Gestionar el envejecimiento no basta

En Chile se ha instalado con sorprendente naturalidad la idea de que el envejecimiento es algo que debe “gestionarse”. La expresión circula en documentos técnicos, en debates presupuestarios y en el lenguaje cotidiano de la política pública. Es una idea que suena eficiente, razonable, moderna. Pero encierra una mirada profundamente limitada sobre uno de los cambios más relevantes de nuestra época.

El envejecimiento no es una contingencia administrativa ni un problema sectorial. Es un proceso vital que atraviesa a toda la sociedad y que redefine, de manera estructural, la forma en que entendemos el desarrollo, la cohesión social y la vida democrática. Cuando lo reducimos a una cuestión de gestión, incluso bien intencionada, lo que hacemos es evitar la pregunta de fondo: ¿Qué lugar le damos a la vejez en nuestro proyecto de país?

Desde esta lógica, las políticas tienden a ser defensivas. Se concentran en contener riesgos, administrar costos y responder cuando los problemas ya están instalados. Pensiones, salud, dependencia, cuidados. Todo ello es imprescindible, pero insuficiente. Porque una sociedad que solo gestiona su envejecimiento es una sociedad que no se permite pensarlo como valor, experiencia, ni capital social.

El edadismo opera aquí como una estructura silenciosa. No solo discrimina a las personas mayores; organiza el imaginario colectivo en torno a la juventud, la productividad y la velocidad. Se interioriza tempranamente y se expresa en frases aparentemente inofensivas: “ya no estoy para eso”, “mejor dar un paso al costado”, “a esta edad no corresponde”. Ese edadismo cultural limita la ambición de las políticas públicas incluso antes de que se diseñen.

En este contexto, la reciente aprobación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable representa un avance relevante. Por primera vez se establece un marco de derechos y principios que busca ordenar una política históricamente fragmentada. Es un paso necesario y largamente esperado.

Pero conviene decirlo sin rodeos: la ley es un marco, no una respuesta suficiente. Y no lo será, aun cuando cuente con financiamiento adecuado y una correcta articulación institucional. Porque el desafío que impone el cambio demográfico no se agota en normas, programas ni presupuestos. Exige una transformación más profunda de la forma en que pensamos la vejez y su lugar en la sociedad.

Un país que envejece aceleradamente no puede conformarse con administrar el daño. Necesita políticas que cuiden cuando la autonomía se pierde, pero también que prevengan la exclusión, la soledad y la pérdida de sentido mucho antes. Necesita ciudades pensadas para todas las edades, mercados laborales que no expulsen por edad y sistemas de participación que reconozcan a las personas mayores como actores sociales y políticos.

Gestionar el envejecimiento no basta. Tampoco basta con legislarlo. El verdadero desafío es atreverse a resignificarlo: entender el envejecimiento como un logro civilizatorio que obliga a revisar nuestras nociones de éxito, productividad y valor social.

Tal vez la pregunta decisiva no sea cómo administrar una sociedad que envejece, sino si estamos dispuestos a dejarnos transformar por ella.