Septiembre: memoria y prevención para el nunca más
Señor director:
A 52 años del golpe de Estado de 1973, la memoria histórica nos recuerda que las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos no surgen de improviso. Son la consecuencia de procesos en los que la violencia política e institucional se normaliza, se instala en la vida cotidiana y, poco a poco, deja de ser cuestionada. Por eso, una democracia madura no puede limitarse a condenar los hechos consumados; debe desarrollar herramientas para identificar esas señales tempranas de riesgo que, si no se atienden, pueden abrir la puerta a nuevas formas de abuso.
En este sentido, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) —integrado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura, de conformidad con la Ley 21.154— tiene un mandato claro: visitar lugares de privación de libertad, realizar entrevistas, levantar alertas, formular recomendaciones y proponer cambios normativos al Estado. Su objetivo no es solo constatar condiciones inadecuadas, sino prevenir que cualquier forma de violencia institucional pueda arraigarse y vulnerar la dignidad humana.
La reflexión del pensador Tzvetan Todorov resulta especialmente pertinente: “Recordar el mal sufrido no sirve para impedir su repetición, pero sí para prevenir su reproducción bajo nuevas formas”. La memoria, entonces, no es un ejercicio nostálgico ni un gesto retórico: es una herramienta política y ética para fortalecer la democracia. Permite reconocer que las condiciones que condujeron a la violencia extrema del pasado pueden presentarse de manera distinta en el presente, y que es deber del Estado anticiparse antes de que sea demasiado tarde.
La institucionalidad de derechos humanos del Estado de Chile (INDH-CPT) encarna ese compromiso. Sus visitas sin previo aviso, sus recomendaciones técnicas y su independencia funcional existen para mantener abiertos los ojos de la institucionalidad democrática. La memoria histórica nos convoca, por tanto, a no conformarnos con conmemorar cada septiembre, sino a reforzar las capacidades preventivas del Estado para que ninguna forma de violencia institucional —ni abierta ni encubierta— pueda normalizarse en Chile.
Daniel Soto Muñoz,
Comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile
