¿Quién revisa al revisor?

Señor director:

No sólo es un incidente comunicacional lo ocurrido el pasado 10 de febrero en la Municipalidad de Concepción. Durante el anuncio de la decisión de clausura de una exposición, el cierre de un espacio y la apertura de un sumario, el administrador municipal dijo ante la prensa: “Van a apagar cámaras. Todo lo que se grabó de aquí hacia atrás no tiene que ser conocido”.

No podemos olvidar que esa frase, secundaria al fragor de la polémica fácil generada en el momento, fue pronunciada en un espacio público. Lo hizo en ejercicio de una función oficial y frente a medios convocados.

Como periodista, lo que me alerta es lo que esa frase expresa: el eco de la palabra “apagón” en nuestro país impacta significativamente. Hoy, en lo que aún creemos democracia, el poder no decide qué se conoce y qué no. La información de actos públicos pertenece al espacio público y, desde el punto de vista legal, la libertad de informar y de recibir información es un derecho fundamental de rango constitucional (art. 19 N° 12), reconocido también como derecho humano en el sistema internacional, y está protegido por la Ley 19.733 y por el deber de probidad que rige a los funcionarios municipales (Ley 18.883). No es un recurso administrable ni una concesión discrecional.

Que los registros finalmente circulan no elimina el problema de fondo. Lo importante es la idea que subyace: que puede existir una frontera entre lo que ocurre y lo que debe saberse, definida desde la autoridad, como si fuera un recurso administrable o una concesión discrecional. Las democracias no se erosionan únicamente por grandes quiebres institucionales; también son gestos como el del administrador municipal de la ciudad que normalizan la opacidad. La pregunta, entonces, es simple: ¿quién revisa al revisor?

Alejandra Villarroel Sánchez
Periodista