Más allá de la judicialización: reflexiones en torno a la “Ley Karin”

Sin lugar a duda, legislar en torno al acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo es un avance sustantivo a nivel nacional. La discusión social y las reflexiones que este tema ha puesto sobre la mesa expresan un impulso positivo en materia de derechos y, especialmente, de mayor conciencia sobre las violencias que se ejercen en el ámbito laboral, que de forma sistemática vivimos las mujeres y diversidades sexogenéricas.

Ahora bien, la reciente promulgación de la Ley 21.643, sobre el acoso sexual y laboral, conocida como “Ley Karin”, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, es una muestra de cómo se avanza en esta materia.

El nombre de esta ley es en reconocimiento de Karin Salgado, quien se quitó la vida producto del acoso laboral que vivió en el Hospital Herminda Martín de Chillán, donde trabajaba. En Chile, la normalización de la violencia, el acoso laboral y sexual ha generado un entorno en el que conductas abusivas y denigrantes se perciben como parte del día a día en muchas organizaciones.

Las repercusiones de estas violencias son amplias: disminución del bienestar emocional y psicológico de las víctimas, lo que se manifiesta en ansiedad, depresión y/o baja autoestima, afectando su desempeño laboral y su calidad de vida. Esta normalización se arraiga en una cultura laboral que, históricamente, ha minimizado o ignorado las quejas de las víctimas, favoreciendo la impunidad de los agresores.

La falta de políticas claras y efectivas para prevenir y sancionar estas conductas contribuye a que las víctimas sientan miedo o desconfianza para denunciar, perpetuando un ciclo de silencio y aceptación implícita. Esta dinámica no solo afecta la salud mental y física de los trabajadores y las trabajadoras, sino que también deteriora el ambiente laboral, erosionando la cohesión y la confianza entre colegas.

A nivel estructural, la normalización de la violencia y el acoso laboral se ve exacerbada por la desigualdad de poder y la falta de representación efectiva de los trabajadores y las trabajadoras en la toma de decisiones.

Las prácticas autoritarias y jerárquicas, comunes en muchas instituciones chilenas, dificultan la denuncia y el tratamiento adecuado de los casos de acoso. Esta situación se agrava en sectores con baja sindicalización y escasa regulación, donde los trabajadores y las trabajadoras tienen menos recursos y apoyo para defender sus derechos.

La persistencia de estas condiciones no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también socava la eficiencia y la competitividad de las organizaciones, al desincentivar la colaboración y la innovación en el lugar de trabajo.

Ahora, volviendo a la “Ley Karin” y considerando las críticas que hacen voces expertas en la materia, el riesgo de judicialización es altamente probable. Es importante sancionar conductas y acciones de acoso sexual y laboral, y también es igualmente importante erradicar la cultura que genera esa violencia; es decir, la subjetividad patriarcal.

Si hacemos la analogía con la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, si bien ha traído cambios importantes (como, por ejemplo, la creación de direcciones de género), ello ha generado un aumento significativo de sumarios administrativos.

No criticamos la denuncia ni la desincentivamos, al contrario, pero lamentablemente esta ley no ha permitido avanzar en transversalizar la perspectiva de género en todas sus dimensiones, ni tampoco ha permitido eliminar la cultura patriarcal, las desigualdades estructurales y la violencia simbólica que enfrentan mujeres y diversidades sexogenéricas.

Entonces, los desafíos que ahora nos convocan dicen relación con cómo la sola promulgación de una ley podrá transformar subjetividades históricamente instaladas para erradicar prácticas normalizadas de violencia y acoso. Como en todas las instancias que reflejan las desigualdades de poder, será necesario un cambio profundo, tanto de quienes operan en la justicia, como de quienes detentan roles de autoridades dentro de las organizaciones.

Para ello, la perspectiva feminista, la formación en género y derechos humanos tendrán nuevamente un papel fundamental. De ahí la relevancia de integrar estas perspectivas en todos los espacios de formación, incluidas las instituciones de educación superior y su papel en la formación profesional.