Disparar al mensajero: El riesgo de gestionar la economía digital con leyes del siglo XX

La reciente ofensiva legal de Polla Chilena contra los procesadores de servicios de pago (PSP), bajo acusaciones de asociación criminal y lavado de activos, ha sido interpretada por muchos como una simple disputa de mercado o un intento por proteger un monopolio estatal. Sin embargo, para quienes analizamos la integridad financiera desde el compliance, detrás del activismo judicial se esconde un síntoma mucho más grave: un rezago regulatorio que deja a Chile peligrosamente expuesto.

El problema no es la irrupción de las apuestas en línea, las plataformas de movilidad tipo Uber o Cabify, ni los modelos de car-sharing. El verdadero quiebre radica, a mi juicio, en una brecha de supervisión que permite que actividades económicas masivas operen sin estar integradas en los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).

Mientras las jurisdicciones desarrolladas han resuelto esta cuestión integrando a las plataformas tecnológicas como sujetos obligados, Chile persiste en una ambigüedad que impacta la seguridad del sistema. Hoy enfrentamos una vulnerabilidad cruzada:

1. Incapacidad de fiscalización: La Superintendencia de Casinos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) carecen de herramientas legales para exigir a las casas de apuesta digitales controles de identidad, monitoreo de origen de fondos y reporte de operaciones sospechosas (ROS).

2. Responsabilidad mal delegada: Se pretende responsabilizar a los PSP de una función de “aduana financiera” que la ley aún no define con claridad.

Intentar solucionar este desafío cortando el flujo financiero a través de los PSP es, en el mejor de los casos, un ejercicio de futilidad y, en el peor, una negligencia estratégica.

Como un río desbordado, el flujo de capital no se detiene por decreto. Si se cierran los canales locales regulados y trazables, el dinero simplemente buscará cauces más opacos y difíciles de rastrear: criptoactivos, remesas informales tipo hawala o empresas de fachada transfronterizas fuera del alcance de la autoridad local. Al atacar al mensajero, no eliminamos el riesgo; lo volvemos invisible.

El debate no debe centrarse en cómo prohibir el avance tecnológico, sino en cómo formalizar su cumplimiento. La solución definitiva exige un marco donde tanto las plataformas como los procesadores de pago actúen bajo estándares rigurosos de compliance.

Integración como Sujetos Obligados: Las plataformas de apuestas y nuevos modelos Fintech deben reportar directamente a la UAF.

Rol de Gatekeeper: En lugar de criminalizar a los PSP, el Estado debe sumarlos como un eslabón de control clave en el ecosistema de pagos.

Gestionar el ecosistema del siglo XXI con una mentalidad del siglo XX es una invitación abierta al crimen organizado para explotar nuestras grietas legales.

Atacar a las plataformas que facilitan el acceso al mundo financiero podrá dar titulares efectistas, pero no protege la integridad de nuestra economía. Lo que la fe pública requiere es un estándar de cumplimiento obligatorio que cierre la brecha antes de que la bola de nieve sea imposible de detener. Es hora de dejar de disparar al mensajero y empezar a regular el mensaje.