El complejo escenario del fiscal Cooper tras ser marginado del caso ProCultura

Se invirtieron los papeles: pasó de acusador a acusado y, hasta ahora, no ha logrado superar la primera parte del “test” que pone a prueba sus diligencias en los casos ProCultura y Sierra Bella. El fiscal Patricio Cooper se encuentra en un complejo escenario y ya fue marginado del primer caso.

El persecutor regional de Coquimbo –a quien el Fiscal Nacional había asignado el caso ProCultura tras remover al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma– sufrió un duro revés con el fallo emitido en la tarde del viernes por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El tribunal de alzada no solo declaró ilegales las resoluciones que permitieron la interceptación de llamadas telefónicas entre Josefina Huneeus y –además de su madre y amigas– el Presidente Gabriel Boric, sino que también ordenó eliminar del expediente fiscal todo lo obtenido a partir de dichas diligencias, lideradas por el fiscal Cooper, al considerar que se vulneraron garantías constitucionales.

“Se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”, señala el fallo, ante el cual se optó por no apelar a la Corte Suprema, debido al proceso de remoción que ya enfrentaba el persecutor.

Tal como adelantó El Mostrador en la nota sobre “el test de Cooper”, un fallo favorable para Huneeus en la revisión del recurso en Antofagasta pondría en una posición incómoda al persecutor, considerando que aún está pendiente la resolución de la solicitud de remoción en su contra, un recurso que ha sido presentado en cuatro ocasiones anteriores respecto de otros fiscales, sin lograr su destitución.

Los diputados que patrocinan la acción judicial acusan al Fiscal Regional de Coquimbo de negligencia en el manejo del caso Sierra Bella, que involucra a la exalcaldesa Irací Hassler en una causa sobre supuestos favores en la adjudicación de una patente a un empresario chino, donde también está imputada la diputada Karol Cariola (PC).

El recurso presentado alega omisión de “perspectiva de género” en el allanamiento realizado al domicilio de la diputada –el mismo día en que esta estaba dando a luz a su primer hijo– y por la filtración de un diálogo privado entre la diputada y la exalcaldesa de Santiago, donde aseguran sentirse decepcionadas del proyecto político encabezado por el Presidente Boric.

Por “groseramente ilegal”

El golpe recibido por Cooper este viernes reforzó las solicitudes del oficialismo que piden su salida.

El primero en manifestarlo tras la resolución de la Corte antofagastina fue el senador Tomás de Rementería (PS), quien calificó como “un acto de corrupción” el realizar acciones intrusivas sin entregar la información certera a los tribunales. Previo a confirmarse la reasignación del caso, el parlamentario dijo esperar que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, tome la misma resolución que tomó en el caso de Héctor Mery –ministro del TC involucrado en el caso Hermosilla–, en “que cambió el fiscal de la causa y que este fiscal que está involucrado en esta y muchas más desprolijidades sea alejado de las causas que hoy día lleva”.

Cabe mencionar que Cooper también está a cargo de investigar posibles ilícitos en el intento del Gobierno de comprar la casa del expresidente Salvador Allende, asunto por el cual perdieron sus cargos la exsenadora Isabel Allende (PS) y la exministra de Defensa Maya Fernández (PS), ambas en calidad de imputadas.

El jefe de la bancada de los diputados socialistas, Juan Santana, acusó que el fiscal Cooper actuó de forma “groseramente ilegal”. A su juicio, el persecutor “está desprestigiando a todo el Ministerio Público y es inentendible que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, permita que esto ocurra”. Para el legislador, “que los jueces le digan a los fiscales que no actúen como en dictadura es un hecho gravísimo y una mancha sin precedente alguno en nuestra democracia”.

Dicha postura fue también respaldada por el diputado Luis Cuello (PC). “La verdad se abre paso: la Corte de Apelaciones declara ilegales las diligencias impulsadas por el fiscal Cooper que afectaron al Presidente Boric. Las vulneraciones a garantías constitucionales son graves. El Fiscal Cooper debe dar un paso al costado”, sentenció.

La diputada Ana María Gazmuri (AH) añadió que esto no solo sienta un precedente que alerta sobre el uso indebido de prácticas institucionales fundamentales para la legitimidad y la confianza pública en el sistema de justicia. “También obliga a evaluar la rigurosidad del fiscal Cooper, cuya cadena de diligencias polémicas no solo vulneró garantías, sino que expuso al Ministerio Público a un cuestionamiento profundo, y eso le hace muy mal al país”, dijo.

Tras confirmarse la reasignación del caso ProCultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta, la bancada socialista valoró la decisión tomada sobre el fiscal Cooper. Su actuar “no representa un simple error, sino una grave vulneración a los principios que deben guiar al Ministerio Público. Como hemos sostenido históricamente, tanto perseguidos como persecutores deben someterse al marco institucional”, sostuvieron en un comunicado,

La bancada del PS aseveró que “el fiscal Cooper debe sentirse aludido por este fallo, que expone conductas inadmisibles en un Estado democrático. Las instituciones, incluido el Poder Judicial, han cumplido su rol de freno a los excesos, y es deber de todos acatar sus decisiones sin reservas”.

¿Qué dice ahora Evelyn Matthei?

Junto con manifestar que “es urgente fiscalizar a los fiscales” y resaltar su proyecto de reforma constitucional que crea el Consejo Nacional de Persecución Criminal, el diputado y carta presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, aprovechó para emplazar a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), quien se ha mostrado crítica del caso ProCultura, pero también realizó una defensa al fiscal Cooper.

“Ella justificó todas las actuaciones del fiscal Cooper y ni siquiera las puso en entredicho cuando era evidente que se habían violado derechos, cuando era evidente que se había exagerado, cuando era evidente que quizás había otra intencionalidad”, comentó el diputado Mulet. A su juicio, Matthei “una vez más se equivoca, ya lo dijo cuando justificó los crímenes de la dictadura, y ahora está justificando también políticas de organismos de inteligencia de la dictadura que violaron los derechos humanos”.

El presidenciable del oficialismo recalcó que “hay que seguir investigando a ProCultura como corresponde, sin violar los derechos de las personas”.

Esta misma semana, Evelyn Matthei había dicho que quienes acusan “espionaje político” desde el Frente Amplio son unos “caras de palo” y agregó que esperaba que el Presidente Gabriel Boric “esté limpio”. La abanderada de Chile Vamos dijo: “No tengo por qué confiar ni dudar de la palabra de nadie. Lo que sí molesta mucho es ver que autoridades de Gobierno continuamente tratan de debilitar a los que están investigando, tratando de sacar al fiscal Cooper, señalando que aquí hay persecución política, señalando aquí incluso, algunos caras de palo, que habría espionaje político”.

Tras la remoción de Cooper del caso, Matthei volvió a abordar el tema, pero sin mencionar al fiscal. “Esperamos que las investigaciones avancen sin presiones políticas, como las que hemos visto estos días, y que el Gobierno respete plenamente la autonomía del Ministerio Público. Debemos lograr recuperar cada peso mal utilizado por quienes pusieron sus intereses electorales por encima del bien común de todos los chilenos”, dijo la noche del viernes en su cuenta de X.

“Escuchar ilegalmente a las personas constituye espionaje”

Durante la jornada de ayer, desde la oposición optaron mayoritariamente por guardar silencio. La única declaración de la bancada de Chile Vamos, previa al fin de semana, fue la de la diputada Camila Flores (RN), quien señaló que “es una muy mala noticia” que se hayan declarado ilegales las escuchas telefónicas. Agregó que “probablemente porque se estaban fijando en un resquicio, en una cuestión muy específica, que al parecer el teléfono no estaba a nombre de ella, pero era el teléfono que finalmente ella usaba, es el teléfono con el cual ella personalmente llamaba, incluido el Presidente de la República”.

Según la diputada Flores, “el Ministerio Público tiene que ser fortalecido y tenemos que, los distintos poderes del Estado, incluidos los tribunales, apoyar al fiscal Cooper que está sacando adelante esta investigación y no entorpecer ni ponerle más dificultades, por pequeñas cosas que son resquicios, que a estas alturas son insignificantes”.

Le respondió el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble. “O ella no entiende lo que pasó y el caso, o bien lo malinterpreta, porque dice que es un resquicio en donde la ilegalidad estaba en que el teléfono de Josefina Huneeus estuviera a nombre de otra persona. Y no es así. Huneeus nunca debió ser escuchada en sus conversaciones, porque querían escuchar a Alberto Larraín”, expuso en entrevista con 24 horas.

Couble remarcó la tesis frenteamplista de que “escuchar ilegalmente a las personas constituye espionaje”. Pero, más allá de la tesis del partido –dijo–, “hay preocupación por cómo se comprueba que hay una escucha ilegal entre el Presidente y otra persona, que no tienen ningún tipo de involucramiento en casos investigados. Además termina en medios de comunicación y se termina levantando una sospecha, falsa imputación de cierta idea de ilícito”.

De todas formas, el dirigente frentamplista declaró que “esperamos que esta desprolijidad de la Fiscalía no altere el proceso de formalizaciones”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, expresó que “es positivo que las instituciones funcionen” y que, en cualquier caso donde se indaga corrupción, debe haber una investigación “profunda y con rigor”. Y agregó: “Nuestra alerta ha sido siempre la misma, que este tipo de prácticas no se naturalicen y se logre verdad y justicia en todos los casos”.

Desde la oposición también reaccionó la diputada y candidata presidencial del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz. “Lamento que esta relevante prueba (las escuchas telefónicas) haya quedado fuera de la investigación, porque lo que rodea al caso ProCultura es realmente grave. Los chilenos quieren saber la verdad, y para eso se debe transparentar todo en este caso. Ser transparentes, desde el Presidente de la República hasta los personeros de Gobierno, en cuanto a su eventual participación y responsabilidad en el traspaso de fondos públicos”, señaló.

El tribunal también cuestionó la falta de transparencia del fiscal Cooper al no informar al juzgado que el teléfono intervenido pertenecía a una testigo. “Los límites deben respetarse, incluso –y sobre todo– en contextos investigativos”, insistió el abogado defensor de Josefina Huneeus, Alejandro Awad, valorando que la Justicia reafirmara los principios del Estado de derecho.