El Servicio de Biodiversidad nace con las manos atadas

Actualmente el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) se encuentra aún en su etapa de implementación, que se extenderá hasta el día previo a su entrada en operación, programado para el 1 de febrero de 2026. Durante el próximo año se inicia una etapa clave para el servicio, en la que, entre otras cosas, debe hacerse efectiva la transferencia de atribuciones y funciones relativas a la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Entre ellas, la administración de las áreas protegidas del Estado y la supervisión de las áreas privadas.

Sobre el papel, se trata de uno de los avances institucionales más relevantes en materia ambiental de las últimas décadas. Sin embargo, existe un grave problema y es que llegará con la mitad del presupuesto que el propio Ejecutivo estimó como necesario para abordar esta etapa.

Recientemente, Fundación Terram publicó la minuta “Financiamiento Público de la Conservación de la Biodiversidad en Chile: Análisis Crítico de la Propuesta de Presupuesto 2026”, donde se detallan las brechas estructurales entre el financiamiento público para el SBAP y el de las áreas protegidas gestionadas por Conaf.

El Proyecto de Ley (PL) de Presupuestos 2026 asigna al SBAP $17.393 millones, utilizados en su mayoría para entrar a la operación del servicio el 1 de febrero de 2026. La cifra representa un aumento del 37% respecto del presupuesto en ejecución y podría parecer generosa, si no fuera por un detalle incómodo: el Informe Financiero N° 252 (2022) de la Dirección de Presupuestos (Dipres) –elaborado por el propio Estado– proyectó que el servicio requeriría $35.831 millones (sumando gastos permanentes y transitorios) para operar en el próximo periodo.

En otras palabras, faltan $18.438 millones respecto de lo que el propio Estado consideró necesario para el 2026. No se trata de un error contable ni de una discrepancia técnica menor: es la mitad del presupuesto. Esto podría estar asociado a un retraso en la implementación del servicio, propio de la burocracia estatal, lo que llevaría a una menor asignación de recursos y posterior ejecución.

Esta brecha no es solo un número en una planilla; plantea interrogantes fundamentales. Con la mitad de los recursos, ¿podrá el SBAP contratar el personal necesario?, ¿fiscalizar efectivamente las áreas bajo su responsabilidad?, ¿desarrollar los planes de manejo que la ley exige?, ¿cumplir, en definitiva, con el mandato para el cual fue creado? O, simplemente, ¿estaremos inaugurando un Servicio de Biodiversidad sin capacidad real para proteger la biodiversidad?

Lo paradójico es que esto ocurre justo cuando el discurso oficial sobre conservación se encuentra en uno de sus momentos más enfáticos. Chile se ha comprometido internacionalmente a proteger el 30% de su territorio y océanos al 2030; ha anunciado la creación de nuevas áreas protegidas y ha celebrado la aprobación del SBAP como un hito histórico. Pero entre el anuncio y la ejecución hay un abismo: el presupuestario.

Este no es un problema nuevo. Es la prolongación de una brecha estructural que arrastramos desde hace años. Las actuales Áreas Silvestres Protegidas (ASP), aún bajo administración de Conaf (antes Snaspe) y que deben comenzar su traspaso al SNAP a partir de febrero de 2026, han operado durante la última década con recursos decrecientes en términos reales. Entre 2016 y 2025, mientras la superficie protegida aumentó de 12,3 a 18,8 millones de hectáreas, el presupuesto se mantuvo prácticamente estancado.

El resultado es devastador: el financiamiento por hectárea cayó de US$ 2,26 en 2017 a apenas US$ 1,26 en la actualidad. Es decir, cada vez protegemos más territorio con menos recursos por unidad de superficie.

Pero hay más. El aporte fiscal directo no solo no ha crecido, sino que ha disminuido. En 2026, representará apenas el 45% del presupuesto total, representando solo el 57% del gasto en personal. El resto deberá financiarse con ingresos operacionales –los que provienen principalmente de venta de entradas de las mismas ASP–, lo que vulnera su carácter de bien público. Durante la pandemia, cuando las áreas protegidas cerraron y estos ingresos se desplomaron, el sistema estuvo al borde del colapso. Esa vulnerabilidad persiste.

La pregunta que debemos hacernos como país es simple: ¿queremos un sistema de áreas protegidas robusto o solo una lista de áreas protegidas donde no existe conservación efectiva? Si es lo primero, el Gobierno debe corregir el rumbo. El SBAP debe iniciar sus operaciones con los recursos adecuados, para lo cual debería ajustarse el presupuesto actualmente en discusión en el parlamento, antes de que la inercia de la escasez se vuelva irreversible.

Las medidas no son complejas, pero requieren decisión política y coherencia presupuestaria. Estas podrían incluir:

• Cerrar la brecha de $18.438 millones entre la propuesta actual y las estimaciones oficiales de Dipres para las operaciones del tercer año de funcionamiento del Servicio de Biodiversidad.
• Garantizar que el aporte fiscal represente al menos el 100% del gasto en personal del sistema de ASP que actualmente administra Conaf.
• Vincular automáticamente el presupuesto con la expansión de superficie protegida y la creación de nuevas unidades.
• Definir un cronograma claro para el traspaso de recursos al SBAP.

Chile tiene hoy una oportunidad histórica para construir un sistema de conservación de clase mundial. Tenemos la legislación, el territorio y la biodiversidad. Lo único que falta es el compromiso presupuestario que transforme las declaraciones en realidad, porque sin recursos, el Servicio de Biodiversidad será solo eso, un servicio de papel en áreas de papel. Y la naturaleza –que no entiende de leyes ni de presupuestos– seguirá su curso, hacia una degradación que prometimos evitar.