Estudiantes temen que beneficio venga amarrado con el CAE
En enero la ministra Delpiano informó que cerca de 80 mil estudiantes de cursos superiores serían beneficiados por la gratuidad, muchos de los cuales se matricularon creyendo que no deberían pagar sus aranceles, pero finalmente cerca de 500 se enteraron de que no recibirán el beneficio y miles supieron que se encuentran “pendientes”, ya que el proceso de asignación no ha finalizado para ningún estudiante antiguo.
Tras una compleja discusión parlamentaria, la aprobación de la gratuidad para la Educación Superior se definió como uno de los principales logros del segundo Gobierno de Michelle Bachelet. “Se dio un paso que hace tres años parecía imposible de realizar”, señaló la Mandataria tras su promulgación.
De esta manera, más de 160 mil estudiantes, pertenecientes al 50% de la población más vulnerable –familias con un ingreso per cápita de hasta $154.166– y que no hayan excedido la duración formal de sus carreras, podrían estudiar gratis en una de las 30 universidades adscritas a la gratuidad. A finales del año legislativo, el 26 de enero, el Mineduc informó que 80.163 estudiantes antiguos “podrán acceder a la Gratuidad, terminando con el endeudamiento y el copago en sus estudios superiores”, los cuales se sumaron a “los cerca de 30 mil estudiantes de primer año que fueron aceptados en alguna de las 30 universidades adscritas a la Gratuidad 2016”.
Miles de estudiantes se matricularon pensando en que “serían beneficiados por la gratuidad”, pero la semana pasada el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, dio a conocer los casos de 160 estudiantes de cursos superiores que habían sido incluidos dentro de los seleccionados en enero y que finalmente no serían beneficiados por la gratuidad, debido a que habían excedido la cantidad de años formales de sus carreras. A ellos se sumaron otros 120 estudiantes de la Universidad del Bío Bío, además de otros casos en universidades como la Utem.
Los distintos actores de la educación aseguraron que esto se debe a la falta de claridad en el proceso y que era un error del Ministerio. Por su parte, la ministra Adriana Delpiano y posteriormente la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, aseguraron que no ha habido errores, sino que era “un proceso complejo” y que «en el caso de cursos superiores quisiera destacar que todo el país está en la fase de preselección”, lo que significa que a ningún estudiante antiguo se le ha asignado la gratuidad.
Además, Quiroga explicó que “los 80 mil estudiantes que dijimos durante el verano que estaban preseleccionados con gratuidad son estudiantes que en función de su información socioeconómica están dentro de los cinco primeros deciles”. Lo que no señalaron en dicha ocasión es que los estudiantes aún no habían pasado la etapa de “preselección”, debido a que su información académica no estaba disponible, por lo que sus casos estarán en proceso hasta el 27 de abril, fecha en la que entregarán los primeros resultados.
El rector Durán explicó que el número de estudiantes en esta situación disminuyó a los 134, luego de que el ministerio se diera cuenta de que había algunos casos con excepciones académicas. Asimismo, sostiene que estos problemas son una señal de que la gratuidad ha sido un proceso “inconsistente” y con falta de claridad, “ha presentado dificultades y se ha entregado muy poca información, eso ha redundado en que la gente mire con desconfianza”. Explicó además que “el ministerio no ha usado protocolos tan claros, ha habido una elaboración que se ha hecho en el camino”, lo que ha significado un gran problema para las universidades como la UCM, en la que los beneficiados podrían llegar casi al 54% de la matrícula.
Por su parte, la presidenta de la Fech, Camila Rojas, criticó la respuesta entregada por el Mineduc. “La gratuidad se postula igual que una beca y aun así el gobierno no es capaz de desarrollar bien el proceso de acreditación, es una falta de respeto que digan que es un proceso complejo”, apuntó. “El gobierno y el ministerio quisieron dar un gran anuncio y no fueron suficientemente claros, a todo Chile se le dijo que eran beneficiarios, cuando aún no acababa el proceso de selección”, recalcó.
El proceso de asignación de la gratuidad cuenta con cuatro etapas: postulación, preselección, asignación y apelación. Actualmente ya hay estudiantes nuevos a los que se les asignó la gratuidad y solo faltan los resultados de la apelación –cuyo plazo cerró el jueves pasado–, pero hasta el momento son alrededor de 30 mil los beneficiados. En cambio, los estudiantes de cursos superiores aún no han pasado de la etapa de preselección y actualmente el Mineduc está cruzando los datos socioeconómicos con los académicos para anunciar a los asignados el 27 de abril.
Dentro de los estudiantes antiguos en “preselección” hay un grupo que se encuentra en estado “pendiente”, sobre los cuales no hay certeza de cuántos son realmente, pero su estado significa que los datos socioeconómicos entregados por ellos, en el momento en el que ingresaron a estudiar, no coinciden con los recogidos por el Ministerio de Desarrollo Social, división que lleva el nuevo proceso de acreditación socioeconómica.
Según explicaron en el Mineduc, desde enero las universidades saben que deben hacer una “reacreditación socioeconómica” de estos estudiantes pendientes, y deben entregar dicha información el próximo 10 de abril al ministerio. Para ello se abrió una plataforma el 14 de marzo de 2016. El problema de esto, plantean algunos rectores, es que el tiempo para realizar la reacreditación es muy poco y además dudan de la capacidad del Mineduc para procesar estos datos, teniendo en cuenta que pueden ser en promedio mil estudiantes por cada institución adscrita y hasta algunas de ellas evalúan la posibilidad de retrasar la entrega de estos datos ante la falta de tiempo.
Desde la Universidad Tecnológica Metropolitana señalan que los casos en proceso de reacreditación socioeconómica llegan a los 1.749 y que “estos alumnos de cursos superiores, deberán ser informados el día 8 de abril al Mineduc”, junto a su matrícula, avance curricular y duración de su carrera.
Daniel Gedda, presidente de la Feuc, explica que a mediados de marzo la Pontificia Universidad Católica inició el proceso de reacreditación socioeconómica de al menos 2.300 estudiantes, “los que prácticamente son el 10% de la matrícula de la universidad y se les dio seis días para recopilar la información y tener una entrevista con los asistentes sociales. Allí fue cuando, como Federación, junto con la Consejería Superior, iniciamos un sistema de consulta para censar a los estudiantes que estaban teniendo problemas con la gratuidad”.
En la UCM estos casos alcanzan a los 1.017, cantidad que –según el rector Durán– es difícil de reacreditar en menos de un mes, “porque uno no tiene una gran cantidad de personal y de recursos como para hacer expedito el proceso”. Además, explicó que “como institución no contamos con la base de datos que tiene el Estado” y que con la única herramienta con la que cuentan las instituciones es el Formulario Único de Acreditación (FUAS), “el que al parecer no es el más importante para el Mineduc”.
Otra situación detectada por los distintos actores es que “muchos estudiantes que fueron matriculados como beneficiados por la gratuidad o posible beneficiario, no tienen claridad de si deben pagar o no su matrícula, otros han dado por hecho que estudiarán gratis, pero si finalmente no acceden a la gratuidad esto podría significar deserción y complicaciones financieras para sus familias”, explica Daniel Gedda. En cuanto a este punto, el rector de la UCM indicó que “el beneficio de la gratuidad viene programado” y que hay distintas modalidades de “compromisos” o formas de pago de la matrícula al interior de la universidad: “Efectivamente en todo este proceso hay un proyección de lo general que se debe ajustar a lo real”, agregó.
La subsecretaria Valentina Quiroga explicó, la semana pasada, que no ha habido un retraso en la entrega de los beneficios, en comparación con los años anteriores, ya que los procesos de acreditación y la entrega de los recursos siempre finalizan entre los meses de mayo y junio. Además recalcó el compromiso que hizo el Mineduc con las IES, de entregar recursos de la gratuidad a las instituciones en febrero, lo que según Durán ha ocurrido en parte: “No cumplió con el 50% prometido, pero sí lo está haciendo”, explicó.
[cita tipo=»destaque»] Según explicaron en el Mineduc, desde enero las universidades saben que deben hacer una “reacreditación socioeconómica” de estos estudiantes pendientes, y deben entregar dicha información el próximo 10 de abril al ministerio. Para ello se abrió una plataforma el 14 de marzo de 2016. El problema de esto, plantean algunos rectores, es que el tiempo para realizar la reacreditación es muy poco y además dudan de la capacidad del Mineduc para procesar estos datos, teniendo en cuenta que pueden ser en promedio mil estudiantes por cada institución adscrita y hasta algunas de ellas evalúan la posibilidad de retrasar la entrega de estos datos ante la falta de tiempo.[/cita]
Según Carlos Vergara, Secretario General de la Feuv y vocero Confech de la Quinta Región, otro foco que ha generado conflicto con el proceso de tramitación de la gratuidad es la entrega de la Beca de Mantención para la Educación Superior (BMES), la que consiste en 18 mil pesos mensuales que son entregados solo a estudiantes de cursos superiores, ya que no viene asociada a la gratuidad para los estudiantes nuevos.
El dirigente señala que tras conversaciones con la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la Universidad de Valparaíso, se les explicó que “hay distintas problemáticas en torno a la asignación de la gratuidad”, una de ellas es no tener la claridad de cuándo se entregará la BMES, “principalmente porque el Mineduc no ha sido claro a la hora de dar los plazos. No sé si será la realidad de la universidad pública, pero nunca habíamos tenido la incertidumbre de esperar hasta mayo y tampoco tenemos certezas de si va a ser retroactivo”. En el caso de la UV son alrededor de 4 mil estudiantes que eran beneficiados con la Beca Bicentenario, los mismos que a finales de marzo iniciaron un proceso de reacreditación para ver si son beneficiados por la gratuidad.
Un último nudo que queda abierto, según Daniel Gedda, es la forma en que se financiarán los años en los que se excedan los estudiantes en sus carreras. “No tenemos total seguridad, se lo hemos consultado al Mineduc, pero hasta el momento solo sabemos que es posible que la gratuidad venga asociada con Crédito con Aval del Estado. Si fuera así, nuestro sistema educacional sería como el del retail, cuando te llaman y sin pedirlo tienes un crédito preaprobado y no cualquiera, sino que el CAE, el ejemplo mismo del sistema de enriquecimiento de los bancos sobre la base del endeudamiento de millones de estudiantes chilenos”.
Con el fin de tener mayor claridad sobre la situación de los estudiantes, desde hace una semana la Confech inició un catastro de los casos afectados, por medio de sus federaciones y en conjunto con los rectores, explicó Camila Rojas. Además, este domingo se realizará la próxima plenaria Confech, en la Pontificia Universidad Católica, con el objetivo de definir la agenda para el año 2016 y la caracterización para la primera marcha del año, que se realizará la segunda quincena de abril. “El llamado general es a estar atentos y a seguir movilizados”, agregó la presidenta de la Fech.
La gratuidad y las reformas a la educación secundaria se convirtieron en el caballito de batalla de la Presidenta después de su vuelta de vacaciones. Tras el vamos de una de sus principales promesas de Gobierno, la aprobación de la Presidenta –que llevaba varios meses en una caída constante– subió en 4 puntos y llegó al 28%, según la encuesta Adimark de febrero de 2016. “La gratuidad fue bien recibida, especialmente por los relativamente más pobres, independiente de la posición política», detalló el sondeo.
Es por esto que a principios de marzo se evidenció una fuerte agenda de Bachelet, basada en sus apariciones iniciando el nuevo año escolar con la Ley de Inclusión y poniendo énfasis en los miles de estudiantes que estaban accediendo a la gratuidad, línea que se vio reforzada por la implementación de un nuevo diseño político, centrado en las reformas y logros obtenidos, como las reformas tributaria, educacional y laboral.
Es por esto que personeros de la Nueva Mayoría observan con atención lo que está ocurriendo con la gratuidad. “Encuentro lamentable que se hayan producido estos ruidos, que empañan este gran logro que significa que alrededor de 160 mil estudiantes accedan a la gratuidad”, señaló el diputado DC, de la Comisión de Educación, Mario Venegas.
Para el senador de la UDI Víctor Pérez Varela lo ocurrido demuestra que “este Gobierno sigue actuando para las cámaras, dando a conocer, con bombos y platillos, reformas que pretenden cambiar la vida de los chilenos, pero que a la hora de implementarlas no tienen base alguna, como es el caso de la reforma educacional”.
Para el diputado Jaime Bellolio, “el Gobierno ve en la gratuidad el salvavidas de la evaluación política de la gestión de Gobierno, pero la gratuidad ha sido una historia de desprolijidad, es casi una comedia de improvisaciones, cambiaron 9 o 10 veces los criterios, y terminaron con una propuesta que hacía discriminación arbitraria, dejan fuera a los IP y CFT”. “Ha sido muy molesto para la ciudadanía la tremenda incertidumbre que empezó el 21 de mayo para el año pasado y que todavía no termina. La conclusión es que les importó mucho más la política que los ciudadanos, es solo ponerles un check a la lista de deberes”, agregó.
Una situación que causó molestia al interior de algunos sectores de la Nueva Mayoría fue la respuesta que dio la ministra Delpiano al ser consultada por los errores de la gratuidad. La titular de Educación señaló que la responsabilidad era de los estudiantes y de las universidades, «seguramente los antecedentes que ellos presentaron no corresponden a la realidad”, indicó la ministra. Desde el oficialismo calificaron esto como un “grave error político”. “Es insólito que los gobiernos pretendan culpar a los propios estudiantes, cosa distinta es cuando alguien deliberadamente hizo trampa, pero efectivamente decir que son todos, es una falta de respeto”, señaló Bellolio.
Otro punto que ha marcado la alerta es el ajuste fiscal anunciado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el que aportará un ahorro de $68.462 millones durante 2016, que representa el 18% total del Presupuesto. De este ajuste, al menos $50.000 millones serán recortes destinados a la gratuidad de la educación superior y becas. Lo que significó un descenso en el aumento del alcance de la gratuidad para el 2017, el que se reducirá de un 70% a un 60%.
Para el rector de la UCM “es complejo el escenario”, ya que es comprensible la necesidad de ajustes en periodos críticos, “pero he sido partidario en el Cruch de implementar una reforma que no fuera influenciada por el tema económico, pero este debe ser considerado”.
Para el presidente de la FEUC, Daniel Gedda, “este tipo de situaciones refleja la incapacidad del Gobierno para implementar una política pública en materia educativa y deja en evidencia que con soluciones parche, sobre la base de ‘bonos y ofertones’ no se pueden generar los cambios profundos y estructurales que la educación superior necesita”.
“No sirve que se impulsen proyectos que solo toman las consignas de nuestras demandas, sin comprender la realidad del sistema educacional chileno, es hora de que el Gobierno trabaje con seriedad y comprenda que no se puede jugar con el futuro de miles de familias”, finalizó.
