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El fin de la democracia
Podemos y debemos condenar dictaduras. Pero no podemos hacerlo abrazando prácticas que destruyen el derecho internacional y legitiman el colonialismo. La democracia no se defiende traicionándola. Se defiende con límites, con instituciones, con valores universales aplicados sin doble estándar.
La democracia mundial no se está cayendo “de golpe”. Se viene desfondando hace varias décadas, a plena vista, y no lo digo en forma retórica: lo estamos viendo en vivo y en directo. Lo de Venezuela, al iniciarse el año 2026, no es un episodio aislado, sino el resultado de un proceso largo, que se fue normalizando paso a paso: la erosión de la representación, el desgaste de los límites institucionales, la intolerancia como modo de estar en el mundo y el reemplazo del debate por el insulto, por el “tú eres enemigo” antes de escuchar una sola idea.
Durante años, los grandes liderazgos democráticos se fueron convirtiendo en administradores de una agenda que mucha gente sintió lejana. Un lenguaje de expertos, de tecnócratas, muchas veces correcto en la forma, pero cada vez más desconectado de lo que de verdad exprime la vida cotidiana a la gran mayoría. Y así se instaló, en Estados Unidos y en casi todas partes, una sensación que la gente repite con rabia: existe una casta. Una élite que se reproduce, que se protege, que se reparte poder, que se habla entre sí, y que al final termina convencida de que “representa” aunque nadie se sienta representado.
La gente se saturó de no verse reflejada en nadie. Y cuando una sociedad llega a ese punto, queda abierta la puerta a lo peor: a la idea de que, si las instituciones “no sirven”, entonces cualquier atajo vale. Ahí empieza el verdadero fin. Cuando el método deja de importar. Cuando el fin pasa a justificar cualquier medio. Y cuando eso ocurre, lo que se derrumba no es un gobierno: es el piso completo.
En ese contexto, Estados Unidos –que por décadas se vendió como aliado natural de Europa y como garante de la democracia liberal, del derecho internacional, de los derechos humanos– cambia de rol. Ya no quiere ser “defensor” de nada; quiere ser un poder transaccional: premio y castigo, amenaza y negocio. Y esto se vuelve todavía más grave cuando el enorme poder de la presidencia estadounidense –un poder que nunca fue concebido para que lo use alguien que desprecia los límites– queda en manos de un liderazgo que cree que la ley es un estorbo.
El antecedente está ahí, y no se puede minimizar como si fuera una anécdota: el desconocimiento del triunfo de Biden y la sombra del asalto al Capitolio. Aquello no fue solo un bochorno institucional, fue una señal de algo muchísimo más profundo: cuando un sector decide que los resultados electorales valen solo si le favorecen, ya no está compitiendo dentro de la democracia, la está desarmando desde dentro. Y si te acostumbras a eso, después ya nada te parece demasiado.
Después viene lo siguiente, que es casi peor, porque tiene cara de “técnico”, de “económico”, de “administrativo”: si los acuerdos no valen, nada vale. Estados Unidos eleva aranceles, presiona unilateralmente, actúa como si tratados, compromisos y reglas fueran opcionales. El mensaje es brutal: los contratos rigen mientras no incomoden al poder. Y cuando el poder se acostumbra a saltarse reglas en comercio, tarde o temprano se las salta también en política, en soberanía, en seguridad.
Lo de Venezuela marca un punto de quiebre. Mucha gente puede sentir alivio cuando cae un dictador que ha hecho sufrir a su pueblo por años. Ese alivio es humano, es entendible. Pero cuidado: no puede volvernos ciegos, porque la forma importa. Si el método para “sacar” a un dictador es la imposición, la arbitrariedad, el arreglo diseñado desde afuera, lo que se instala no es “la democracia”: lo que se instala es la idea de que manda el más fuerte, y punto.
Y lo peor es el precedente. Se instala una lógica colonial sin vergüenza: “Si no me gusta tu gobierno, lo boto”; “si tu territorio me interesa, lo administro”; “si tus recursos son estratégicos, los aseguro”. Por eso la imagen del proconsul romano (hoy vicepresidente) no es exageración: el poder imperial designa administradores para territorios “pacificados”, “reordenados”, “intervenidos”. No es retórica: es un modelo. Gobernar desde fuera. Imponer desde arriba. Administrar desde el interés del más fuerte.
Quien crea que de esto se trata la democracia, se está engañando. El sufrimiento del pueblo venezolano –que ha soportado años de tiranía– corre el riesgo de ser usado como excusa. Muy rápido se van a dar cuenta de que el centro de la ecuación no es la libertad del venezolano común: es el control político, económico y estratégico del territorio y de sus recursos. Y eso, otra vez, no es un detalle: es la diferencia entre solidaridad y colonialismo.
Este derrumbe de límites no se ve solo en Venezuela. Se ve también en el modo en que el mundo tolera violaciones según quién las cometa. El genocidio en Gaza es el símbolo más duro de la pasividad –o el cálculo– de la comunidad internacional: se discute, se declara, se “lamenta”, pero el pacto moral y jurídico que supuestamente existía se desmorona. Y Ucrania muestra la otra cara del mismo problema: la invasión y la guerra como herramientas relativizadas cuando conviene, o condenadas con fuerza cuando no conviene. Al final, el mismo patrón: doble estándar.
Si el derecho internacional se aplica selectivamente, deja de ser derecho. Se convierte en propaganda.
En América Latina el peligro es doble. Primero, porque somos una región rica en recursos y, por lo mismo, siempre tentadora para quienes miran el mapa como inventario. Segundo, porque este clima empuja a los países a alinearse como si no existiera tercera vía, como si soberanía fuera elegir amo. Y eso nos fractura: bloques, presiones cruzadas, dependencias humillantes, conflictos que se incuban rápido.
Además, esta época premia a quienes aprenden la lección equivocada: “Si la democracia estorba, se fuerza”; “si la Constitución prohíbe, se interpreta hasta quebrarla”; “si las instituciones molestan, se las amenaza”. La democracia queda como decoración, y el poder como único argumento. Y cuando eso se vuelve normal, ya estamos en otra cosa.
Chile no está al margen. Al contrario: la brecha interna se agranda cada día y se llena de agravios. De un lado estaremos quienes rechacemos cualquier alineamiento de Chile con proyectos que normalizan la violación del derecho de los pueblos, ya sea por intervención, ocupación, castigo colectivo o desprecio de la soberanía. Condenaremos la coordinación con la ultraderecha internacional cuando esa coordinación implique relativizar valores universales, como si fueran un lujo.
Del otro lado estarán quienes no creen en esos valores –o quienes los consideran prescindibles– y que, con una imprudencia peligrosa, salieron a declarar apoyos incondicionales, como si el poder sin límites fuera una herramienta “neutral” que mañana no se vuelve contra cualquiera.
Y esa es la tragedia: mientras discutimos bandos, se rompe el suelo común. Respeto, verdad, decencia. Y una democracia sin suelo común se vuelve frágil, resentida, agresiva, incapaz de sostenerse.
Podemos y debemos condenar dictaduras. Pero no podemos hacerlo abrazando prácticas que destruyen el derecho internacional y legitiman el colonialismo. La democracia no se defiende traicionándola. Se defiende con límites, con instituciones, con valores universales aplicados sin doble estándar, y con una política exterior que no sea ni servil ni fanática: soberana, coherente y humana.
Porque si aplaudimos el atropello cuando nos conviene, mañana no tendremos palabras –ni derecho– para denunciarlo cuando nos toque.
Como alguien dijo por ahí hace mucho tiempo: el imperialismo es el capitalismo en su fase superior monopolista y parasitaria.
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