¿Quién vigila a los vigilantes?

Distintos hechos de la coyuntura nacional, exdirector del SII incluido, han hecho renacer la pregunta: ¿quién vigila a nuestros vigilantes? ¿Dependemos solo de su ética y moral de funcionarios públicos?

Si bien el significado original es muy diferente a como se usa hoy y escapa a nuestro contexto cultural, sigue siendo vigente en una sociedad cruzada por intereses de distinto tipo  y su relación con el poder, pues la expresión latina Quis custodiet ipsos custodes es entendida como “¿Quién vigilará a los vigilantes?”, “¿Quién guardará a los guardianes” y otras similares.

Es una pregunta legítima, que plantea el cómo se puede controlar a aquellos que tienen el poder de controlar a otros. Esta idea se remonta a la Antigüedad y sigue siendo relevante en la actualidad, en relación con el control del poder político y la corrupción. En un contexto más amplio, la pregunta “¿Quién vigila a los vigilantes?” se refiere a la necesidad de mecanismos de control y rendición de cuentas para aquellos que ostentan posiciones de autoridad.

Hoy, en las democracias, esto se logra a través de instituciones como la separación de poderes, el Estado de derecho, mecanismos sistematizados de control interno  y la participación ciudadana.

En las democracias, la separación de poderes entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial es un elemento central en esta tarea ineludible de control. Es también clave la función y desarrollo de una prensa libre, que cuestione e interrogue al poder. Por estas mismas razones, suelen ser los primeros en ser criticados y atacados, cuando no censurados o intervenidos directamente.

En gobiernos autoritarios las críticas y la vigilancia ciudadana no son bien recibidas –apenas toleradas– y suelen ser catalogadas como antipatriotas y otros calificativos de ese tono. No hay que mirar muy lejos para constatar lo señalado. La prensa libre y los medios de comunicación independientes pueden ser un importante contrapoder, investigando y denunciando casos de corrupción o abuso de poder por parte de las autoridades.

La participación ciudadana, a través del voto (incluso la protesta pacífica) y otras formas de participación política pueden ayudar a responsabilizar a los líderes políticos y a exigir transparencia y rendición de cuentas. Las ONG, los grupos de defensa de los derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil, con sus propias misiones u objetivos, pueden actuar como observadores y defensores de los derechos de los ciudadanos en determinadas áreas (lo ambiental es un ejemplo claro de esto), colaborando en fiscalizar y  responsabilizar a las autoridades cuando corresponda.

El desarrollo de oficinas propias –por ejemplo– de ética y  órganos de control interno en las administraciones públicas pueden ayudar a prevenir y detectar la corrupción y el abuso de poder dentro de las instituciones. Auditorías serias y formales, tanto externas como internas, claramente ayudarían a cuidar que los fondos públicos –la plata de todos– se utilicen de manera eficiente y transparente.

No es necesario ser mal pensado para interesarse en este tema, ni  mirar con atención solo a gobiernos que sean de otro bando. Por el contrario, es una pregunta cada vez más legítima y que debiera obligar a cada funcionario con algún grado de poder a responder por sí, ante sí y principalmente frente a la ciudadanía. No corresponden aquí lavados de imagen por “buen comportamiento anterior”, como suelen decir los tribunales de justicia en decisiones que muchas veces sorprenden. También parece evidente que, a mayor poder, esta obligación ética crece exponencialmente.

Dada la naturaleza humana y su fuerza histórica, parece ineludible la importancia del control ético y mutuo (no al estilo 1984, por cierto) y la necesidad de sistemas de control y rendición de cuentas para garantizar que aquellos en posiciones de poder actúen de manera ética y responsable. Y, por cierto, volviendo a Roma, “la mujer del César…”.