Una reflexión a propósito de la PGU para las víctimas de la dictadura

Este mes de septiembre marca un hito en materia de políticas de reparación por violaciones a los derechos humanos en Chile. Lamentablemente, no se trata de un avance en el reconocimiento ni en la integralidad de la reparación, sino de la corrección de un retroceso y una injusticia histórica. Me refiero al acceso de las primeras víctimas de la dictadura a la Pensión Garantizada Universal (PGU), anteriormente conocida como Pilar Solidario, de la que, previo a la reforma de pensiones, se encontraban excluidas.

La reparación de las violaciones a los derechos humanos, al igual que la indemnización civil, busca resarcir un daño sufrido injustamente, en este caso, el atentado contra la vida y la dignidad humana. Es un derecho para quien la recibe (la víctima) y una obligación para quien la otorga (el Estado). Sin embargo, desde finales de los 2000, el Estado chileno comenzó a tratar la reparación como un acto de beneficencia, restringiendo así la condición de ciudadanía de las víctimas.

En un breve repaso histórico, podemos decir que la política pública de reparación por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura se configuró entre los años 90 y los 2000.

Destacan en ese periodo la dictación de la Ley 19.123 de 1992, que reconoció como víctimas acreedoras de reparación solo a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos; la Ley 19.992 de 2004, que reconoció a las víctimas sobrevivientes calificadas de prisión política y tortura y dispuso su reparación; la Ley 19.980 del mismo año, que eliminó distinciones entre hijos, mejoró las pensiones de reparación, y elevó a rango legal al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais); y la Ley 20.405 del 2009, que además de crear al INDH en sus disposiciones transitorias, dispuso una nueva instancia de calificación y reconoció a las viudas de las víctimas de prisión politica y tortura.

Así conformado, este sistema legal de reparación otorgó a las víctimas calificadas pensiones pecuniarias, oportunidades educacionales y atenciones de salud, entre otras prestaciones sociales

Aunque limitadas en su alcance e integralidad, cada una de estas medidas –logradas por la activa movilización de organizaciones de víctimas y sobrevivientes– representó un avance significativo del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Sin embargo, con el tiempo, el sistema fue desnaturalizado tanto jurídica como simbólicamente.

Primero, en la reforma de pensiones de 2008, se excluyó explícita y conscientemente del recientemente creado Pilar Solidario a las víctimas de la dictadura, equiparándolas con quienes recibían pensiones de gracia por mera beneficencia estatal, a pesar de cumplir con todos los demás requisitos legales.

Luego, mediante normas técnicas del Registro Social de Hogares, se les excluyó de instrumentos de focalización del gasto social como el Bono Marzo, el Bono Invierno, la asignación por hijo y, quizás el más doloroso para las víctimas sobrevivientes, la asignación por muerte. En esta lógica la reparación recibida era suficiente renta.

El último hito significativo fue en 2022, con la creación de la PGU. Las víctimas de la dictadura fueron excluidas de esta pensión “universal”, a pesar de cumplir con los requisitos de edad y nivel socioeconómico.

A través de esta sucesión de medidas restrictivas, el Estado borró con el codo lo que escribió con la mano en las páginas de la justicia transicional chilena. Por un lado, se redujo materialmente la reparación al excluir a las víctimas de otras prestaciones sociales, lo que provocó que, para muchas personas mayores de 65 años, ser “reparadas” las colocara en una situación económica peor que la de un ciudadano común.

Pero lo más grave es que el Estado les restringió su ciudadanía. Aquellas personas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas o que perdieron a sus seres queridos por acción del Estado, pasaron a tener menos derechos que el resto. El mensaje fue claro: al recibir esta “reparación” –concebida como un “beneficio” otorgado por buena voluntad– las víctimas debían estar agradecidas y perdían el derecho a exigir y reclamar al Estado.

Cualquier otra prestación a la que todas y todos tenemos derecho por el solo hecho de ser ciudadanos y cumplir con los requisitos legales, les fue vetada.

La deuda del Estado con las víctimas es inmensa, histórica y permanente. Estamos lejos de cumplir con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional. En materia de justicia, reparación, verdad, memoria y garantías de no repetición queda mucho por recorrer. Aún pesan sobre nosotros 50 años de silencio sobre los archivos Valech, y numerosas víctimas han quedado sin reconocimiento por la falta de una instancia permanente de calificación.

Sin embargo, aunque llega tarde, con el acceso progresivo a la PGU que ha comenzado y la eliminación de la discriminación en el Registro Social de Hogares concretada en septiembre de 2023, este Gobierno ha dado un paso significativo hacia la justa reparación. No solo se mejorarán las condiciones materiales de vida de un sector de la población al que el Estado le debe mucho, sino que se les ha restituido una condición básica pero esencial: la ciudadanía plena, con iguales derechos que el resto.