Manuel Inostroza advierte que caída de isapres generaría “frente político adicional” al Gobierno

No hay vuelta atrás. El fallo emanado por la Tercera Sala de la Corte Suprema obliga a las isapres a hacer uso de la tabla de factores de riesgo elaborada por la Superintendencia de Salud en 2019. Se calcula que las aseguradoras de salud privadas deberían devolver US$ 1.400 millones a los afiliados, lo que, para el gremio, sería “la lápida del sector“.

Sin embargo, para el exsuperintendente de Salud de los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, y académico de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Manuel Inostroza (DC), se debería buscar un marco metodológico que dé garantías y sea viable tanto para el sistema como para los afiliados.

En concreto, el fallo establece que:

• Todos los planes de salud y complementarios deben aplicar la tabla de factores de la SS que entró en vigencia en 2020.
• Los menores de 2 años se excluyen del precio final del plan, salvo lo correspondiente a la prima GES.
• El precio final futuro no se modifica con la edad. Es inmodificable en el tiempo, salvo que sea beneficioso para el cotizante.

En una conversación con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio, el exsuperintendente de Salud señaló que lo que se busca no es que el sistema quiebre o desaparezca, sino que insta a la autoridad a llegar a un acuerdo de implementación y, a su juicio, ahí está la clave. Según Manuel Inostroza, se debe buscar un acuerdo que permita devolver algunos recursos que se cobraron en exceso, pero al mismo tiempo “abrir la puerta a un espacio de acuerdo de implementar el fallo, pero que permita que el sistema siga funcionando”.

“Hay una oportunidad, pero lamentablemente por discusión política, no ha prosperado como acuerdo”, sentenció el académico, junto con plantear que “no existe una única interpretación técnico-jurídica sobre cómo aplicar el fallo. Por tanto, técnicamente es posible considerar fórmulas intermedias”, dijo el exdecano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián (USS).

Manuel Inostroza, máster de Salud Pública con mención en Financiamiento y Gestión de la Universidad Johns Hopkins, comentó que está participando en una mesa de trabajo para proponer un marco metodológico que entregue garantías y sea viable para el sistema y los afiliados. En ese sentido, abordó la reforma de pensiones que impulsa el Gobierno, la que según el exsuperintendente, no debería implementarse en medio de una crisis del sistema. “Lo importante es que (la reforma) se haga en el marco de una discusión legislativa, pero no en un ambiente de crisis”.

“Aprovechando la situación del fallo judicial, algunos dicen: ‘implementemos el fallo e implementemos la reforma de salud que consiste en eliminar las isapres y transformarlas en seguros complementarios’. Pero el sistema público chileno, a través de sus redes de prestadores, todavía no es capaz de cumplir satisfactoriamente con un plan de salud que ofrece atención a 15 millones 600 mil personas que hoy se encuentran en el sistema público, y mucho menos podrá cumplir con los 18 millones 600 mil que serían si todos nos pasáramos a Fonasa”, asegura Inostroza.

Para el médico y académico de la UNAB, al mismo tiempo, se debe mejorar el sistema público para “no ofrecer algo que sea peor que la enfermedad”. En esa línea, manifestó que lo más importante son los acuerdos políticos.

“El desafío más importante es tratar de neutralizar la crisis que podría implicar en todo el sistema la caída de las isapres”, sentenció el exsuperintendente. Además, criticó que “quienes piensan que darse el gustito de cumplir el programa de gobierno generando esta caída abrupta del sistema, le va a agregar un frente político adicional que va a ser inmanejable”.

Según Inostroza, agregar el frente de la salud a los problemas que ya tiene el Ejecutivo “sería una torpeza mayúscula y habría que abrirse a una fórmula en la que nosotros, como académicos y exautoridades, estamos dispuestos a colaborar en buscar una forma que, teniendo validez jurídica, permita salvar la crisis”.

Acto seguido, concluyó que, una vez salvada la crisis, en seis meses más, “si se ordenan las aguas para que el gobierno intente llevar adelante la reforma, se debe discutirla con tranquilidad, mediante un debate parlamentario, y llegar al acuerdo que no hemos podido lograr en 13 años”.