El retroceso está a la vuelta de la esquina

Durante los últimos 10 años, el colectivo LGBTIQ+ vio cómo muchos de sus derechos iban avanzando y se materializaban en leyes como la antidiscriminación, la unión civil, la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario. A pesar de que quedaban varios pendientes parecía que había una dirección más clara. Los protocolos, circulares y políticas públicas acompañaban este avance desde sus propias veredas lo que generó cierta robustez respecto al avance en igualdad y no discriminación. 

Sin embargo, la política global de los últimos años empezó a hacernos dudar de nuestra ilusión. Claramente, los derechos no están garantizados y menos en un contexto donde la ultraderecha ha encontrado en la diversidad sexual un enemigo perfecto para movilizar miedo, resentimiento y desconfianza. Esto no es casualidad: cuando en la historia nos hemos encontrado con países en crisis económicas, culturales o institucionales, suelen ser los grupos más extremos quienes ofrecen soluciones simples y chivos expiatorios, basta ver el caso de Estados Unidos, Hungría, Brasil, Reino Unido, etcétera. Y ahora, esos discursos y explicaciones se replican en nuestro país. 

Hay que tener en cuenta que los retrocesos no necesariamente empiezan con las derogaciones de leyes, sino que se van dando por etapas. Primero se cuestionan conceptos, pequeños programas, se pide desfinanciar unidades o modificar criterios administrativos y, luego, viene el salto a cambios legislativos más agresivos. Cuando vemos a autoridades sostener que la diversidad sexual es una “ideología peligrosa” o a un candidato presidencial que votó en contra de todos los derechos LGBTIQ+ omitir sus opiniones al respecto, cuando se usan mentiras que buscan instalar la idea de un supuesto “adoctrinamiento” para justificar la eliminación de protocolos o programas de atención psicosocial, cuando se dice que algunas personas no existen o son un peligro ya no estamos en un debate honesto ni técnico, sino en una operación más grande y peligrosa. 

Esto ya lo hemos visto y no queremos que ocurra en nuestro país. No queremos que las políticas de Donald Trump -que prohíben contenidos, libros o programas de diversidad- se repliquen en Chile. Tampoco queremos leyes de censura o la eliminación de políticas educativas como ocurrió ya en Polonia o Hungría. 

Lo más inquietante es que muchos de estos retrocesos no requieren mayorías aplastantes ni reformas constitucionales; solo necesitan un clima político que legitime la idea de que los derechos LGBTIQ+ son opcionales, sujetos a debate, o negociables según las convicciones de turno.

Si ese clima se instala, lo demás viene por arrastre: las políticas se desmantelan, las leyes se reinterpretan, la discriminación se normaliza y la violencia crece. 

Por eso es ahora cuando más tenemos que defender lo logrado. Este no es un llamado a la catástrofe, sino a la lucidez. Los derechos no se mantienen solos, sino que requieren instituciones fuertes, políticas robustas y una sociedad consciente del valor que tienen. Requieren que digamos, sin ambigüedades, que la igualdad no es una moda cultural, sino la base mínima de una democracia que se respete a sí misma. O defendemos firmemente lo conquistado, o nos terminaremos sumando a una ola que está dejando cicatrices profundas en todos los lugares donde ya se instaló. La historia no avanza por sí sola, sino que lo hace porque miles de personas deciden hacia dónde avanzar para mejorar la vida de quienes viven hoy y vivirán mañana.