Nuevo ciclo de conflicto socioambiental

El anuncio del Ministerio del Medio Ambiente sobre la retirada de 43 decretos promovidos por el gobierno anterior (uno de los cuales ya fue retrotraído), incluidos iniciativas de conservación y la creación de áreas protegidas, es más que un ajuste administrativo.

Sin embargo, sobre todo, no es solo un cambio administrativo; es una señal política. Y como cualquier señal en materia ambiental en Chile, sus impactos van mucho más allá de lo técnico. El caso oficial es que la legalidad, pertinencia o consistencia de los instrumentos debe ser revisada antes de su avance en la Contraloría.

Pero en el ambiente político actual el gesto es parte de una narrativa más amplia: el nuevo gobierno está listo para reevaluar y potencialmente enmendar el plan ambiental establecido bajo la administración anterior, especialmente en lo que algunos sectores han descrito como “sobrerregulación” que podría haber frenado las inversiones.

El punto es que cuando se trata de asuntos socioambientales las decisiones no ocurren en el vacío. Se basan en percepciones acumuladas, confianza y narrativas. Y aquí viene la primera respuesta relevante: esta señal reaviva un ciclo de desconfianza entre los actores que llevaron en los últimos años a demandas por una agenda de protección ambiental más estricta. Las ONG, los movimientos territoriales y las organizaciones socioambientales perciben esta decisión no como un proceso de revisión técnica, sino como un retroceso inminente.

Aquí es donde el conflicto comienza a tomar forma, porque lo que se avecina no es solo una conversación legal sobre decretos. Lo que viene es la rearticulación de un ecosistema de actores con experiencia, redes y la capacidad de influir. Y eso también convierte este tipo de decisión en un punto de alineación con la nueva oposición política. La historia reciente sugiere en Chile que en instancias donde los entornos ambiental, territorial y político se fusionan, hay un conflicto muy alto.

El segundo efecto es más bien estructural: el ya tenue vínculo entre inversión y legitimidad social está en juego. Concurrentemente con esta revisión de decretos, el gobierno ha anunciado planes para acelerar los permisos para proyectos estratégicos.

Desde una perspectiva económica, también es claro: desbloquear la inversión. Pero esto podría leerse a través de una lógica territorial, interpretando el mensaje como priorizar el crecimiento sobre la protección. Esta intersección es especialmente sensible en casos concretos como el del Lago Villarrica, donde se debaten medidas de contaminación y otras de protección ambiental. No solo las consecuencias regulatorias, un posible retraso en una revisión o nombramiento de instrumentos relacionados con esos territorios, tienen su efecto, también acecha una implicación simbólica en la que se introduce la idea de que las reglas pueden ser alteradas o diluidas. Y en los conflictos socioambientales, la incertidumbre es combustible.

El tercer elemento es el más estratégico: la escalada del riesgo. El gobierno no puede evitar dejar espacio para que otros actores escriban una historia sobre el significado de estas revisiones más allá de lo técnico. Y los marcos interpretativos tienden a radicalizarse en ese vacío. Así que lo que podría haber sido una revisión administrativa se convierte en un catalizador político.

En resumen, retirar estos decretos es abrir un nuevo capítulo. No necesariamente de más o menos regulación, sino de disputas sobre el significado de esa regulación, en las que no solo está en juego el futuro de proyectos o territorios específicos, sino también cómo Chile equilibra el desarrollo con la institucionalidad ambiental. Porque en este tipo de decisiones, la sustancia importa. Pero la narrativa a menudo da forma al conflicto.