La octava no fue la vencida: rechazan acusación constitucional contra delegado Durán

Por 63 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana.

La acción, impulsada por Chile Vamos y otros sectores opositores, lo acusaba de negligencia en la coordinación de seguridad para el partido Colo Colo-Fortaleza del 10 de abril, donde dos hinchas murieron aplastados durante incidentes previos. Sin embargo, no prosperó porque faltó un voto. La Democracia Cristiana, tal como había adelantado el jefe de bancada, Héctor Barría, se abstuvo.

Con esta, suman ocho las acusaciones constitucionales que se han presentado durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que no han prosperado. Las anteriores siete fueron contra ministros.

El libelo planteaba que Durán “actuó de manera negligente” al no suspender el encuentro pese a advertencias en redes sociales sobre una “avalancha humana” y a los disturbios ocurridos antes del inicio del partido.

Durante el debate, el diputado Juan Fuenzalida (UDI), integrante de la comisión revisora que despachó el informe con votación favorable, señaló “tardanza injustificada” en la resolución que autorizaba el evento y afirmó que el delegado “subestimó la amenaza” de los llamados a ingresar sin entrada.

En tanto, el abogado de Durán, Francisco Cox, rechazó estas imputaciones y argumentó que la acusación carecía de sustento jurídico. “Se le pide al delegado presidencial que actúe arbitrariamente, ignorando los requisitos legales, lo que sería una violación a la ley. Esto no puede ser fundamento de una acusación constitucional”, indicó.

Cox también criticó la falta de mención en el libelo a infracciones directas de la Constitución, lo que consideró un defecto grave.

“Lo que está haciendo la acusación constitucional es pedirle que obvie, y perdón, esto lo dice textualmente, esa formalidad. Formalidad, pero si es un requisito legal que tiene que contar con un informe previo, verbal o escrito, de Carabineros para poder suspender. Entonces, yo nunca lo había visto que autoridades le pidieran a otra autoridad que violara la ley. Y que esto se pusiera por escrito. Y que esto fundara una acusación constitucional. Es decir, se le pide al delegado presidencial que ejerza ni siquiera su criterio, sino que sea arbitrario, que sea ilegal su actuar para evitar una acusación”, comentó el abogado.

Cox insistió en que en el texto acusatorio “no se menciona una infracción directa de la Constitución.