A propósito del estallido social de octubre de 2019 y otros

Desde hace un buen tiempo a esta parte, y en estos días seguramente volveremos a ser testigos de ello, la derecha, ciertos grupos empresariales, varios partidos políticos y una cantidad no despreciable de medios de comunicación, vía eslóganes y análisis sesgados y simplistas, han ido vinculando un par de hechos muy relevantes de nuestra historia reciente con algunos términos y calificaciones que, además de implicar una actitud despreciativa, han buscado, sin ningún matiz, su absoluta estigmatización. 

Lo peor de todo es que las organizaciones políticas y sociales que asumen, supuestamente, una visión que aspira a una sociedad más justa y regida por otros valores, han actuado con la complicidad del silencio y se han postrado, casi haciendo reverencia, ante estas “verdades”. Me queda la duda de si lo hacen por temor al debate, por una claudicación gratuita y/o por no ser capaces de llevar a cabo una interpretación de los hechos y una indagación sobre los mismos, lo que estoy cierto los llevaría a conclusiones exactamente contrarias a las que se repiten una y otra vez.

A los dos acontecimientos que me estoy refiriendo son el estallido social de octubre del 2019 y el proyecto constitucional 2022.

Aun a costa de ser tildado como alguien que no está mirando al futuro, que vuelve innecesariamente al pasado y/o que contradice “lo que es el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía”, me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones, no solo porque como sociólogo tengo el derecho de hacerlas, sino también porque mis convicciones entran en una clara y abierta contradicción con los ideólogos comunicacionales y políticos que, disponiendo de suculentos medios económicos, han socializado y concientizado a gran parte de nuestra comunidad, convenciéndolos de que su versión de los hechos es el relato adecuado y fehaciente sobre lo sucedido.

Me asiste el sagrado derecho, en el respeto a quienes piensan diferente, de entregar otro punto de vista y polemizar con aquellos.

Designar despectivamente el estallido social como octubrismo, como un movimiento anarquista y extremista al que se le adjunta una intención de romper el orden institucional y/o de un intento de tomar por asalto el poder, entre otros, deja en evidencia un total desconocimiento o una no disimulada intención de soslayar las condiciones sociales que subyacen y configuran los detonantes de lo sucedido.

En sociología suelen establecerse tres causales que normalmente llevan a que tensiones latentes en una sociedad deriven en expresiones de conflicto más manifiestas y generalizadas. Ellas son: 1) situaciones estructurales de exclusión que se expresan en condiciones de vida de las personas que van más allá de lo tolerable humanamente (sistema de salud deficitario, dificultad de los hogares para llegar económicamente a fin de mes, abusos reiterados de colusiones sobre productos básicos para la población, desequilibrio capital-trabajo, etc., etc.); 2) inexistencia de instancias canalizadoras de las demandas y reivindicaciones colectivas; y 3) ausencia de controles frente a las injusticias en general y ante las irregulares acciones económicas de algunos, lo que se suma a bajas y frustrantes expectativas de sanciones sociales.

Paralelamente y a modo de una realidad que cruzaba lo recientemente dicho, diferentes estudios nacionales e internacionales dejaban en evidencia la agresiva concentración de la riqueza y la extrema desigualdad existente en nuestro país.

Estos tres elementos, junto a diferentes tensiones y movilizaciones que se venían dando los últimos años, forman parte del panorama y realidad del Chile del año 2019, configurando una situación en la que bastaba una chispa para que se diera un efecto combustión que derivase en la respectiva explosión social (en este caso el precio del pasaje del metro de Santiago). 

Se trató, digámoslo sin complejos ni eufemismos, de un movimiento social con domicilio en la sociedad civil, heterogéneo, informal y con diferentes identidades grupales, a los que convocó y unió el cansancio y frustración ante lo que se estaba haciendo costumbre entre nosotros, esto es, gestiones democráticas en su mayoría insuficientes y aferradas a un modelo socioeconómico que, tal vez sin tener consciencia de ello, iba precisamente cercenando la propia democracia. Estuvimos en presencia de una emergencia inesperada y un ejercicio multitudinario de autonomía ciudadana, acompañado de un intento algo desesperado por decir basta a las minorías de poder.

El seguir insistiendo en revoluciones y subversiones, presencia de agentes venezolanos, conducción y estrategia del Partido Comunista y muchos otros etcéteras, resulta algo definitivamente malintencionado y una reflexión particularmente simplista que desconoce y/o se niega a reconocer la profundidad y radicalidad de lo sucedido.

Es cierto que hubo un grupo minoritario que destruyó bienes públicos y privados y desató una violencia irracional en determinados sectores del país, convirtiéndose, en los hechos, en los principales aliados de la derecha y en quienes permitieron que, desproporcionadamente, se difundiera un desprestigio de todo el movimiento social. Sin embargo, el millón doscientos de personas que desfilamos por las calles de Santiago el 25 de octubre de 2019 y los cientos de asistentes a los eventos culturales que nos tocó presenciar en la plaza Ñuñoa, representaban el más profundo sentido y espíritu del movimiento y daban cuenta de una legítima manifestación frente a una situación de abusos que se hacía insostenible.

Sobre este punto, no está de más recordar, particularmente a la derecha política, que la única persona que, hablando frente a todo el país, declaró “estar en guerra”, fue el entonces Presidente Sebastián Piñera, quien, a los pocos minutos de su intervención, fue desautorizado por el jefe de plaza de la Región Metropolitana, el general Iturriaga, cuando aclaró “yo no estoy en guerra con nadie”.

Dentro de la misma lógica argumental recién referida al estallido social se insertan las permanentes diatribas y estigmatizaciones acerca del proyecto constitucional 2022, expresadas en nuevos eslóganes y recetarios que se repiten en diferentes foros y espacios comunicacionales, sin que ningún moderador o conductor de estos diga absolutamente nada y, por cierto, tampoco los representantes de posiciones políticas que, por convicción y doctrina, deberían, a lo menos, hacer un mínimo punto de equilibrio.

Las consignas han sido: se trató de un texto partisano, refundacional, por cierto extremista, dividía la nación en varias naciones, una copia de las constituciones venezolanas y bolivianas que no consideraba el derecho a la propiedad privada de la vivienda, les robarían los ahorros a los chilenos y muchos otros similares.

En una investigación que iniciamos a los pocos meses del triunfo del Rechazo, publicada como libro bajo el título de Justo y necesario por la editorial Trayecto, en diciembre del 2023, llegamos a conclusiones claramente diferentes a las hoy instaladas y repetidas casi mecánicamente por muchas personas. En una apretadísima síntesis que considera solo las más relevantes, y habida consideración que sus fundamentos, antecedentes y datos concretos se encuentran en el trabajo investigativo recién referido, podemos afirmar lo siguiente:

• Ciertamente lo redactado y propuesto por el texto constitucional tenía insuficiencias y carencias, lo que por lo demás siempre se da en todo documento de este nivel. Sin embargo, en un balance general y considerado en su totalidad, se estaba en presencia de principios y propuestas que creaban las condiciones y espacios por donde se pudieran desplegar las acciones y disposiciones legales más específicas que permitieran profundizar la democracia. No hay ninguna comparación entre dichas insuficiencias y carencias, por un lado, y los derechos sociales a los que se les daba rango constitucional, más el marco normativo que permitía, ya sea directamente o a través de procesos legislativos, beneficiar de manera especial a mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, trabajo doméstico y de cuidados, minorías sexuales y pueblos indígenas, entre otros.
• Por lo demás, y respecto a las críticas y perfeccionamiento que sin duda requerían partes menores del escrito, se suscribió un compromiso político el 11 de agosto del 2022, denominado “Unidas y unidos para aprobar una nueva Constitución”, firmado por diferentes partidos oficialistas, en el que estos se comprometían a realizar algunos cambios legislativos al texto, de manera de enmendar algunas de las insuficiencias reconocidas.
• La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, invitada por 22 senadores de nuestro Congreso, visitó nuestro país y analizó la propuesta constitucional sin hacer ninguna reparación de fondo y mucho menos considerar que sus contenidos e implicancias fueran no democráticas o una representación de una ideología radicalizada. Lo establecido y acordado por la Convención, expresamente consagraba un fortalecimiento del sistema democrático, equivalente a los estándares de importantes democracias del mundo a través de la explicitación de los derechos políticos más relevantes, fortalecimiento del gobierno representativo vía la separación de poderes y la garantía de independencia de los tribunales de justicia, entre otros.
• La posible retórica izquierdista que atravesó algunos dichos de los miembros de la Convención, así como ciertos intentos de incorporar contenidos radicales en el texto, en los hechos, no se plasmó ni en lo jurídico ni en la redacción final. 
• Los errores y desaciertos conductuales, tan difundidos, acerca de algunos convencionales, se concentraron en 5 casos, esto es, ¡un 3,2% del colectivo total! Analizando cada uno de ellos, se llega a la conclusión que solo el caso de Rojas Vade fue claramente grave e incompatible con su rol. No obstante, a través de una operación muy bien orquestada, las supuestas poca seriedad y falta de rigurosidad de estos convencionales se hicieron extensivas a la mayoría del colectivo. Se orquestó una campaña que fomentó un sistemático desprecio y descalificación por los integrantes de la Convención, sin hacer ningún tipo de distinción y haciendo uso de la vieja estrategia de “disparar a la bandada”. Con sibilina habilidad comunicacional instalaron lo que en psicología social se denomina el “efecto halo”, esto es, el cómo una impresión (positiva o negativa) que se tiene sobre alguien o algo, se amplía y se convierte en opinión generalizada sobre ese alguien o algo.
• La pregunta obvia que entonces surge es ¿qué conjunto de circunstancias concurrieron e incidieron para que, a pesar de lo anteriormente señalado, una categórica mayoría rechazara la propuesta de la Convención Constitucional? Nos parece que, en lo fundamental, son tres los factores que nos aproximan a dar una respuesta: 1) la mayoría de la población no leyó el texto constitucional oficial; 2) gran parte de la ciudadanía se dejó llevar por lo difundido por medios de comunicación y las redes sociales, las que fueron dominadas y dotadas de contenido por importantes poderes económicos; 3) dos rasgos de la modernidad latinoamericana, y por cierto de la chilena, que varios estudios destacan, están constituidos por el racismo y el clasismo encubierto que se da importantemente en la población, plasmándose ambos en una visión negativa de los indígenas, negros y clases sociales emergentes, lo que en el caso de los grupos indígenas se agrava aún más por estar circunscritos a una segregación espacial en regiones que normalmente están entre las más pobres y abandonadas. La mayor participación, integración, reconocimiento y autonomía cultural de estos grupos que implicaba aprobar la propuesta constitucional, fueron vista por algunos sectores y estratos sociales del país como un peligro para la estabilidad e identidad de Chile, lo que hizo sinergia con la amenaza que vio caer sobre sus privilegios la elite económica y cierta elite sociopolítica, al visualizar un posible cambio en las relaciones de poder de la sociedad chilena.
• Especial mención nos parece debe hacerse al segundo factor referido en el párrafo reciente. En efecto, el país estuvo saturado de reportes distorsionados, aseveraciones fuera de contexto y versiones reñidas con la verdad, lo que dio lugar a una fatídica fórmula, según la cual, a mayor cantidad de información tergiversada y/o falsa, mayor fue la desatención y falta de interés por una reflexión serena acerca de lo que formal y realmente fue aprobado por el organismo constituyente. A través de empresas comunicacionales apoyadas con suculentos recursos, la campaña del rechazo implementó la técnica conocida como microtargeting, en la que, a partir de la injerencia en las redes sociales y la recopilación de datos personales, se construyen clasificaciones en determinadas “categorías” y/o grupos para, posteriormente, llevar a cabo una clara manipulación de los electores a través del envío de mensajes expresamente dirigidos a cada uno (ad hominem), en medio de una población que en su mayoría no había leído el texto original. 
• En un andamiaje constitucional nada será consistente y fiable si no se fundamenta y es atravesado por un relato y un ethos ligado a este que, en el caso que comentamos, buscaba dilucidar el por qué y a partir de qué queríamos relacionarnos entre nosotros y con la sociedad y cuáles eran los elementos que debían definir el núcleo de nuestro destino vital y que nos hacen parte de una misma comunidad. No se trataba, salvo para el caso de un par de discursos que no tuvieron ningún eco, de llevar a cabo un cambio del sistema democrático, sino en el sistema democrático, y esto considerando que, si bien es cierto la última década del siglo XX mostró una suerte de reencuentro más universal con la democracia, por supuesto también en Chile, en los hechos, la implementación y el desenvolvimiento de esta en diversas sociedades, y en nuestro país, ha mostrado severos escollos y frustraciones, los que han alterado la evaluación y adhesión de los ciudadanos a dicho sistema, como lo demuestran diferentes investigaciones.

Resulta absolutamente necesario, al terminar este escrito, reiterar que, a propósito de los dos episodios comentados, ciertamente muy vinculados entre ellos, y habiendo pasado ya varios años de los mismos, muchos de los antecedentes y variables que jugaron el rol de condicionantes y causales de su ocurrencia, a pesar de algunos avances y esfuerzos de algunas gestiones gubernamentales, siguen aún presentes como características estructurales de la sociedad chilena.

No lo decimos solo nosotros, sino que también está avalado por estudios que ya hemos mencionado en otras publicaciones, como el realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de octubre de 2023, denominado “Imágenes del país, motores y obstaculizadores del cambio”, en que se establece, entre otros puntos, que las frases más recurrentes, transversalmente presentes en la muestra estudiada, son “Chile está igual”, “seguimos en la misma línea, marcando el paso”, ” los cambios prometidos, esperados, sociales, reales y profundos no se han producido”.

Aún más, en días recientes, y en continuidad con la tradición de las conferencias latinoamericanas de obispos de Medellín (1968), de Puebla (1979) y del gran magisterio de Francisco, que manifestaban una opción franca por los pobres, León XIV, en su Exhortación Apostólica Dilexi Te (“Te he amado”), reafirma la calificación de “pecado social” propia a las estructuras de injusticia (número 90), a la vez que denuncia la “dictadura de una economía que mata” y el hecho actual de que “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera (número 92)”. ¿Alguien podría desconocer que mucho de esto sucede en nuestro país?.

Y a propósito de los apocalípticos que asocian cada intento de transformación socioeconómica y cultural con la inevitable ocurrencia de cientos de calamidades y con una amenaza a la estabilidad democrática, es menester recordarles un principio esencial del pensamiento social cristiano, compartido por varios humanismos, cual es que “la cohesión y la paz social suponen la justicia social”.

La ruta y el sendero que tome Chile en la próxima década constituirán un perfecto laboratorio que ponga a prueba o desmienta mucho de lo señalado en estas líneas.