Salud mental en el trabajo: un derecho que debemos garantizar

En los últimos años, la salud mental ha dejado de ser un tema marginal en los espacios laborales para convertirse en una prioridad ineludible. Cada vez más personas que trabajan enfrentan jornadas extenuantes, ambientes hostiles o carencias estructurales que afectan directamente su bienestar. Y no es solo una percepción, sino que es una realidad respaldada por cifras. 

Según el Informe 2024 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), las enfermedades profesionales de origen psíquico representan el 72% del total de enfermedades profesionales calificadas (sin considerar COVID-19), lo que implica un aumento de ocho puntos porcentuales respecto a 2022. Le siguen las enfermedades musculoesqueléticas, que solo alcanzan un 16%. Esta diferencia no solo es significativa, sino que apunta a una urgencia estructural: las malas condiciones laborales enferman. 

A este dato se suma que un 13% de los casos calificados como enfermedades laborales en 2024 están vinculados a situaciones de acoso o maltrato, reconocidas bajo la Ley Karin. No estamos frente a un problema invisible, sino ante una realidad concreta que debe abordarse desde el derecho y la dignidad humana, no como una “sensación” ni menos como un asunto individual. 

Consciente de que la salud mental se ve profundamente afectada por las condiciones cotidianas del trabajo, destacamos la aplicación del Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral y Salud Mental (CEAL-SM), instrumento diseñado por la SUSESO y que en 2024 fue respondido por más de 1 millón de personas. Sus resultados son preocupantes: 1 de cada 5 centros laborales evaluados presenta condiciones no óptimas para la salud mental. 

Cabe señalar que este instrumento aún no es obligatorio para todas las entidades empleadoras. Sin embargo, su implementación voluntaria –como buena práctica– puede marcar una diferencia sustantiva en la forma en que las organizaciones identifican y enfrentan los riesgos psicosociales. 

Crear espacios laborales saludables no es solo una buena intención: es un deber legal y ético. Implica contar con políticas institucionales claras, con canales de denuncia eficaces, con procesos formativos que promuevan el buen trato y con una gestión que ponga en el centro a las personas. 

La salud laboral no puede depender del tamaño de la empresa ni del rubro económico. Porque un país que asegura condiciones dignas de trabajo es un país que garantiza un derecho humano fundamental: vivir y trabajar con salud, protección y respeto.