Estallido social: 12 mil delitos fueron por violencia institucional y 11 mil contra la propiedad

A seis años del estallido social en Chile, la Fiscalía publica un informe que entrega datos relevantes sobre la violencia institucional y los delitos relacionados a este acontecimiento. Entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, ingresaron a Fiscalía 32.901 casos asociados al estallido, constitutivos de uno o más delitos. Según la clasificación de la entidad, del total de 35.146 delitos identificados, 12.002 corresponden a violencia institucional, es decir, perpetrada por agentes de las fuerzas armadas y de orden contra particulares; 11.156 a delitos contra la propiedad y saqueos; 7.965 a delitos de desórdenes públicos y otros delitos; 3.293 a delitos de maltrato contra agentes del estado, y 732 a delitos de incendio. 

La violencia institucional afectó a más de 11 mil víctimas, principalmente por apremios ilegítimos (70,4%), abusos contra particulares (20%), torturas (1,8%) y lesiones de diversa gravedad (3,3%). Del total de delitos de violencia institucional, una proporción muy menor (6,7%) tenía imputados conocidos y de ella solo un cuarto terminó con sentencias condenatorias (14,3%) y absolutorias (11,3%). El archivo provisional o la decisión de no perseverar en más del 50% de los casos evidencian una notable brecha en el ejercicio de la justicia.  

El documento publicado por la Fiscalía constituye una oportunidad para reflexionar sobre el rol del registro y los datos en la justicia y sobre las cuestiones éticas, técnicas, y políticas relativas a la producción y circulación de información desde la perspectiva de la justicia de datos, particularmente cuando están en juego vulneraciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado. 

En el campo de los derechos humanos, la justicia de datos es un enfoque que conmina a lograr o intentar lograr la justicia epistémica y que concibe la producción y uso de datos al servicio del conocimiento restaurativo. Es decir, el enfoque de la justicia de datos es aquel que, reconociendo la dignidad de cada ser humano, procura que se documente sin sesgos ni estereotipos, y sin naturalizar los fenómenos que se reportan. Asimismo, se trata de un enfoque que pone los datos al servicio de la restitución de derechos, la reparación de las personas afectadas, y la transformación de las realidades que causan las violencias. 

En 2023, el Informe de Propuestas y Recomendaciones de la Mesa de Reparación Integral respecto a las personas afectadas durante el estallido social, instituida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, advertía sobre las brechas existentes entre las cifras disponibles y la dificultad de precisar el número de víctimas de violaciones de derechos humanos en este evento. Aquellas diferencias no eran sólo cuantitativas, sino también conceptuales, resultado de las categorías utilizadas por las varias instituciones involucradas. La imposibilidad legal de intercambiar datos personales entre organismos del Estado, ha tenido, y continúa teniendo, consecuencias relevantes en la atención integral y oportuna, al trasladar a las víctimas la responsabilidad del traspaso de antecedentes y datos, incrementando así el riesgo de revictimización.

El informe de la Fiscalía representa un ejercicio de rendición de cuentas respecto a la investigación en el sistema de justicia penal que debiese ser una práctica habitual de la gestión pública de cara a la información regular de la ciudadanía. Proveer de esta información es especialmente importante cuando se trata de eventos cuya interpretación genera conflicto. 

El documento reconoce la importancia de la coordinación entre organizaciones de la sociedad civil, centros de salud y diferentes entidades públicas para el registro de los antecedentes iniciales y la canalización de las denuncias, así como la relevancia de los dispositivos -como la “Ficha de antecedentes de violencia institucional”- que se desarrollaron con ese propósito. La atención a esas prácticas parece clave en el análisis de las causas de las brechas de justicia antes identificadas.

Este informe ilustra la necesidad de comprender los datos no solo como insumos técnicos, sino como herramientas para la justicia, la reparación y la memoria pública. La protección y el avance progresivo de los derechos humanos también requieren sistemas de producción de datos interoperables, accesibles, precisos y capaces de sustentar acciones en favor de las personas afectadas. Construir y mantener registros de violaciones a los derechos humanos es una práctica de justicia. Registrar es reconocer, dar valor, asumir la responsabilidad, producir y resguardar pruebas y diagnosticar daños. Es entonces condición para la realización plena de la justicia oportuna.