Daño a la credibilidad del gobierno por caso acreditaciones preocupa a La Moneda
En el centro del revuelo por las acreditaciones “truchas”, otro ministro del gobierno de Piñera vuelve a ser cuestionado. Ya no se trata solamente de una serie de e-mails que lo vinculan a la contratación de Luis Eugenio Díaz en Gendarmería, sino que reflota su vínculo con la inmobiliaria Gaudí S.A y su relación con la Universidad Autónoma. Ayer, los presidentes de la FECh y FEUC presentaron una solicitud para que la Contraloría investigue al secretario de Estado.
No solamente los correos revelados entre el ministro Teodoro Ribera y el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, han abierto un nuevo flanco para el titular de Justicia.
Los presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Andrés Fielbaum y de la Universidad Católica (FEUC), Diego Vela, pidieron a la Contraloría investigar la posibilidad de que el ministro de Justicia estuviera relacionado con algún tipo de lucro en la Universidad Autónoma, específicamente a través de la Inmobiliaria Gaudí S.A. “Con profundo interés le pedimos esclarezca la preocupante situación que le comunicamos y que conjuntamente con ello, pueda informar al país del resultado de su indagación. Esta investigación es necesaria, pues la información relevante es de carácter privado y, por lo mismo, de acceso restringido a la comunidad”, señala la carta de los estudiantes.
En medio del escándalo de las acreditaciones, se vuelven a unir dos temas cruciales que han venido saliendo como pus desde 2011: la calidad de la educación en Chile y el lucro.
El escrito presentado por los estudiantes ante la Contraloría señala que “en relación al Ministro Teodoro Ribera, sabemos por su declaración de interés, de 19 de julio de 2011, que colabora con la institución de educación superior conocida como Universidad Autónoma de Chile. En la cual ejerció como Rector hasta asumir la cartera ministerial, período en que se acreditó dicha institución y que actualmente se encuentra cuestionada por las irregularidades hoy conocidas respecto a la Comisión Nacional de Acreditación”. El mismo documento agrega que “sabemos también por la declaración de patrimonio del mismo, de 28 de julio de 2011, que el Sr. Ministro es dueño del 10 % de la Inmobiliaria Gaudí, Sociedad Anónima Cerrada, en la cual participaría también el Sr. Teodoro Ribera Beneit, padre de Teodoro Ribera Neumann”.
Una nota publicada por El Mostrador reveló que el año 2009, la Autónoma fue la tercera universidad con mayores ganancias de todo el sistema.
Asimismo los estudiantes mencionan otro dato: “En el sitio de la Municipalidad de San Miguel es posible encontrar un contrato que data de Julio del 2010, entre el municipio y la Inmobiliaria, a partir del cual se entregaban una serie de becas a estudiantes de la UA, utilizando para ello a la Inmobiliaria Gaudí como intermediaria, cuestión que pone de manifiesto la relación directa entre dicha sociedad y la Universidad”.
La Autónoma del Sur se fundó en 1989. Según el libro “El Negocio de las Universidades” de María Olivia Monckeberg, la universidad partió en una casa en la calle Phillipi de Temuco, donde recibían clases de Derecho cerca de 100 alumnos y otros 45 de Ingeniería Comercial. Las asignaturas se impartían en unos pabellones prefabricados instalados en el patio.
En 1993 la Universidad se trasladó a una propiedad en calle Porvenir 580 con un paño de 15.000 m2 que fue comprada por la Inmobiliaria Teodoro Ribera, la sociedad de negocios fundada por el padre e integrada por su familia. El precio: 19 mil UF, según los datos que Monckeberg recopiló en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco.
Esta propiedad era arrendada por la inmobiliaria a la Universidad, que invirtió en remodelaciones y mejoras. Luego en 1997, la inmobiliaria dividió el terreno en seis paños. El más grande lo vendió en UF 67.000. Luego, otros cuatro que sumaron 11 mil UF. En dinero de la época, unos mil 400 millones de pesos.
Todos fueron vendidos a la compañía Seguros de Vida la Construcción, que luego las arrendó a la Universidad.
Según el libro de María Olivia Monckeberg, en 2001 siguió el negocio con el terreno donde funciona la Universidad en Temuco. La inmobiliaria vendió más de 6 mil 400 metros del mismo terreno a la compañía Seguros Ise las Américas. En total, el sitio que fue comprado en 19 mil UF significó ganancias para la familia que forma parte de la inmobilaria —incluido el actual ministro de Justicia—, de 115 mil UF. Más de dos mil millones de pesos.
En 2003 la Inmobiliaria Teodoro Ribera pasó a llamarse Inmobiliaria Gaudí “continuadora de la Inmobiliaria Teodoro Ribera”, según el registro notarial citado por Monckeberg. En Inmobiliaria Gaudí participan los hijos de Teodoro Ribera Beneit, incluyendo el ministro, quien lo consigna en su declaración de patrimonio.
Todas estas propiedades fueron traspasadas nuevamente a la Universidad en el proceso para conseguir su acreditación, que finalmente se materializó totalmente en 2010, y hasta 2015, justo cuando el cuestionado Eugenio Díaz era presidente interino del CNA. Díaz, durante noviembre de 2011 y hasta abril de 2012, trabajó a honorarios para el Ministerio de Justicia elaborando informes para Gendarmería.
Hoy, la Universidad Autónoma tiene sedes en Temuco, Santiago y Talca. Con nueve mil alumnos y el año pasado fue la tercera en ganancias con $11.796 millones.
No es la primera vez que los estudiantes llegan hasta la Contraloría para pedir que se investigue la vinculación con el lucro de algún ministro. En septiembre de 2011 fue el turno del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet. Ante el organismo, estudiantes de la Confech pidieron que se declarara la inhabilidad del secretario de Estado por “existir conflicto de interés para ejercer su cargo, al ser uno de los dueños de la Universidad del Desarrollo (UDD)”.
Los cuestionamientos por el tema del lucro estaban en un peak y la relación de Larroulet con la UDD no pasaba inadvertida, un vínculo que se remontaba a su fundación en 1990.
Antes de eso, las quejas cayeron sobre Joaquín Lavín, también fundador de la misma universidad y cuyos cuestionamientos se referían a la Inmobiliaria Ainavillo. “El contralor le dio 10 días de plazo y nosotros además de demostrar su desvinculación le exigimos que mostrara los balances de la universidad y la sociedad, cosa necesaria para descartar lucro. Esto último no lo hizo, pero igual a las dos semanas lo sacaron del Mineduc”, recuerda el entonces vicepresidente de la FECh, Francisco Figueroa.
“Hemos visto que en estos dos años el gobierno ha dado la espalda al movimiento estudiantil, ha negado la existencia del lucro y ahora se ha comprobado que existe. Ahora está negando que hay personas de gobierno que estén involucradas en estos asuntos. Nosotros creemos que la respuesta y la solución tiene que estar de cara a los estudiantes, de cara a la ciudadanía y no responder a intereses privados, corporativistas o de conflictos de interés”, enfatizó Vela, después de hacer la petición en Contraloría. El dirigente de la FEUC agregó que “el llamado es a comprender que lo que pasó en la Universidad del Mar no es un caso aislado. Ya hay evidencia de que son más de 10 universidades, porque estamos insertos en un sistema que lo que busca es que la educación sea entendida como un negocio y no como un derecho al cual todos podamos acceder”.
El escándalo está en el centro de la calidad de la educación que ha fraguado Chile. Es por eso que los estudiantes intentarán que el ministro Harald Beyer “fije una posición concreta respecto al tema”, señala un dirigente.
Los cuestionamientos en esa cartera también apuntan al jefe de la división de Educación Superior, Juan José Ugarte, quien ha sido cuestionado según un informe de la Contraloría por asistir solamente al 30 % de las reuniones en la Comisión Nacional de Acreditación. El ex secretario ejecutivo de esa entidad, Patricio Basso, incluso afirmó que las “ausencias de Ugarte pudieron cambiar acreditación de la U. del Mar”.
Es por todo esto que Figueroa afirma que si Beyer no le pide a “Ugarte y Ribera que den un paso al costado, pierde peso como autoridad”.
“La mujer del César no solo tiene que serlo, sino que también parecerlo”, dice un antiguo refrán, que se ha transformado en el talón de Aquiles de la defensa cerrada que La Moneda hace de Ribera. En el gobierno hay respuesta y explicación para cada arista del caso entre el ministro y el ex presidente de la CNA, pero lo único que no han podido rebatir ni evitar es que el episodio complique una vez más a la administración Piñera en uno de sus principales flancos débiles: la credibilidad.
En público y en privado se aseguró en La Moneda que sabían de antemano que mientras Díaz hacía el estudio para Gendarmería, el Instituto INCACEA —del cual Ribera es dueño del 7,5 %— estaba en proceso de acreditación. “En este caso el ministro ha actuado en coordinación con ministros del comité político en términos de dar a conocer transparentemente todo lo que él sabe de esta situación”, dijo categórica la vocera de Palacio, Cecilia Pérez.
[cita]En el oficialismo, tanto en el Congreso como en La Moneda, varios reconocen en privado que la situación de Ribera es “delicada” y “compleja”, porque hasta ahora —dicen— los antecedentes que tienen es que efectivamente no está involucrado en nada ilícito, pero el solo hecho de estar envuelto en el escándalo de las acreditaciones, con acusaciones de cohecho de por medio “rayan su imagen” y lo deja en la cuerda floja ante los ojos de la opinión pública. Inevitablemente, agregan, eso mancha al gobierno y al Presidente.[/cita]
Es más, antes de reiterar que Ribera mantiene la confianza del Presidente, Pérez agregó que el ministro “cuando asumió se desligó de todos sus cargos administrativos de la Universidad Autónoma y del Incacea, desde ese minuto dejó de tener conocimiento de lo que en ese sentido sucedía (…) no tengo por qué dudar de lo que él ha señalado”.
La estrategia de blindaje para tratar de apagar el incendio que ha generado este caso sigue a firme en La Moneda, pero eso sí, se va afinando día a día. Si el martes la orden del día era remarcar la transparencia del ministro y mandarlo a hablar abiertamente con la prensa del caso, ayer pasó además por recalcar que estaban en pleno conocimiento del dato del Incacea y que, por tanto, no hay antecedentes nuevos que realmente demuestren que haya incurrido en alguna irregularidad.
Pero también se trata de mantener a raya el tema, que no escale y por tanto, bajarle el perfil. En ese contexto, el propio Ribera ha hecho gestiones para que la situación no reviva rencillas pasadas en la Alianza y con ese tenor habló telefónicamente el martes con los timoneles de la UDI, Patricio Melero, y de RN, Carlos Larraín.
No deja de llamar la atención el silencio que ha imperado en la Alianza sobre este tema, especialmente en el gremialismo, que en otros casos ha levantado la voz públicamente para criticar la defensa cerrada de la que gozan algunos RN en el gobierno, en circunstancias que no ha existido –según ellos– el mismo cierre de filas para varios de los suyos que salieron por la puerta de atrás.
Al respecto, en el propio gobierno algunos recuerdan que el tema de las universidades privadas hay más de un tejado de vidrio y que Ribera no es el único que ha tenido que dar varias explicaciones, como le sucedió no hace mucho al ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín por sus vínculos con la Universidad del Desarrollo.
Está claro que la premisa para La Moneda es “capear la tormenta” y por lo mismo, están estirando el elástico todo lo posible para ello. Ayer salió a la palestra el director de Gendarmería, Luis Masferrer (UDI), que aseguró que fue Ribera quien “me presentó el currículum (de Díaz) y me dijo ‘qué te parece’. A mí me pareció que era la mejor persona que teníamos en ese momento, particularmente por su vinculación con el Instituto Nacional de DD.HH”.
No fue una declaración casual y fue bien evaluada en Palacio, porque reafirmó la versión de Ribera y además también avala que la decisión de contratar a Díaz para el estudio en Gendarmería fue basada en su trayectoria y perfil y no en vínculos cuestionables.
Esta semana lo que más se ha escuchado en Palacio son frases como “yo le creo a Teodoro”, “lo conozco hace años”, “la está pasando mal”. Se sabe que Ribera tiene un peso político como pocos en el gobierno, no sólo por su cercanía con el Presidente por ser del “piñerismo duro”, sino que también por los variados y transversales contactos a nivel parlamentario sembrados en los años que fue diputado durante la década del 90: “Esa es una de las partes importante de su red de apoyo”, reconocen en el gobierno.
El peso político es un factor que ha estado presente estos días y más de uno confiesa que Ribera está consciente de tener eso a su favor. No es menor su relación con el Poder Judicial, que si bien no es de excelencia como la que gozaba su antecesor Felipe Bulnes, si cumple a cabalidad con los objetivos que se ha trazado el Presidente Piñera en esta área.
Varios ministros de la Corte Suprema hacen clases en distintas universidades, varias de ellas privadas, pero ninguno en la Universidad Autónoma del clan Ribera. Pero en la Facultad de Derecho en Temuco el cuerpo docente está compuesto por varios ministros de Corte de Apelaciones, jueces, fiscales, ex fiscales militares y abogados destacados de la zona sur del país.
Hay figuras transversales además. Algunos ejemplos. Cuando Ribera dejó la Universidad para asumir como ministro, lo sucedió como rector el ex ministro de Educación de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ernesto Schiefelbein; el ex diputado DC Francisco Huenchumilla hace clases de Derecho Político, y a nivel nacional, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es el abogado Ricardo Israel. En Medicina el decano es Fernando Espina Otero, hermano del senador por la IX Región Alberto Espina.
Ribera fue ayer a la Cámara de Diputados, donde se reunió pasadas las 13:00 horas con uno de sus críticos en este caso, el diputado DC, Gabriel Silber. La cita fue concertada por el propio ministro que lo llamó y ratificada por la ministra Pérez, encuentro en el que estuvo presente Masferrer y en el que se le entregó al parlamentario copia de todos los mails de Ribera con Díaz y documentos varios como el informe que hizo para Gendarmería.
En el oficialismo, tanto en el Congreso como en La Moneda, varios reconocen en privado que la situación de Ribera es “delicada” y “compleja”, porque hasta ahora –dicen– los antecedentes que tienen es que efectivamente no está involucrado en nada ilícito, pero el sólo hecho de estar envuelto en el escándalo de las acreditaciones, con acusaciones de cohecho de por medio “rayan su imagen” y lo deja en la cuerda floja ante los ojos de la opinión pública.
Inevitablemente, agregan, eso mancha al gobierno y al Presidente. Algunos desde la oposición ya hacen ver ese punto: “Es fundamental que La Moneda entregue una muy buena explicación (…) una autoridad de gobierno no puede aparecer contratando o sugiriendo la contratación de un señor que está involucrado en actos de corrupción (…) cuando alguien está envuelto en una situación que significa la pérdida de la credibilidad lo natural y lógico es que dé un paso al costado”, advirtió el senador DC Jorge Pizarro.
