quiere sangre, quiere circo”, se lamenta Noriega, quien ve más difícil que nunca la posibilidad de regularizar masivamente a los 500 mil extranjeros que se encontraban tramitando sus papeles desde antes de la pandemia, y que no lo lograron por diversas razones, partiendo por la ineficiencia y reticencia del anterior gobierno a proceder en esa dirección. A ese medio millón se suman “entre 200 mil y 300 mil personas que entraron de manera irregular”, lo que da cuenta de un panorama preocupante toda vez que esas personas “no pueden imponer y ayudar a financiar los servicios sociales, que es lo que más desean. Nadie quiere vivir en la irregularidad porque nadie quiere en Chile vivir en la calle, que es lo que tienen que hacer muchos extranjeros que llegan en una grave situación de vulnerabilidad”.

“O sea, estamos hablando de una cantidad de gente que tampoco podrá ser expulsada. Es poco realista. Ni (José Antonio) Kast podría haberlo hecho si ganaba la elección”, sostiene, recordando que “el Presidente Boric nunca tuvo el tema migratorio como una de sus prioridades, y ello se explica quizás porque es de Magallanes, una región que no está expuesta a los altos flujos migratorios”, agrega.

Señala que otra cosa peligrosísima es hablar de mano dura, porque está haciendo una relación directa entre migración o seguridad. «Cuando hablaban de estas 12 personas en Puerto Montt que agredieron a Carabineros, nosotros no sabemos qué pasó ahí. El oficial a cargo no llevaba su cámara go pro. Además, se habla de invocar el artículo que permite expulsar a extranjeros que hayan provocado una grave alteración de la seguridad nacional a partir de un hecho puntual… ¿De verdad que ese grupo de personas pone en riesgo la seguridad nacional? ¿Por qué no muestran todas las imágenes lo que pasó dentro de la casa? Y ahora, a esas 12 personas las van a expulsar sin conocer la evidencia, sin haber puesto en jaque la seguridad nacional”, agregó Noriega, quien acusó racismo ya que se culpa a personas de color de los déficits sociales que agobian a la población.