Sinhogarismo: Aún estamos a tiempo

Mientras Chile cerraba su ciclo político interno, en diciembre de 2025 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que cambia el estándar con el que los Estados deben abordar el sinhogarismo. En esa sesión plenaria, 179 países, entre ellos Chile, respaldaron la resolución que reconoce que la situación de miles de personas que viven en la calle no es una crisis de la asistencia social, sino una urgencia mundial de derechos humanos.

La ONU ha declarado que, tras la pandemia, entiende la falta de hogar no solo como la ausencia de un techo, sino como un proceso de exclusión profunda vinculado a problemas estructurales de los países donde las personas son el síntoma de un sistema que falla.

Chile tuvo un rol relevante en la construcción de esta resolución. En un contexto internacional fragmentado, en que algunos países – como Estados Unidos e Israel- optaron por excluirse, nuestro país impulsó una mirada integral que incorpora vivienda, cuidados, salud mental y comunidad. Ese liderazgo posiciona bien a Chile, pero también eleva la exigencia porque lo más difícil no es firmar el acuerdo sino lo que comienza ahora, en la implementación.

Esta es una herramienta para el nuevo gobierno que asumirá pronto: nuestro país tiene un liderazgo claro en la materia en términos de estructura, innovación e indicadores y, con este documento, se amplían las posibilidades de conseguir apoyos para resolver la situación de calle.

Quienes hoy asumen responsabilidades en las políticas sociales deben elegir: repetir respuestas de corto plazo que ya sabemos que no funcionan, o alinear desde el inicio las decisiones con un estándar validado internacionalmente.

La experiencia comparada, y la historia reciente de nuestro país en esta materia, muestran que cuando el sinhogarismo se aborda desde la urgencia, el control o la criminalización, el problema se desplaza, se encarece y se profundiza.

Desalojos forzados, operativos sin alternativa habitacional y respuestas improvisadas no solo fracasan, sino que generan más daño.

La resolución es explícita en tres puntos. Primero, la necesidad de contar con datos actualizados y desagregados, reconociendo que muchas decisiones siguen tomándose a ciegas. Segundo, la obligación de evitar la criminalización de las personas en situación de calle y protegerlas frente a desalojos abusivos e ineficaces. Y tercero, la urgencia de promover enfoques como Housing first, que parten de la vivienda como base para reconstruir autonomía y comunidad, y no como premio al final del camino.

El nuevo ciclo de gobierno comienza con un activo relevante. Un consenso internacional claro y un prestigio construido en esta materia. Chile ha demostrado que puede ser un miembro responsable de la OCDE y, simultáneamente, un líder en justicia social. No es ideológico. Es una constatación basada en evidencia y experiencia.

No dejar a nadie atrás, principio que Chile ha defendido con fuerza fuera de nuestras fronteras, implica empezar por quienes han sido expulsados de la estructura social más básica.

Las decisiones tempranas importan. Algunas abren caminos sostenibles. Otras cierran posibilidades durante años. Aún estamos a tiempo.