Más de 49 mil millones: Capredena encabeza el desorden financiero del Estado

Diciembre es una época de recuentos y esta fue una de las últimas estadísticas en aparecer antes de finalizar el mes: de 73 organismos fiscalizados por Contraloría –entre los años 2020 y 2024–, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), obtuvo el primer lugar entre las instituciones con más observaciones y el triste récord de ostentar el mayor descuadre financiero de todas: $49.408.644.263.

La información forma parte de una auditoría financiera a Capredena del año 2023 y figura en el informe consolidado de las auditorías sobre estados financieros, presentado hace pocos días por el organismo fiscalizador, quien se abstuvo de emitir opinión en todos los casos, debido a que no pudo obtener “evidencia suficiente” que respalde las operaciones registradas.

Dicho de otro modo, el desorden en la administración de los recursos estatales en todos los organismos fiscalizados era tan grande que Contraloría se abstuvo de opinar, porque la información entregada no cumplía los estándares mínimos para emitir un juicio razonable al respecto. El total de los recursos involucrados, según la sumatoria de los 73 casos, arroja una cifra sin parangón: $15.9 billones de pesos.

En el top ten de los organismos con más forado financiero figuran, según el informe consolidado de Contraloría, Fonasa ($857.414.188), la Junji ($750.289.759), el Instituto Nacional de la Juventud ($795.376.818), el Serviu Metropolitano ($743.035.958), el Instituto Nacional de Deportes ($726.051.388) y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ($550.340.866).

El resultado de todas las indagatorias derivó en 10 procedimientos disciplinarios, cinco denuncias ante el Ministerio Público, otras cinco ante el Consejo de Defensa del Estado y 27 sumarios administrativos.

Fuentes al interior de Contraloría aseguran que las cuentas que el organismo se negó a visar son el último eslabón de una cadena de supervisiones previas al interior de las instituciones, instancias que no alcanzaron a detectar a tiempo el tamaño de las grietas financieras, situación que llama poderosamente la atención entre los funcionarios. “Es algo transversal”, explica uno de ellos.

En el número uno del listado –tal como dijimos al comienzo– aparece Capredena, cuya función es administrar el pago de las pensiones de personal en retiro de las Fuerzas Armadas. El organismo no solo encabeza el total de los casos supervisados sino también representa al sector con mayores recursos objetados. En este caso Defensa, con más de $4.200 millones cuestionados en diversas operaciones, tales como patrimonio, anticipos y transferencias, entre otras.

La conclusión de Contraloría es contundente, pues ninguna de las reparticiones pasó los controles de las auditorías. “Estas situaciones impiden asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactan en sus decisiones estratégicas y en su reputación y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes”, dice el documento que recolectó las auditorías.

Auditoría financiera

Antes de adentrarse en las observaciones realizadas a Capredena, es preciso contextualizar algunas cosas. La caja previsional que atiende a funcionarios de las Fuerzas Armadas otorga pensiones 3,2 veces superiores a la que entregan las AFP, según un estudio de la Fundación Sol publicado el año 2025. Además, su financiamiento depende en más de un 90% del erario nacional.

Entre 2005 y 2024, señala el mismo informe, las pensiones promedio de retiro pagadas por Capredena pasaron de $1.060.028 a $1.442.202. O sea, aumentaron un 36% en términos materiales. El grado de general del aire es el que tiene el mayor monto promedio, pagado a seis exfuncionarios pensionados que reciben $5.155.832 cada uno.

Más abajo figuran los coroneles (1.710) que reciben en promedio $3.584.772, luego los oficiales de menor rango, con una pensión promedio de $2.883.275 y los suboficiales mayores (6.501), con una jubilación de $1.636.707. A continuación, aparecen los miembros del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas con $1.185.932. En resumen, a diciembre de 2024, Capredena pagó 104.067 pensiones por un monto promedio de $1.412.774.

Hasta ahí, números redondos.

El problema es que detrás del pago cancelado sagradamente todos los meses a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, existe una serie de observaciones de Contraloría que hablan de una gestión deficiente de Capredena, administrada por un consejo directivo liderado por la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, secundada por el vicepresidente ejecutivo, Andrés Culagovski.

Además de las cabezas visibles ya mencionadas, el consejo está integrado por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Altamirano; el director general de Personal de la Armada, Mauricio Arenas; el comandante del Comando de Personal de la FACH, Andrés Leiva; el comandante de Bienestar del Ejército, Miguel Pérez; el director de Bienestar Social de la Armada, Fernando Reyes; y el jefe de la División de Bienestar de la FACH, Ricardo Valladares.

El informe de auditoría financiera 361, que dejó a Capredena en el primer lugar de las instituciones con déficit financieros –publicado el 11 de diciembre del año 2024–, detectó una serie de irregularidades, como deudas acumuladas por pensiones pagadas en exceso y el no registro de inmuebles recibidos en comodato, entre otras irregularidades.

El documento señala que Capredena, además, no utiliza las cuentas de anticipos y que, al 31 de diciembre de 2023, mantenía pagos no devengados presupuestariamente por $18.121.571.645, sin un análisis que permita determinar las operaciones que les dieron origen.

La investigación determinó que tampoco existía un control de los recursos cancelados por diversas operaciones del Centro de Salud. Esta situación sumaría $5.222.053.817 que debieran ser reintegrados a las arcas del organismo, a partir de un proceso de restitución de los fondos.

Se constató, además, que Capredena mantiene, hasta fines del año 2023, un saldo de ingresos pendientes de recuperación de $2.692.844.081, operaciones que ni siquiera han acreditado gestiones de cobro, por lo que el servicio auditado deberá efectuar los análisis contables que correspondan y regularizar los saldos objetados.

También se comprobó que el organismo mantiene $13.763.611.366 de deudas que datan de entre los años 2019 y 2023, las que se encuentran pendientes de cobro, al igual que $9.608.563.394 por el mismo concepto, contraídas entre los años 1995 y 2018. Estas últimas, además de no contar con respaldos, se encontrarían prescritas debido al tiempo transcurrido.

Todas estas anomalías financieras, asegura Contraloría, deberán ser regularizadas por cada uno de los montos indicados, “con la finalidad de aumentar la recuperabilidad y detectar, oportunamente, si se deben efectuar otras medidas”. Sin perjuicio de aquello, Contraloría ordenó instruir un procedimiento disciplinario para esclarecer esta situación y determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.

Consultada sobre el tenor del informe de Contraloría, Capredena señaló a El Mostrador que “sobre auditoría a los estados financieros, este servicio solicitó información detallada sobre la composición de los montos respecto de los cuales el organismo contralor se abstuvo de dar opinión”.

Dicha información, agrega Capredena, fue recibida “en las últimas horas, lo que ha permitido iniciar una revisión pormenorizada –aún en curso– sobre las observaciones realizadas por Contraloría y las medidas que se puedan haber adoptado para subsanarlas. Este proceso es necesario antes de entregar información específica y seria sobre el tema”.