Bolivia: del milagro gasífero a la encrucijada macroeconómica

El primer gobierno de Evo Morales (2006-2009), liderado por el MAS (Movimiento al Socialismo) se definió como indigenista y refundacional, al priorizar el reconocimiento político de los pueblos originarios. También tuvo una impronta desarrollista, al nacionalizar los hidrocarburos y expandir el rol del Estado en la economía.

Así, en el plano económico, Evo Morales impulsó la nacionalización de los hidrocarburos (2006). Desde ese momento, YPFB pasó a concentrar gran parte de la renta generada por el gas, lo que permitió al Estado aumentar de manera significativa sus ingresos fiscales, favorecidos además por el alza de los precios internacionales de la energía. En pocos años, la recaudación creció de forma acelerada y posibilitó la creación de un amplio sistema de transferencias sociales y subsidios a alimentos y combustibles.

El impacto distributivo fue notable: entre 2005 y 2018 la pobreza extrema se redujo del 38% al 15% y más de dos millones de bolivianos lograron salir de la pobreza. La desigualdad también disminuyó (mejoró el índice de Gini) y se amplió la clase media.

Este desempeño fue incluso reconocido por el FMI, que en diversos informes resaltó la solidez de los indicadores macroeconómicos: crecimiento estable cercano al 5% anual, baja inflación, acumulación de reservas y mayor confianza en la moneda local. Bolivia se convirtió en un referente regional sobre cómo recuperar soberanía sobre los recursos naturales y, al mismo tiempo, mejorar la equidad social.

No obstante, la etapa posterior mostró un panorama más complejo. Desde 2014, la caída de los precios internacionales y el agotamiento de algunos yacimientos clave provocaron una fuerte disminución en los ingresos por exportaciones. Ante ello, el gobierno del MAS optó por mantener artificialmente la estabilidad cambiaria y sostener subsidios, con crecientes tensiones fiscales. El tipo de cambio se mantuvo fijo en casi 7 bolivianos por dólar por más de una década, siendo el ancla nominal para contener la inflación. Pero mantener esa paridad exigió usar crecientemente las reservas internacionales, que pasaron de un máximo de 15 mil millones de dólares (un altísimo ratio de reservas del 46% del PIB) a niveles exiguos en 2023.

Al mismo tiempo, el gasto público se expandió de manera persistente para amortiguar la desaceleración económica. Esto implicó déficits fiscales crecientes, financiados con deuda y con emisión monetaria del Banco Central. Si durante la bonanza Bolivia se había distinguido por su prudencia, en los últimos años el país enfrentó déficit fiscales (con una deuda pública que superó el 70% del PIB) y déficits externos que mermaron la credibilidad del modelo socio-económico del MAS.

La gran apuesta del MAS para diversificar la economía tampoco arrojó los resultados esperados. En el gas, la industrialización no se materializó en la escala deseable: ni la planta de GTL (gas para combustible) ni los planes petroquímicos lograron los encadenamientos productivos de modo de dar sustentabilidad al esfuerzo industrial acometido. En el litio, pese a contar con los mayores recursos del mundo, Bolivia no consigue destacarse a nivel global.

Los intentos de mantener el control estatal total sobre la cadena retrasaron la inversión, y recién en 2023-2024 se firmaron acuerdos con consorcios chinos y rusos bajo un modelo mixto. Sin embargo, la producción aún es incipiente y las comunidades locales desconfían de la distribución de las ganancias. Más allá de la retórica de “industrialización con soberanía”, la realidad es que el país no ha logrado un upgrading industrial significativo: la matriz productiva sigue siendo primario-exportadora, dependiente de hidrocarburos y minería.

En cuanto a la macroeconomía, hoy Bolivia enfrenta presiones inflacionarias que antes había administrado adecuadamente. En 2022 todavía exhibía la inflación más baja de la región (1,7%), pero en 2024-2025 la situación cambió radicalmente: la escasez de dólares, la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo, y el contrabando de combustibles y alimentos (por una moneda domestica apreciada artificialmente) llevaron la inflación a dos dígitos, con especial impacto en los alimentos. El MAS, que durante años se había erguido como el campeón en la lucha contra la inflación, se encontró lidiando con un fenómeno que golpeaba directamente a las familias más pobres.

El balance es ambivalente y con un final no feliz. El MAS impulsó un prolongado ciclo de inclusión social, con una reducción inédita de la pobreza y estabilidad macroeconómica durante la bonanza. Sin embargo, desaprovechó la ocasión de diversificar la base productiva y de forjar un entorno atractivo para la inversión privada, nacional y extranjera. Al concentrar la cadena de valor en el Estado y recelar de la iniciativa privada, el país perdió competitividad.

En definitiva, lo que alguna vez fue celebrado como “el milagro boliviano” corre hoy el riesgo de desvanecerse, dejando como lección que los recursos naturales pueden ser palanca de desarrollo solo si se acompañan de diversificación productiva, disciplina fiscal y un clima propicio para la inversión. Ahora con dos candidatos más pro-mercado, la elección presidencial ya está jugada para este 19 de octubre.

El balotaje presidencial es entre Rodrigo Paz Pereira (PDC, centrista) y Jorge Quiroga (Alianza Libre, conservador).  Paz propone un giro reformista y gradualista: “Agenda 50/50” (descentralizar la mitad del gasto hacia regiones y municipios), cerrar o reestructurar empresas estatales deficitarias. Defiende mantener las redes de protección social y racionalizar subsidios sin “terapia de shock”. Es una plataforma pro-mercado con anclaje social, que apuesta por competencia y disciplina fiscal, pero evita hablar de privatizaciones masivas.

En cambio, Quiroga plantea un ajuste de mayor envergadura: recorte del gasto y reforma del Estado, apertura a privatizaciones y concesiones, eliminación acelerada de subsidios a combustibles, realineamiento geopolítico (EE. UU. y pro-acuerdos comerciales) y revisión y/o ruptura de los contratos de litio con China y Rusia. Ha sugerido una reingeniería del Banco Central para devolverle independencia. Es un programa liberal en lo económico, con fuerte rol al mercado y un Estado más acotado y regulador.

En cuanto a la relación comercial con el norte de Chile, debemos recordar que esta es impulsada por el comercio boliviano. En Arica, casi tres cuartas partes de la carga portuaria son tránsito de Bolivia y, en Iquique, alrededor de un tercio. La ZOFRI funciona como su gran plataforma de reexportación y aporta recursos a la región (transfiere el 15% de sus ingresos brutos a municipios de Tarapacá y de Arica y Parinacota).

Estos encadenamientos productivos proveen empleo portuario, logística y transporte, y aportan al PIB regional del norte de Chile y a la recaudación fiscal. Que Bolivia estabilice su economía es de interés estratégico para el norte de Chile y, por extensión, para el país.

Ambos candidatos presidenciales han priorizado normalizar relaciones para destrabar comercio y la logística con Chile, aunque Quiroga tiene un giro pro-mercado más profundo y aspira a que Chile sea un socio clave en la apertura comercial. Un fuerte comercio conjunto con más encadenamientos entre las regiones fronterizas y más allá de estas debería aminorar la permanente demanda marítima boliviana, al focalizarse ambas naciones en los beneficios de una integración comercial más robusta.