Migración y realismo político: Entre el slogan y la política pública posible

Al igual que en otros países, en cada ciclo electoral, la migración vuelve a ser convertida en arma política. Pero en Chile hemos llegado a un nivel de simplificación tan extremo que amenaza con reemplazar cualquier debate serio por eslóganes que suenan bien en los debates, pero que no resisten ni cinco minutos de análisis. La propuesta de José Antonio Kast de expulsar a las “330 mil personas en condición irregular” en un breve periodo de tiempo y dándoles hasta marzo para irse del país es el ejemplo más evidente.

No existe país en el mundo que haya logrado algo remotamente parecido. No es una opinión; es un dato. Ninguna democracia con flujos migratorios comparables —ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni España, ni Alemania— ha ejecutado deportaciones masivas de ese volumen, por la simple razón de que son impracticables, costosísimas e ineficaces. Quien diga lo contrario está vendiendo humo.

Para expulsar 330 mil personas en un año, Chile necesitaría nueve vuelos diarios, durante 365 días, todos llenos, todos autorizados por los países de destino, todos financiados por un Estado que ya tiene tensiones presupuestarias que arriesgan eliminar derechos sociales básicos. Si la ambición fuera expulsar a esa misma población en los periodos que menciona Kast, la operación se vuelve derechamente absurda. No es política pública: es ficción administrativa.

Pero lo más grave no es la inviabilidad logística; es el costo humano y social. Las expulsiones colectivas están prohibidas por tratados internacionales que Chile ha suscrito, y los procesos individuales requieren tiempo, debido proceso y capacidad institucional. La experiencia internacional muestra que cuando los gobiernos intentan saltarse estas reglas, terminan multiplicando los litigios, gastando fortunas y generando crisis humanitarias que afectan a toda la sociedad, no solo a quienes son expulsados.

La evidencia comparada es contundente: la irregularidad prolongada es un factor de riesgo para la seguridad, no la migración en sí misma. Los estudios más consistentes de la OCDE, Naciones Unidas y centros de investigación como Brookings coinciden en que las personas migrantes delinquen menos que las poblaciones locales. Lo que sí aumenta la vulnerabilidad y las economías ilícitas es mantener a cientos de miles de personas fuera de cualquier registro, sin posibilidad de trabajar formalmente, sin acceso a instituciones y expuestas a la explotación.

En ese contexto, la propuesta de la candidata Jara puede no ser tan llamativa, pero sí es infinitamente más sensata y está alineada con lo que han hecho países que enfrentaron desafíos migratorios mucho mayores que los nuestros. El empadronamiento obligatorio —combinado con criterios estrictos para regularizar a quienes tienen arraigo, empleo y no poseen antecedentes penales— es una estrategia probada en Portugal, España, Canadá y otros países que han logrado equilibrar humanidad, seguridad y realismo administrativo.

Esa fórmula tiene una ventaja decisiva: permite saber quién está en el país, formalizar a quienes ya están contribuyendo y enfocar los recursos de control en quienes realmente representan un riesgo. Una política así no solo es más barata; es más efectiva. Y lo es porque reconoce una verdad incómoda para quienes prefieren la retórica dura: en migración, los atajos punitivos nunca funcionan.

Esto no significa adoptar una política de fronteras abiertas ni renunciar a la expulsión de quienes cometen delitos. Significa diseñar reglas que produzcan orden, no caos; que reduzcan la irregularidad, en vez de ampliarla; que fortalezcan la seguridad, en lugar de crear un mercado fértil para la ilegalidad.

El debate migratorio chileno necesita dejar atrás la fantasía de las soluciones instantáneas. No necesitamos discursos que prometen control, sino políticas que lo hagan posible. En ese sentido, el contraste es evidente: la propuesta de Kast es impracticable y peligrosa; la de Jara es difícil, pero realista.

En política pública, lo que importa no es quién golpea más fuerte la mesa, sino quién tiene un plan que se pueda ejecutar sin llevarse al país por delante. La migración llegó para quedarse; la demagogia, espero, no.