Kast y la promesa de Estado de Sitio: la excepción como costumbre

El presidente del Partido Republicano y candidato a senador por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, afirmó en una entrevista que en un eventual Gobierno de José Antonio Kast estarían dispuestos a decretar el Estado de Sitio para combatir el crimen organizado.

A diferencia de lo que podría pensarse, la propuesta de Squella no es novedosa ni meramente coyuntural. La invocación a los Estados de Excepción Constitucional ha sido parte del programa político de la oligarquía y la extrema derecha chilena durante gran parte de nuestra era republicana.

En medio de una disputa electoral teñida de presentismo, cobra importancia examinar las raíces históricas que vinculan las actuales posiciones discursivas de las huestes republicanas en particular, y de la derecha tradicional en general, con la atmósfera punitivista que impregna los medios y las redes sociales.

En la historia de la república, los Estados de Excepción se convirtieron rápidamente en un recurso habitual de las élites para enfrentar situaciones de crisis, contener movimientos sociales y preservar el dominio político, en desmedro de la construcción hegemónica basada en el liderazgo y el consenso. Si en el siglo XIX se usaron para reprimir a los liberales, en el XX sirvieron para disciplinar al movimiento obrero, sofocar protestas populares y derrocar gobiernos democráticos.

La investigación doctoral de la politóloga Claudia Heiss, “Presidents Unleashed: Emergency Powers and the Case of Chile” (2011), no deja mayores dudas sobre el modo en que las clases dominantes han recurrido a los poderes de emergencia para ejercer la dominación coactiva y mantener el orden social. En su estudio “Presidentes desatados”, Heiss rastrea esta suerte de artefacto de dominación constitucional predilecto de las oligarquías, estableciendo que la Constitución portaliana de 1833 fue la primera en América Latina en formalizar el Estado de Sitio. Este fue concebido para amenazas externas, pero rápidamente se utilizó contra los “enemigos internos”.

Las reformas de 1874 y 1925 no alteraron esa lógica: solo ampliaron el repertorio de situaciones que justificaban la suspensión de derechos, incorporando figuras como el Estado de Calamidad o la Zona en Estado de Emergencia, predecesoras de las categorías que la dictadura consolidaría en la Constitución de 1980.

En este sentido, vale la pena vislumbrar el hilo que conecta la forma en que la dictadura cívico-militar comenzó a gobernar por decreto tras el golpe de Estado de 1973 –cuando La Moneda aún humeaba producto de los bombardeos– con el modo en que los republicanos esperan enfrentar el inicio de su eventual Gobierno en marzo de 2026.

Es ilustrativo recordar, en este contexto, el Decreto Ley 3 promulgado el mismo 11 de septiembre de 1973 por la Junta, donde se declara “Estado de Sitio en todo el territorio de la República, asumiendo esta Junta la calidad de General en Jefe de las Fuerzas que operará en la emergencia”. A ello se suman el Decreto Ley 4, que declara “Estado de Emergencia”, y el subsiguiente Decreto Ley 5, promulgado el 12 de septiembre, que venía a aclarar las “confusiones” que podría haber generado el Decreto Ley 3, estableciendo que “el Estado de Sitio decretado por conmoción interna debe entenderse ‘Estado en tiempo de guerra’”.

¿No son estos sino los mismos fundamentos políticos y constitucionales promovidos por las distintas candidaturas de José Antonio Kast en 2017, 2021 y 2025?

En su primera aventura presidencial, el programa de Kast “Para volver a creer” (2017) consignó explícitamente como una de sus principales propuestas declarar Estado de Emergencia en la Región de La Araucanía el primer día de Gobierno: “En uso de las facultades que confiere la Constitución al Presidente de la República, el día 11 de marzo de 2018 declararé Estado de Emergencia en la Región de La Araucanía”.

En su segundo intento, su programa “Atrévete Chile” (2021) lanzó aún más lejos “el tejo del autoritarismo”, buscando ampliar las atribuciones del Estado de Emergencia “en aras de convertir este régimen excepcional en una herramienta eficaz de control en casos de grave alteración del orden público o daño a la seguridad de la nación”.

El Presidente de la República –continuaba la propuesta– “debe tener la facultad, junto con restringir las libertades de locomoción y reunión, de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinados a la detención”. En aquel momento, la estrategia implícita de Kast era convertir el Estado de Emergencia en algo legalmente idéntico a las prerrogativas del Estado de Sitio.

En su programa de 2025, “La fuerza del cambio”, ya no aparecen estas referencias de manera explícita, especialmente por los problemas que la propuesta acarreó a Kast al momento de defender una iniciativa que evocaba los antecedentes más oscuros de la dictadura y la DINA.

Por supuesto, la desaparición de estas propuestas del programa no ha inhibido a la candidatura de Kast de presentarse como un “Gobierno de emergencia”, ni tampoco al presidente del Partido Republicano, quien hace un par de semanas ya había comprometido aplicar el Estado de Sitio “sin complejos” en un eventual Gobierno republicano.

Es sobre este telón de fondo donde deben leerse las actuales declaraciones de Arturo Squella en su entrevista con Iván Valenzuela en Canal 13: “Cuando tú tienes un atentado a la soberanía, tal como nosotros lo tenemos en manos del crimen organizado por un lado, pero también por parte de estas organizaciones terroristas, evidentemente que tú tienes que utilizar toda la fuerza del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, que por de pronto, si es que es necesario decretar Estado de Sitio para aquello, no hay ningún problema en que se proceda así”.

Finalmente, es aquí donde se revela la profunda paradoja del autoritarismo neoliberal que encarna todo el proyecto republicano: mientras amenaza con eliminar toda la “grasa” del Estado, abogando por un “Estado mínimo”, utiliza al mismo tiempo toda “la fuerza del Estado” para disciplinar a la sociedad, “liberar las fuerzas del mercado” y restituir las ganancias del gran capital, so pretexto de luchar, ya sea contra un “enemigo poderoso”, el “terrorismo”, la “pandemia del COVID-19”, o el “crimen organizado”.

De concretarse una victoria de Kast, Chile ingresaría en una nueva fase de su tradición autoritaria: una en la que la excepcionalidad dejaría de ser un recurso transitorio para convertirse en principio de Gobierno. Sería la culminación lógica de un neoliberalismo maduro que necesita de la coerción para sostener su propio orden.