Una asimetría peligrosa: sobre el perfeccionamiento judicial de los ministros de la Corte Suprema

El caso Muñeca Bielorrusa mostró más de un problema estructural de nuestro Poder Judicial.

No sólo se trata del delito presunto, ni de los pagos o influencias. Lo relevante es que la ciudadanía percibe que la cúspide del sistema funciona de manera opaca y que puede ser permeable a intereses privados. Cuando esa percepción aparece, el sistema se resquebraja, es sometido a examen y crítica.

En estas breves líneas quiero mostrar uno de los problemas estructurales sobre el que me parece necesario reflexionar.

Creo que la única fuente de legitimidad de la que el Poder Judicial puede gozar proviene de su conocimiento técnico y del ejercicio imparcial de su labor. Ni la jerarquía, ni la antigüedad, ni el prestigio personal sustituyen al saber jurídico actualizado. La legitimidad a la que me refiero se construye en una cadena que vincula las decisiones judiciales con las normas jurídicas. Se espera que la judicatura aplique el derecho vigente, que la justificación de sus fallos opere sobre esa base, con independencia de presiones corporativas o intereses particulares.

Precisamente por esa razón existe la Academia Judicial y sus programas de formación y perfeccionamiento. Selecciona y forma a quienes postulan a cargos en el escalafón primario y capacita de manera continua a los miembros del Poder Judicial, entregando una formación especializada para el ejercicio efectivo de la función jurisdiccional.

La ley N° 19.346, de hecho, reconoce claramente la obligación de los miembros del Poder Judicial de postular a actividades de perfeccionamiento. Sin embargo, el artículo 15 agrega una excepción para los funcionarios de la primera categoría del escalafón primario. Es decir, los Ministros y Fiscales de la Corte Suprema están exentos de aquello.

A mi juicio, la excepción es problemática. Supone que el conocimiento judicial de quienes integran la Corte Suprema alcanza un punto en el que el aprendizaje y la actualización ya no es necesario. Esta premisa es contraria a la naturaleza dinámica de los fenómenos sociales. El Derecho cambia, las instituciones cambian, la sociedad cambia y la judicatura debe responder a ello con técnica, rigor e integridad.

Los demás funcionarios del escalafón primario, secundario y empleados (jueces de instancia, relatores, Ministros de Corte de Apelaciones, etc.) están obligados a actualizarse (o al menos a postular para ello). La Corte Suprema no. No existe obligación de perfeccionamiento técnico para quienes ejercen las funciones más sensibles. Creo que esta asimetría no se justifica. El perímetro de control formativo se aplica donde el impacto de las decisiones es menor y se omite donde el impacto es inmenso.

El caso Muñeca Bielorrusa abre una caja de Pandora, somete a evaluación al máximo tribunal y evidencia más de una grieta en el diseño institucional. La que aquí he tratado de mostrar es la siguiente: tenemos un Poder Judicial donde la base se profesionaliza y la cúpula queda fuera de toda actividad de perfeccionamiento.

Es cierto, la capacitación técnica no resuelve la corrupción. No evita el abuso de poder. Pero es un instrumento concreto que fortalece el fundamento institucional, profesionaliza un poder del Estado que se distingue por la técnica.

Un sistema judicial sin perfeccionamiento en su cúspide depende exclusivamente de la ética individual de sus integrantes, y eso es una apuesta arriesgada. Si la legitimidad del Poder Judicial descansa en la técnica, la Corte Suprema no puede permanecer fuera de los mecanismos de formación continua, no porque sea una solución total, sino porque es un mínimo institucional indispensable.