Críticas a la composición de la ONG que debe velar por las buenas prácticas del poder
Fue dirigido entre 2005 y 2008 por Davor Harasic, quien al mismo encabezó una demanda de los bancos contra el SII para mantener el secreto bancario en transacciones internacionales de clientes con cuentas altas. Atravesó por una crisis en 2009 a raíz de un informe en el que se calificó a Piñera como un empresario con conductas poco transparentes, y del que debieron desmarcarse. Y el mes pasado volvió a ser cuestionado por las opiniones de su ex presidente, José Miguel Insulza, sobre las relaciones de Pablo Longueira con empresarios. Mientras en otros países los capítulos locales de Transparencia Internacional poseen un perfil más académico o ligado al mundo de las organizaciones civiles, en Chile ha primado la lógica binominal del empate para dar “transversalidad política”.
Transparencia Internacional (TI) es una de las organizaciones anticorrupción más importantes e influyentes del mundo. Define la corrupción como el abuso de poder para beneficios privados, que perjudica finalmente a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad. De ahí que la organización monitoree a las autoridades de los países en donde está presente, y que además publique anualmente su prestigioso índice de percepción de corrupción.
En muchos países Transparencia Internacional está dirigida por destacadas figuras tanto del mundo académico como de la lucha por los derechos humanos y políticos. No cualquiera llega a formar parte del directorio de un capítulo local de la organización, y más estricta aún es la selección de personalidades para su directiva global, presidida por el abogado peruano José Ugaz, que logró meter presos al ex presidente de su país Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, símbolos de la corrupción en América Latina. Uno de los fundadores de Transparencia Internacional fue nada más y nada menos que Olusegun Obasanjo, primer Presidente de la historia de Nigeria en entregar el poder a un civil electo democráticamente –tras haber asumido Obasanjo de forma interina en medio de una grave crisis política– y destacado luchador contra la endémica corrupción de su país y de toda el África subsahariana.
Chile Transparente , capítulo chileno de Transparencia Internacional, en cambio, ha sido objeto de críticas en varias ocasiones debido al preponderante rol que en su seno tienen figuras venidas de la elite político-empresarial chilena más que del mundo de la defensa de los derechos civiles. El último en hacerlo ha sido el periodista Daniel Matamala, quien en una columna en la revista Qué Pasa, publicada el pasado 15 de febrero, cuestionó la presencia de José Miguel Insulza en la oenegé.
Insulza, ex presidente y hoy director de Chile Transparente, fue duramente cuestionado por Matamala debido a su defensa de las actitudes de Pablo Longueira para con empresarios privados, en el marco de los casos SQM, Penta y Corpesca. El periodista denunció la contradicción que implica que, en una institución como Chile Transparente, alguien con el pensamiento que tiene Insulza respecto de las relaciones público-privadas, ocupase funciones tan preponderantes.
Apuntó a que en la mayoría de los países donde Transparencia Internacional opera, sus cargos principales no son ocupados por políticos en transición mientras aparece un trabajo más atractivo, sino que por destacadas personalidades de la sociedad civil o de la academia, relevantes por su contribución a la transparencia y los derechos humanos. Y eso que no mencionó que Insulza fue el responsable del regreso de Pinochet luego de su detención en Europa, donde todas las agrupaciones de víctimas de los Derechos Humanos esperaban que recibiera el juicio justo que acá no tuvo.
Por ejemplo,el capítulo español de TI está dirigido por destacadas figuras del ámbito académico del derecho, como Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker o Jesús Sánchez Lambás. En Argentina, en tanto, está Poder Ciudadano, capítulo local de TI fundado por personas de diferentes ideologías y que hoy es dirigido por el cientista político experto en campañas electorales Pablo Secchi, teniendo en su directorio a la cientista política Rosario Pavese, y al abogado especialista en derecho internacional público Germán Emanuele, entre otros.
El caso de nuestro país es diferente. En octubre de 2009, El Mostrador publicó un extenso artículo evidenciando las relaciones políticas, empresariales y familiares existentes entre los integrantes de Chile Transparente. Por su directorio y consejo asesor han desfilado empresarios, ex Presidentes de la República, ex ministros de Estado y parlamentarios, reflejando las lógicas de la elite nacional. Dentro de quienes actualmente ocupan un cargo en el directorio de la organización están el ex alcalde de Santiago y animador de televisión Raúl Alcaíno; el ex subsecretario de Lagos, Jorge Correa Sutil; el economista Klaus Schmidt-Hebel; el empresario Juan Carlos Délano; el empresario y ex ministro DC de Vivienda Alberto Etchegaray Aubry.
Otro caso por el que la agrupación ha sido cuestionada es el de Davor Harasic, su presidente entre 2005 y 2008 y hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Harasic es abogado litigante, habiendo defendido a Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano en los casos fraude al FUT y Penta. Mientras fue presidente de la organización, Harasic encabezó junto a Raúl Tavolari una demanda de 22 entidades bancarias en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII). No querían que los bancos chilenos debiesen informar sobre las transacciones internacionales de sus clientes superiores a $10 mil dólares.
[cita tipo= «destaque»]Gonzalo Deleveau, presidente del directorio, defiende el modelo de acuerdos que primó en Chile durante los 90 y los 2000: “No comparto la crítica a cómo se hicieron las cosas antes, porque, con todo respeto, por Dios que avanzamos. Se podrán hacer ajustes pero ha demostrado ser una buena forma de hacer política, con consensos y con acuerdos”.[/cita]
El abogado Gonzalo Delaveau es el presidente de Chile Transparente, y está a punto de finalizar su segundo periodo, tras haber asumido en un contexto de profunda crisis interna. En 2009, en plena campaña presidencial, Transparencia Internacional mencionó directamente en su Informe Global sobre Corrupción a Sebastián Piñera como un empresario que caía en prácticas poco transparentes, ejemplificadas en el uso de información privilegiada al adquirir acciones de LAN. En esa entonces Chile Transparente estaba dirigido por la periodista y ex ministra de Minería de Michelle Bachelet, Karen Poniachik. Tantos cuestionamientos generó aquel episodio, que Chile Transparente solicitó una comisión asesora formada por los abogados José Zalaquett, Enrique Barros –actual presidente del CEP– y Sergio Molina, para que se pronunciaran al respecto. Dicha comisión catalogó como “poco objetiva” y “desequilibrada” la alusión a Piñera en el informe.
Desde aquel entonces la organización ha debido reconstruir confianzas en su interior y se ha esmerado en dar garantías de transversalidad y equilibrio políticos, para evitar que nuevamente se le identifique como simpatizante u opositora de una opción electoral determinada.
Sin embargo, es esa misma búsqueda de transversalidad la que ha llevado a algunos a decir que en Chile Transparente opera una lógica de cuotas binominal, típica del orden transicional. Delaveau no concuerda con esto, y ve en la presencia de políticos de las dos grandes coaliciones una virtud: “Se busca un cierto equilibrio. No puede verse esto como un cuoteo político o bajo la visión de que unos se tapan a otros. Me parece fuera de la realidad, y no refleja cómo ha funcionado esta institución en la práctica, con un solo objetivo: fomentar leyes y principios que conduzcan a avanzar en la transparencia”.
Respecto a la alta presencia de políticos activos o retirados en su directorio, Delaveau dice que “todos están ahí por su experiencia, que no requiere necesariamente estar relacionado con las materias de transparencia y probidad, aunque sin duda muchos lo están”. Ahí pone como ejemplo a José Antonio Viera-Gallo, quien fue presidente de Chile Transparente hasta junio del año pasado. “Sin duda alguna fue de los primeros a los que le tocó gestionar, cuando estaba en la Segpres, una crisis de transparencia. ¡Por Dios que tiene experiencia! Claro, con la realidad de ese momento. Estamos juzgando algunas realidades del pasado con los ojos de hoy día”, dice.
A Delaveau la crítica hecha por Matamala le parece injusta, y sobre el caso particular de José Miguel Insulza opina que “es una opinión particular, que creo que queda mejor reflejada en la columna que escribió después de esa entrevista en La Segunda. Es una opinión política, y obviamente el señor Longueira deberá responder por las irregularidades o ilegalidades que haya cometido. En estas materias nosotros hace años venimos denunciando el excesivo gasto en política y su financiamiento irregular. Nosotros llegamos hace tiempo a las conclusiones que hoy parecen escandalosas al respecto. Publicamos informes, estudios, mucho tiempo antes”.
Otro aspecto es el de la composición del directorio de Chile Transparente que, comparado con otros capítulos locales de TI, posee una mayor presencia de personas venidas del mundo político y empresarial, en desmedro de expertos, académicos y líderes de la sociedad civil. “Cada capítulo local de Transparencia Internacional es autónomo y puede decidir sus criterios de constitución de su directorio. Hay capítulos formados por un personaje, o por cuatro o cinco, acá es una fundación en la cual hay un directorio que debe estar integrado transversalmente. Nosotros después de la famosa crisis, dado que hay veces en que se produce captura de instituciones o que estas se identifican mucho con un determinado personaje, establecimos un sistema rotativo. El directorio es el directorio de una fundación, lo importante es el trabajo del equipo y ese es el verdadero Chile Transparente”, responde.
Delaveau también está preocupado por la visión que se está imponiendo en torno a la actividad política, marcada por la desconfianza y la permanente sospecha. “No sé dónde vamos a encontrar gente, prácticamente necesitaríamos monjes tibetanos. Todos tenemos relaciones, tenemos amigos, familia, trabajo, y podemos tener conflicto de interés. El tema es cómo resolvemos y manejamos en el buen sentido de la palabra ese conflicto”, dice.
También defiende el modelo de acuerdos que primó en Chile durante los 90 y los 2000. “No comparto la crítica a cómo se hicieron las cosas antes, porque, con todo respeto, por Dios que avanzamos. Se podrán hacer ajustes pero ha demostrado ser una buena forma de hacer política, con consensos y con acuerdos. La diferencia es que ahora hay una exigencia mayor de transparencia de parte de la gente, porque antes las cosas se resolvían, no sé si bien o mal, entre cuatro paredes. Hoy día es válida esa política de acuerdos, pero de cara a la ciudadanía”, opina.
Raúl Urrutia forma parte del directorio de Chile Transparente. Militante RN, ex diputado y ex presidente del Consejo para la Transparencia, fue el rector que inició el destape del escándalo en la Universidad del Mar. Su opinión difiere de la de Delaveu y se hace cargo en ciertos puntos de las críticas a la onegé. “La crítica es bastante fundada teniendo en consideración lo que efectivamente sucede en otros países. Sería muy bueno que los miembros del próximo directorio vengan del mundo civil en el sentido de que vengan del mundo académico o de otras organizaciones del ámbito social”.
Más que por su actividad política, Urrutia fue nombrado director de Chile Transparente por su experiencia como presidente del Consejo para la Transparencia durante el Gobierno de Piñera, con quien acabó teniendo una relación más bien tensa. Sobre el caso puntual de Insulza –alguien que como él ha repartido su trabajo entre la política, la academia y el mundo civil–, dice que se hubiera abstenido de opinar de un asunto como el de la relación de Longueira con empresarios privados. “Yo hubiera tratado de abstenerme en una materia como esa. Ahora, él lo ha señalado, sus opiniones las hizo como José Miguel Insulza y a partir de su conocimiento sobre el trabajo que realizó junto a Pablo Longueira años atrás”.
Otro punto en el que Urrutia difiere es en el de reproducir la lógica transicional de transversalidad política. “Lo que hay que hacer es buscar gente del mundo académico y de la sociedad civil. Igual es bueno que haya presencia de ex políticos que hayan tenido participación en temas de transparencia. Pero no estoy de acuerdo con que tenga que haber siempre un empate político dentro de la agrupación. No importa que de repente haya un desbalance en la composición política del directorio, lo que importa es que las personas que estén hagan un aporte a la transparencia en el país en los ámbitos público y privado”.
Urrutia también hace un llamado de atención respecto a la poca claridad en el criterio para designar a los miembros del directorio en la organización. “Yo la verdad es que nunca he tenido mucha claridad de cuál es el criterio para designar a las personas en el directorio. El criterio debería ser que puedan hacer un aporte real a la organización, que tengan experiencia, puede ser que vengan del mundo político o no, pero sean un aporte”, enfatiza.
