La nueva ley de inteligencia de Chile

Pronto tendremos una nueva ley de inteligencia, que modifica y mejora la que viene desde el 2004, pero dicho eso, quiero dejar claro que no vamos a tener disponible un sistema de inteligencia notoriamente más eficiente por varios años más. En esta columna voy a colocar el énfasis en el sistema y su core, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

En un sistema, es la ley la que establece el propósito, como también la forma en que trabaja el sistema y las unidades que la componen. Define qué o quiénes lo manejan, supervisan, y controlan de modo que no se pierda y se mantenga orientado a sus fines. Los recursos, sean humanos o materiales, pueden también estar definidos en la ley, o bien estar normados en una ley o reglamento emitido posteriormente.

Un ex director de la ANI me comentó una vez que la ley 19.974 del 2004 no era una mala ley y que el principal problema de la ANI eran los pocos recursos asignados, con no más de 100 personas en la planta y unos pocos pesos para entregar a inteligencia. A modo de ejemplo, los equivalentes argentinos y españoles de la ANI tienen respectivamente 15 y 50 veces más recursos humanos asignados (no considerando las inteligencias militares y policiales).

Los números hablan por sí solos y tendremos que esperar que los recursos humanos, materiales y tecnológicos sean asignados ya que la nueva ley no se hizo cargo del tema, como tampoco el presupuesto del 2026, la que solo considera para la ANI $10.639.369.000, lo que es aproximadamente $400 millones más que el año 2025 y solo el 0,012% del presupuesto de la República. Con ese presupuesto no podemos esperar grandes cosas.

Vamos por partes analizando lo que sabemos de la nueva ley de inteligencia. Sí, claramente mejora los aspectos de coordinación y uso del sistema. Crea el consejo interministerial al que pertenecen los ministros que tienen responsabilidad por la seguridad nacional (Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Publica), los que proponen al presidente en qué usar el sistema. Junto con ello, crea el comité de inteligencia que administra el sistema, y que está integrado por la ANI, que lo preside, y las direcciones de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, y de las Fuerzas Armadas y Policías.

Aparte de los que participan directamente como parte del sistema, crea el concepto de colaboradores como son la Agencia de Ciberseguridad, Gendarmería, UAF, Aduanas, SII y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo que se amplía en forma positiva los que alimentan y entregan información.

Como es esperable, no entra en mucho detalle en la forma en que se hace inteligencia o contrainteligencia, pero sí dedica mucho texto al cómo se va a controlar lo que se hace, o quiénes son los que pueden autorizar los procedimientos especiales de obtención de información. Es en esta sección, la de las autorizaciones y el control en donde, aparte de lo presupuestario, tengo mis reparos más serios ya que atentan contra la operatividad y efectividad del sistema.

Las solicitudes especiales deberán tener la aprobación de un ministro de la Corte Suprema, lo que es una clara exageración, algo que no he visto ocurra en otros países. Adicionalmente, y aparte de los mecanismos de control interno, le agregamos el control de la Contraloría General de la República (CGR), de los Tribunales de Justicia, y de la Cámara de Diputados. No podemos esperar que el sistema sea muy ágil y efectivo con cuatro niveles de control, siendo que lo normal en toda organización es tener solo dos, máximo tres, uno interno y dos externos, los cuales funcionan de forma tal que no entorpecen el buen funcionamiento y propósitos del sistema.

Lo normal en un sistema de inteligencia de un país desarrollado o en su defecto de uno que pertenezca a la OTAN, es que la supervisión y control sea permanente en lo que se refiere a la operación de los controles internos. Para ser efectivos, estos deben estar incorporados en los procesos operativos, y expost en la forma de auditorías anuales por parte de los reguladores, los que debieran ser la CGR y la Camara de Diputados por la vía de su Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado.

La nueva ley no da muchos detalles sobre las operaciones de inteligencia o contrainteligencia fuera de Chile o de la capacidad de neutralizar o capturar enemigos del Estado fuera de nuestras fronteras, incluyendo terroristas y criminales. Esto es algo que, en algún momento, cuando hayamos superado los fantasmas del pasado, tendremos que discutir y analizar.

Hemos avanzado varios pasos con la modernización de la ley vigente, por lo que debemos ser agradecidos con quienes después de siete años lograron estos avances, pero aún nos queda mucho paño por cortar y recursos por asignar si queremos tener un sistema de inteligencia y contrainteligencia robusto que nos proteja en forma efectiva de las realidades y riesgos del siglo XXI. Chile merece la mejor protección que le podamos dar.

Para más detalles de lo que se espera de un sistema de inteligencia o lo que debe ser capaz de hacer, recomiendo leer el documento adjunto de AthenaLab “Consideraciones generales para la propuesta de un Sistema de Inteligencia en Chile”, del director ejecutivo (I) de AthenaLab John Griffiths, el que fuera presentado recientemente junto con documentos relativos a seguridad nacional y seguridad pública

ESTUDIO | Propuesta para una nueva arquitectura de seguridad para Chile