Trabajar para vivir, no vivir para trabajar

Desde hace algunas semanas se habla en Chile del movimiento social francés más importante en 50 años. Se trata de una reforma de pensiones que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, y que los franceses rechazan mayoritariamente (70%). El sábado pasado, Elisa Cabezón, directora de Evidencias de Pivotes, defendió esta reforma como necesaria, aunque reconociéndola impopular. Pero considerar la extensión del tiempo de trabajo, sea en Chile o en Francia, como la mejor, si no la única, opción posible para mantener un sistema de pensiones, oculta las injusticias sociales subyacentes, sin considerar que otras soluciones son posibles.

Esta reforma es injustificada, porque el sistema de pensiones no está realmente en peligro, tal como indica claramente el informe del Conseil d’Orientation des Retraites (COR). Por el contrario, la participación del gasto público de pensiones en el PIB se mantendrá estable o descendiendo hasta 2070 a pesar del envejecimiento de la población. Esto se debe a la caída del nivel de vida de los jubilados en comparación con los trabajadores, como resultado de las reformas pasadas (que es lo que constituye el gran problema del sistema actual). De este modo, la situación financiera del sistema de pensiones no justifica esta reforma, los déficits mínimos y cíclicos del sistema a mediano y largo plazo podrían compensarse con fondos de reserva para pensiones de reparto o aumentando las cotizaciones (opción a la que se oponen el presidente francés Emmanuel Macron, así como la patronal francesa), mejorando el empleo y los salarios o, bien, con la supresión de las exenciones de las contribuciones. En España, de hecho, el Gobierno ha decidido aumentar la cotización de los trabajadores más ricos, como una forma de financiar las pensiones de los más pobres.

En cuanto al caso francés es necesario, además, subrayar la forma antidemocrática en que se lleva a cabo esta reforma. No basta con utilizar las palabras “diálogo”, “consulta”, “apertura”, para actuar de manera democrática. Todos los sindicatos de trabajadores, desde los más radicales hasta los más reformistas, reunidos en la intersindical, subrayan el desprecio del Gobierno y la “verdadera negación de la democracia” en acción, que ha elegido “acentuar la crisis democrática y social”. El presidente de la República y el Gobierno han optado por aprobar una ley de presupuesto (y no una ley ordinaria, como debería ser) de “modificación al financiamiento de la seguridad social”, lo que permite reducir los tiempos de debate y utilizar procedimientos parlamentarios acelerados. Al integrar medidas no presupuestarias, esta ley podría ser impugnada por el Consejo Constitucional francés. Además, utilizaron diferentes artículos de la Constitución francesa (el 47-1, el 44-3 y el famoso 49-3) para imponer su agenda legislativa, sabiendo muy bien que el 49-3, en especial, provocaría la ira popular y un resurgimiento de la movilización. Pero está apostando a que tendrá éxito en hacer cumplir su reforma contra viento y marea. Una reforma que tendrá un fuerte impacto en la vida de los franceses, especialmente de aquellos que comenzaron a trabajar temprano y de las clases trabajadoras, debe ser debatida y votada en condiciones genuinamente democráticas.

En su columna, Elisa Cabezón hace una pregunta esencial: “¿Por qué Emmanuel Macron insiste en esta impopular medida?”. En su opinión, el presidente francés está actuando con valentía, por una necesaria reforma e impostergable. En realidad, Macron no está llevando a cabo una reforma de las pensiones por el bien común de los franceses. Más bien, lo que pretende es, sobre todo, hacer valer su autoridad, complacer al electorado de derecha, tranquilizar a los mercados financieros con la liberalización de la economía francesa y, en especial, reducir el gasto público para tranquilizar a la Comisión Europea.

Es cierto que, en promedio, los franceses viven más, y eso es una buena noticia. Pero retrasar la edad legal de jubilación a los 64 años es una medida especialmente injusta porque acrecienta las ya grandes desigualdades en la esperanza de vida según el nivel socioeconómico. Por ejemplo, en 2021 en Francia, los hombres con un “diploma de educación superior” viven en promedio 7,5 años más que aquellos sin ningún diploma (+4,2 años para las mujeres). Además, los ejecutivos hombres viven en promedio 6,4 años más que los trabajadores manuales (3,2 años para las mujeres). Así, esta reforma golpeará duramente a las clases trabajadoras que tienen una menor esperanza de vida y que comenzaron a trabajar. Prolongará el período precario de muchas personas mayores que luchan por encontrar un trabajo antes de jubilarse y reforzará las desigualdades de género.

Por último, hay que distinguir entre “esperanza de vida” y “esperanza de vida sana”, es decir, el número de años que una persona puede esperar vivir sin sufrir una discapacidad que limite su actividad en la vida diaria. El economista Michael Zemmour recuerda que cada vez que alargamos la duración de la actividad, que atrasamos la edad de jubilación, reducimos el tiempo de jubilación con buena salud. Es cierto que vivimos más, pero si trabajamos más, eso significa que tendremos un tiempo de jubilación mucho más corto en plena salud. Con la jubilación a los 64 años, una mayor proporción de jubilados sufrirá discapacidades físicas (hoy entre un cuarto y un tercio de los trabajadores), limitando sus posibilidades de acceso a una nueva edad plena de vida.

En este contexto, ampliar la edad de retiro equivale a hacer de la jubilación una antesala de la muerte, en lugar de una nueva era de la vida. Aquí ciertamente radica una profunda divergencia en cuanto a la forma de concebir la vida humana, así como la vida en sociedad: una vida de trabajo merece una jubilación digna.