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Antes del repliegue: cuando Chile convirtió el crecimiento en derechos Opinión

Antes del repliegue: cuando Chile convirtió el crecimiento en derechos

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Pablo Acchiardi Lagos
Por : Pablo Acchiardi Lagos Lic. en Historia y Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos
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Quienes nos reconocemos en la tradición socialdemócrata no podemos limitarnos a la resistencia pasiva; debemos reconstruir una propuesta que combine crecimiento, modernización institucional y cohesión social.


Este 11 de marzo no marca solo un cambio de gobierno; señala también un giro en la dirección que el país comienza a transitar. Cada cambio presidencial es una alternancia institucional. Pero no todos representan el mismo horizonte cultural. Hay momentos en que un país amplía sus libertades, fortalece su democracia y se proyecta con confianza hacia el mundo; y hay otros en que opta por el repliegue, la sospecha y la restauración de certezas antiguas.

Vale la pena recordar que hace apenas dos décadas Chile atravesaba uno de esos ciclos de expansión democrática. El 11 de marzo de 2006 culminaba el gobierno de Ricardo Lagos, con niveles de aprobación que superaban el 70%, cerrando un periodo que no solo consolidó instituciones, sino que redefinió el tono moral y político del país.

El gobierno del Presidente Lagos representó, ante todo, el paso de Chile hacia una adultez democrática. Mientras los lustros previos se caracterizaron por un cauteloso silencio, Lagos lideró el paso desde una cultura de la transición hacia una cultura de la verdad y los derechos humanos. Al oficializar el reconocimiento de la tortura a través del Informe Valech y eliminar los últimos vestigios de la censura cinematográfica, su gestión derribó los muros de un Chile retraído y temeroso. La aprobación de la Ley de Divorcio y la abolición de la pena de muerte no fueron meros (y de suyo complejos) trámites legislativos, sino actos de modernización que permitieron a la sociedad chilena sacudirse el conservadurismo institucional y abrazar una autonomía y autoridad civil acorde al siglo XXI.

También hubo una comprensión de la cultura como dimensión del desarrollo y no como adorno. La creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes institucionalizó una política pública que amplió el acceso y descentralizó apoyos, reconociendo que el desarrollo no se mide solo en cifras, sino también en la posibilidad de participar en la vida cultural del país. La declaración del casco histórico de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad reforzó además la idea de que el desarrollo no se agota en Santiago ni en los indicadores económicos, sino que también se expresa en la protección y proyección del patrimonio territorial. No fue una agenda ornamental, sino parte de un proyecto de modernización que integró identidad, descentralización y crecimiento.

En el plano internacional, el gobierno de Lagos entendió que la modernización también exigía inserción inteligente. La firma del TLC con Estados Unidos no fue un acto de subordinación, sino parte de una estrategia más amplia de diversificación que incluyó acuerdos con la Unión Europea, Corea del Sur y China, consolidando una vocación de “Chile Global” basada en autonomía y pragmatismo. En un presente marcado por amenazas arancelarias y por decisiones unilaterales que buscan presionar políticamente a países soberanos —como la reciente sanción migratoria a funcionarios chilenos—, esa apuesta por la diversificación y el respeto mutuo adquiere especial relevancia. Gracias a esa arquitectura de apertura múltiple, Chile no quedó atado a una sola dependencia ni obligado a elegir entre
lealtades excluyentes: pudo relacionarse con el mundo desde la dignidad republicana y no desde la subordinación.

Algunos sostendrán que aquel ciclo fue la consolidación administrada de un modelo heredado; que sus avances fueron relevantes pero insuficientes, y que no alteró de manera estructural las bases de la desigualdad. Es una crítica atendible, sin duda. Pero ningún gobierno resuelve en seis años las tensiones acumuladas de una transición compleja. Sin embargo, reducir ese periodo a mera continuidad ignora algo decisivo: fue bajo ese liderazgo que se desmontaron enclaves autoritarios, se ampliaron derechos civiles largamente postergados, se redujo la desigualdad con políticas focalizadas y se diversificó estratégicamente nuestra inserción internacional. No fue la ruptura refundacional que algunos reclamaban, pero sí una inflexión moral e institucional que cambió el tono del país.

Y en política cambiar el tono de una época no es menor: es abrir un horizonte. Éramos una sociedad que empezaba a demostrar que el crecimiento y la equidad no eran incompatibles. El coeficiente Gini descendía de manera sostenida mientras el PIB crecía con dinamismo, configurando la mejor relación entre ambos indicadores desde el retorno a la
democracia hasta hoy. Pero esa convergencia no fue accidental: tuvo expresión concreta en reformas estructurales como el Plan AUGE, que transformó el acceso a la salud al garantizar cobertura explícita, plazos y protección financiera para patologías prioritarias, reduciendo brechas que durante décadas habían dependido del ingreso y no del derecho. No fue retórica redistributiva: fue política pública efectiva.

En esa misma línea Chile Solidario puso el foco en quienes quedaban incluso fuera de las estadísticas, articulando acompañamiento y exigencia en lugar de mera transferencia. Y programas como “Sonrisa de Mujer” mostraron que la transformación social no siempre requiere grandes consignas ni arquitecturas discursivas complejas: a veces basta una intervención concreta y bien diseñada para que miles de mujeres recuperaran la seguridad de mostrarse sin vergüenza. Modernizar no era declamar; era producir resultados. Y esa combinación —crecimiento con reducción efectiva de desigualdad, institucionalidad con sensibilidad social— es la que hoy debemos volver a exigirnos.

Precisamente por eso es duro el contraste con el ciclo político que hoy comienza. Quienes nos reconocemos en la tradición socialdemócrata no podemos limitarnos a la resistencia pasiva; debemos reconstruir una propuesta que combine crecimiento, modernización institucional y cohesión social. Una propuesta donde el éxito individual no sea sospechoso, pero sí exigente: legítimo solo cuando amplía las oportunidades colectivas; aceptable solo cuando las diferencias que genera fortalecen a quienes parten en peor posición y cuando los espacios para alcanzarlo están abiertos a todos bajo reglas justas. Como nos enseñó Rawls, esa es la vara mínima de cualquier concepción seria de justicia.

No miramos esos años con melancolía, sino con responsabilidad. Porque sabemos que el país que hoy parece desdibujarse fue real: un Chile que reducía desigualdades mientras crecía, que ampliaba derechos sin pedir permiso, que comerciaba con el mundo sin arrodillarse ante nadie. Si alguna vez fuimos capaces de eso, no estamos condenados al retroceso. Estamos llamados a volver a estar a la altura.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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