
Fiscal de Antofagasta confirma solicitud de desafuero de Claudio Orrego por caso ProCultura
Juan Castro Bekios comunicó que la petición será conocida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en una audiencia fijada para el próximo lunes 6 de octubre, y en caso de recursos posteriores, eventualmente también por la Corte Suprema.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó oficialmente la presentación de solicitud de desafuero en contra del actual Gobernador Regional Metropolitano de Santiago, don Claudio Orrego Larraín, en la denominada arista ProCultura del Caso Convenios, donde se investigan presuntos delitos en la suscripción y ejecución de convenios de transferencia de fondos públicos entre el Gobierno Regional Metropolitano (GOREM) y la referida Fundación.
En esa línea, el persecutor comunicó que “la petición será conocida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en una audiencia fijada para el próximo lunes 6 de octubre, y en caso de recursos posteriores, eventualmente también por la Corte Suprema”.
Hecho que se suma al requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) presentado por consejeros regionales de oposición y que busca la destitución de la máxima autoridad de la RM.
Cabe recordar que el origen de la causa está en el convenio adjudicado a la fundación ProCultura, que recibió más de $1.800 millones para proyectos culturales y sociales, de los cuales al menos $1.000 millones no habrían sido rendidos ni devueltos al Gobierno Regional Metropolitano. Esta situación ha generado un duro flanco político y judicial para Orrego, quien ya enfrentaba críticas de consejeros regionales de oposición que incluso presentaron un requerimiento de destitución ante el Tricel.
A lo anterior se suman los hallazgos de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades en el uso de recursos del Gore RM entre enero y septiembre de 2024. El informe del organismo constató gastos que podrían estar vinculados a actividades políticas y a la campaña de reelección de Orrego, además de contrataciones directas sin respaldo normativo. Entre ellos, un pago por más de $31 millones en asesorías y más de $51 millones en compras por trato directo sin justificación legal.