Por qué Chile debe simplificar su sistema electoral

En las recientes elecciones parlamentarias de 2025 vimos un fenómeno que debería preocuparnos muchísimo más de lo que aparece en el debate público: la explosión del voto inválido (nulos y blancos). No se trata de un ruido estadístico ni de un dato para mirar de reojo. Es, en cambio, un síntoma de algo más profundo: nuestro sistema electoral está empujando sistemáticamente a ciertos grupos de la ciudadanía a equivocarse o simplemente a no querer votar. Y eso, en una democracia que aspira a la igualdad política, es un problema mayúsculo.

Partamos por los hechos. La primera figura muestra el porcentaje de votos inválidos en las tres elecciones que tuvimos simultáneamente el 16 de noviembre del 2025: presidencial, senadores y diputados. La diferencia es evidente. Mientras en la presidencial los votos inválidos fueron apenas un 3,7%, en senadores subieron a 17,3% y en diputados alcanzaron un 20% (más de 2.6 millones de votos). ¿Qué cambia entre una elección y otra? No el elector, no el momento político, ni las reglas de obligatoriedad del voto. Cambia la complejidad del sistema electoral.

La elección presidencial es extraordinariamente simple: una papeleta, una lista de nombres (todos conocidos), una selección y gana el que saca más votos. En la elección de senadores y diputados, en cambio, las y los votantes se enfrentan a una verdadera carrera de obstáculos. 

A diferencia de un sistema D’Hondt estándar –donde el votante simplemente escoge un partido y la fórmula reparte los escaños de manera transparente–, el sistema chileno introduce dos capas adicionales que vuelven el proceso mucho más difícil de comprender: los pactos y subpactos.

En la práctica, esto implica que el voto por un candidato individual primero se suma a un subpacto, luego a un pacto, y solo después entra a la competencia por escaños. En otras palabras, la preferencia del votante pasa por tres filtros sucesivos antes de traducirse en representación. Este procedimiento resulta sumamente engorroso: no es evidente qué candidaturas cooperan entre sí, qué partidos compiten dentro de una misma lista, ni cómo un voto por un candidato contribuye, o no, a que otros salgan electos. Esa opacidad genera un desincentivo adicional para participar en elecciones parlamentarias: si no se entiende hacia dónde va el voto, la motivación para votar disminuye, y aumenta la probabilidad de error.

El resultado es un sistema donde la complejidad institucional se convierte en una barrera para la expresión efectiva de la voluntad ciudadana. Es un sistema pensado para partidos y operadores con experticia electoral, no para ciudadanos enfrentados a una única elección parlamentaria cada cuatro años.

Pero la complejidad en sí misma no sería un problema democrático si sus costos se distribuyeran de manera uniforme en la población. Si todos invalidaran por igual, el perjuicio sería estadístico, no político. Sobre este punto la evidencia internacional es clara: se ha demostrado que la complejidad del sistema electoral aumenta desproporcionadamente los costos cognitivos del acto de votar y lo hace especialmente entre personas con menor educación. En contextos de voto voluntario esto suele traducirse en abstención. En contextos de voto obligatorio –como el chileno actual– se traduce en un aumento explosivo del voto inválido. 

El Gráfico 2, que compara pobreza multidimensional y voto inválido en la elección de diputados de la última elección, es claro. En las comunas urbanas y mixtas, a mayor pobreza, mayor voto inválido. Una relación consistente y políticamente preocupante.

¿Por qué ocurre esto? Una explicación bastante simple, respaldada por múltiples estudios, es que las zonas urbanas pobres concentran una serie de desventajas simultáneas: niveles más bajos de educación formal, menos recursos informativos y menos tiempo disponible para comprender sistemas complicados. Son justamente las condiciones donde los costos cognitivos del voto más golpean. Y en sistemas complejos, esos costos no son triviales. 

La buena noticia es que este fenómeno no es inevitable. La evidencia comparada muestra que cuando los sistemas electorales son simples –papeletas claras, listas cerradas, menos alternativas, sin sistema de pactos y subpactos intrincados–, las brechas se reducen drásticamente. Chile ya tomó la decisión de pasar al voto obligatorio, por lo que amplió a la fuerza el universo electoral. Pero no basta con obligar a la gente a ir a las urnas; hay que permitirle votar bien. Simplificar el sistema electoral no es un capricho técnico: es una urgencia democrática.