La ciencia no se gestiona sola

En cada elección presidencial reaparece la misma pregunta: ¿qué lugar tendrá la ciencia en los programas de gobierno? Las respuestas, cuando existen, suelen orbitar en torno a lo de siempre: más financiamiento para la investigación, mejoras en la carrera científica, fomento del capital humano avanzado, o fortalecimiento de la cooperación internacional. Todo eso importa, sin duda. Pero hay una dimensión fundamental que sigue sistemáticamente ausente del debate: la gestión del conocimiento.

La ciencia, por más rigurosa o innovadora que sea, no se transforma automáticamente en política pública, en soluciones concretas o en herramientas para la toma de decisiones. Entre quienes producen conocimiento y quienes lo necesitan —el Estado, la industria, los territorios— existe un espacio intermedio, difuso, pero crucial: la interfaz entre ciencia y política. Es en este territorio donde se traducen lenguajes, se construyen confianzas, se identifican ventanas de oportunidad y se negocian sentidos. Y ese territorio, en Chile,  carece de institucionalidad, financiamiento y una política pública que lo respalde.

Investigaciones recientes sobre este tema muestran con claridad que el vínculo entre el conocimiento académico y las decisiones públicas sigue dependiendo de la voluntad personal de académicas y académicos. Por compromiso ético, trayectoria o convicción, deciden involucrarse en ese espacio, pero lo hacen sin estructuras que los acompañen, sin incentivos para sostener su trabajo, y muchas veces enfrentando resistencia en sus propias universidades. En lugar de una estrategia institucional deliberada, lo que existe es una suma de esfuerzos individuales: iniciativas parciales, acciones aisladas, “bichos raros” que se mueven entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno.

Mientras tanto, el sector público carece de equipos especializados, capacidades instaladas y presupuestos para gestionar de forma sistemática ese vínculo. Lo que debería ser una función estratégica —la circulación del conocimiento hacia el centro de las decisiones públicas— se realiza hoy de forma precaria, fragmentada y, en la mayoría de los casos, sostenida únicamente por la buena voluntad.

No se trata solo de un vacío técnico, sino de un déficit político. Porque cuando el conocimiento no logra llegar a quienes toman decisiones, lo que se debilita no es solo la ciencia: es la democracia. Sin conocimiento disponible, traducido y contextualizado, este queda más frágil y vulnerable a la desinformación, al cortoplacismo y al cálculo electoral. Esto es especialmente grave en un contexto de multicrisis y aceleración, donde las decisiones deben responder a problemas complejos, interdependientes y urgentes.

Los hallazgos en este campo demuestran que gestionar conocimiento no es una tarea secundaria ni marginal. Requiere estructuras permanentes, profesionales formados, tiempos institucionales, metodologías de intermediación, normas éticas, estrategias de vinculación, seguimiento, evaluación. Es decir, requiere de una política pública propia. Lo que hoy existe —cuando existe— es apenas un conjunto de proyectos, convenios u oficinas precarias. 

En este escenario, no basta con prometer más recursos para hacer ciencia. Lo urgente es crear condiciones para que ese conocimiento pueda circular, incidir, transformar. Es decir, dejar de pensar la ciencia solo como un insumo y comenzar a tratarla como un actor en movimiento.

En los debates presidenciales, hablar de ciencia no puede ser sinónimo de referirse únicamente a laboratorios, papers o innovación tecnológica. También debemos hablar de mecanismos de interfaz, estructuras para la gestión del conocimiento, equipos mixtos capaces de traducir evidencia en acción pública y políticas que reconozcan —y remuneren— esa función crítica. Mientras eso no ocurra, seguiremos dependiendo de actos individuales de compromiso y vocación. Y la transformación del país,  así como la anticipación a las problemáticas futuras, seguirá esperando.