La impunidad nace en la investigación: el Estado sigue fallando a la niñez

Frente al aumento sostenido de denuncias en nuestro país de abuso sexual infantil, queda planteada una tarea ineludible para el nuevo año que comienza: la revisión profunda del actuar de las instituciones responsables de investigar y sancionar estos delitos. La evidencia disponible demuestra que, en la práctica, no solo se siguen incumpliendo estándares internacionales que obligan al Estado a garantizar el acceso a la justicia y el acompañamiento especializado de niños, niñas y adolescentes, y sus familias, sino que además los propios protocolos institucionales continúan siendo vulnerados de manera sistemática.

Lo planteamos desde la experiencia. Como abogadas comprometidas con la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en cada etapa del proceso judicial, hemos sido parte de causas donde no solo se cuestiona el relato de niñas y mujeres, sino donde se observa una actuación negligente y profundamente deshumanizada por parte de actores clave en la persecución penal, como el Ministerio Público y las policías.

El caso de M da cuenta de esta realidad. Se trata de una joven que hoy tiene 19 años, pero las primeras señales de abuso por parte de un familiar directo comenzaron a manifestarse cuando tenía nueve. La develación ocurrió recién durante una hospitalización psiquiátrica en el sur del país, donde pudo relatar las agresiones sufridas.

Tras ello, se presentó la denuncia ante la Fiscalía de Los Ángeles, se interpuso una querella y se hizo parte la curaduría ad litem que ya la acompañaba en un proceso proteccional previo. Hasta ese momento, la respuesta institucional parecía avanzar en la dirección correcta. Pero lo que vino después evidenció las profundas falencias del sistema.

En la querella se solicitaron diligencias esenciales: la entrevista videograbada de la niña –entonces de 15 años– y la elaboración del perfil psicológico del imputado. La entrevista realizada ante la PDI de Valdivia –porque en la ciudad de residencia de M no existía una Sala Gesell– se perdió. Por su parte el perfil psicológico nunca se practicó, porque –en palabras del fiscal encargado– “iba a demorarse demasiado”.

Tampoco está en la carpeta investigativa el informe del CAVAS de Concepción, ciudad donde debió declarar la niña, debido a que su zona no contaba con un centro especializado. Respecto de la declaración de la profesional que recibió la develación inicial, el fiscal decidió no insistir porque la consideró “irrelevante”.

Sin contar con estos antecedentes, el Ministerio Público asistió a la audiencia de cierre de investigación y expuso argumentos como: “No hubo testigos presenciales”, “la declaración no fue concluyente”, “la fiscalía considera irrelevantes ciertas pruebas” y “ya se informó a Fiscalía Regional”. La causa se cerró. Y el Ministerio Público simplemente se desentendió. La curaduría y la defensa se allanaron.

¿Qué respuesta podemos darle hoy a M después de revivir episodios tan traumáticos en cada declaración? ¿Qué le decimos a su madre, que llamó una y otra vez para exigir información sobre diligencias pendientes, informes extraviados y antecedentes jamás incorporados?

Defendemos con convicción la presunción de inocencia, el debido proceso y una mirada antipunitivista. Pero también creemos, con la misma fuerza, en la perspectiva de género, en los derechos humanos, en las garantías de la niñez y en la obligación del Estado de cumplir los tratados internacionales que ha suscrito.

Y es que el abuso sexual infantil es una realidad devastadora: según estimaciones globales, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres fue víctima antes de los 18 años. Eso equivale a más de 370 millones de personas en el mundo.

En Chile, el panorama es igualmente alarmante. Entre 2018 y 2024 se registraron más de 114 mil causas por abuso sexual infantil, con un aumento del 186% en los últimos años. Solo en 2023 se reportaron 40.361 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Un estudio reciente revela que el 26% de la niñez chilena ha sufrido violencia sexual, cifras difundidas por la prensa nacional con motivo de la conmemoración del Día por la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

El caso de M no es un hecho aislado: está también C, cuya denuncia contra su primo fue descartada por prescripción; H, cuyo agresor falleció antes de ser procesado, dada la larga data del proceso; X, víctima de explotación sexual por un funcionario del propio Sename; y A, a quien el representante legal de la Corporación a cargo de la residencia colaboradora del Servicio de Protección se la llevaba a su casa de campo.

Estos casos revelan una falla estructural. No se trata solo de falta de recursos, sino de una cultura institucional que minimiza, dilata o desatiende investigaciones críticas para la vida de miles de niños, niñas y adolescentes.

Pero mientras observamos estas negligencias del Ministerio Público, no podemos dejar de señalar que no es solo la Fiscalía la que falla. El diseño del proceso penal establece que el juez de garantía es precisamente quien debe –como su nombre lo indica– garantizar que durante la investigación no se produzcan vulneraciones graves, negligencias o actuaciones que comprometan derechos de las partes, en especial de las víctimas.

El juez tiene la obligación legal y constitucional de ejercer un control estricto de la legalidad y razonabilidad de la actuación fiscal, detener actuaciones defectuosas y exigir diligencias mínimas cuando la inactividad del Ministerio Público amenaza con dejar a una niña en absoluta indefensión. 

Sin embargo, en la práctica, ese rol se diluye: en lugar de poner un alto frente a omisiones evidentes, deviene en un vigilante formal, pero no efectivo, de las garantías que debería resguardar, terminando por refrendar con su inacción, investigaciones incompletas o marcadas por negligencias. Cuando quienes están llamados a proteger –Fiscalía, policías y también el tribunal de garantía– se limitan a observar sin corregir, el sistema entero deja de ser una vía de justicia y se convierte en un engranaje que permite que la impunidad se reproduzca.

Chile ha avanzado en legislación, pero la deuda es enorme. Y mientras no existan respuestas efectivas, diligencias rigurosas y un compromiso real de parte de los actores del proceso con las víctimas, seguiremos sumando historias como las de M, C, H, X y A, que deberían estremecer a cualquier Estado que pretenda llamarse garante de derechos.