Comisión verdad y niñez entre presidentes

Los procesos de traspaso de mando son momentos relevantes para la vida democrática de un país. En ellos no solo se transmite la conducción política del gobierno, sino también la continuidad de responsabilidades del Estado frente a su historia y frente a las personas.

En los últimos días, Chile ha sido testigo de tensiones en torno a este proceso de transición. En ese contexto, una conversación pendiente y particularmente importante es el mandato presidencial que está implementando la Comisión Verdad y Niñez.

Esta Comisión fue creada en febrero del 2025 para esclarecer la verdad de las graves violaciones a los derechos humanos que vivieron niñas, niños y adolescentes bajo custodia estatal o en instituciones colaboradoras entre 1979 y 2024. Su mandato se extiende hasta abril de 2027 y forma parte de un esfuerzo institucional por develar y transformar la violencia estructural del Estado que se ejerció en dictadura, democracia y que sigue ocurriendo.

En los últimos meses, cientos de personas han comenzado a acercarse y aportar a este proceso entregando su testimonio. Muchas lo hacen por primera vez, después de años —a veces décadas— de silencio. Cada relato es el inicio de un proceso de reparación y supone un acto de confianza en que el Estado será capaz de escuchar, reconocer y hacerse cargo de lo ocurrido.

El trabajo de la Comisión Verdad y Niñez no se limita a recibir testimonios. También implica avanzar en procesos de reconocimiento, investigación y búsqueda de antecedentes, procesos de participación incidente con organizaciones de víctimas, análisis institucional y elaboración de propuestas de reparación y de garantías para la no repetición.

Por eso, estos procesos requieren continuidad y compromiso de toda la sociedad. No pueden desarrollarse al ritmo de las contingencias políticas ni quedar expuestos a las incertidumbres propias de cada transición. 

Es una gran oportunidad para que el gobierno que termina su mandato y el que lo inicia confluyan en lo que la experiencia internacional muestra: los procesos de verdad solo cumplen plenamente su propósito cuando cuentan con un respaldo claro y continuo del Estado.

La continuidad del trabajo de la Comisión Verdad y Niñez no es una cuestión administrativa ni una discusión entre gobiernos. Es, ante todo, una responsabilidad del Estado con quienes durante años esperaron ser escuchados y reconocidos. También es un deber del Estado chileno que se comprometió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos a crear esta comisión.

Chile ha demostrado en otras etapas de su historia que es capaz de enfrentar con responsabilidad procesos complejos de verdad y memoria. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de hacerlo y debemos estar a la altura de las personas víctimas y sobrevivientes que volvieron a confiar en el Estado.