Legislar sin mejorar la calidad: el balance educativo del Gobierno

A pocos meses del fin del Gobierno del presidente Gabriel Boric, el balance legislativo en educación resulta inevitable. Y es que en este período han sido escasas las iniciativas que han logrado transformarse en ley y ninguna ha generado mejoras sustantivas en la calidad del sistema educativo.

El año 2022 pasó sin pena ni gloria, con un Gobierno preocupado y condicionado por el resultado del proceso constituyente. Fue recién en 2023 cuando se presentó una iniciativa relevante: el proyecto que estableció un sistema único de evaluación docente, hoy ley de la República. Si bien era necesario avanzar hacia un sistema unificado, lo que finalmente se hizo fue suprimir el componente evaluativo del sistema, manteniendo únicamente los mecanismos de promoción. Con ello, se perdió un elemento clave para la medición y mejora de la calidad docente en Chile.

Durante 2024 se sumaron nuevos proyectos a la agenda legislativa del Ministerio de Educación. En abril ingresó la modificación al Sistema de Educación Pública, luego del fracaso del primer intento liderado por el exministro Marco Antonio Ávila. Esta modificación, que hasta hoy continúa en discusión en el Congreso es, a mi juicio, la más relevante que le queda al Gobierno en materia educacional y la única que vale la pena impulsar, considerando el complejo escenario de traspasos que aún sigue pendiente.

En junio se presentó el proyecto de convivencia escolar, iniciativa que ha sido objeto de múltiples críticas por parte de diversos actores del mundo educativo, entre ellas, la falta de recursos para contratar profesionales capacitados, la excesiva burocratización y rigidez normativa, lo que sin duda dificultará abordar de manera efectiva los problemas de convivencia al interior de los establecimientos.

En octubre, el Gobierno finalmente presentó el anunciado proyecto que pone “Fin al CAE”, ahora conocido como “FES”. Este nuevo instrumento de financiamiento para la educación superior ha sido ampliamente rechazado y está muy lejos de ser lo que promete. Crea un impuesto a los graduados, quienes deberán pagar hasta un 8 % de sus ingresos por 20 años. Para el sistema de educación superior representa un riesgo significativo, al extender el déficit de la regulación de aranceles a todas las instituciones que adscriban al instrumento y al establecer una dependencia casi total a los recursos del Estado. Para el Fisco también implica un peligro mayor, especialmente en un contexto de estrechez fiscal, al comprometer un gasto de gran magnitud sin retornos ciertos ni sostenibles en el tiempo.

En un intento de contabilidad creativa, el Gobierno quiso pasar el FES como un activo financiero. Sin embargo, tanto el Consejo Fiscal Autónomo como la Contraloría advirtieron que ello no es posible. El FES es gasto fiscal.

El último proyecto ingresado por el Ejecutivo fue el pago de la deuda histórica, presentado en diciembre de 2024. A todos ellos se suman una serie de compromisos asumidos por el Gobierno con el Congreso, como el de modificar el Sistema de Admisión Escolar y la denominada “demanda insatisfecha”, sin embargo, no avanzaron más allá de su primer trámite constitucional.

Como se puede advertir, ninguna de estas iniciativas ha tenido un impacto significativo en mejorar la calidad de la educación. Algunas de las preguntas que quedan son; si el Ejecutivo logrará sacar adelante las modificaciones a la educación pública —el proyecto más relevante que le resta— y si insistirá en sostener el FES como emblema de su Gobierno, pese a sus evidentes falencias.