Platas públicas, “coaching” y autos fiscales: gobiernos regionales en la mira de Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) informó sobre múltiples irregularidades tras auditar los gastos y transferencias otorgados por los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, entre enero y septiembre de 2024. Salvo la máxima autoridad de La Araucanía, todos fueron reelectos en la última elección y —hasta ahora— solo desde la Región Metropolitana y Antofagasta se han defendido dando su versión.

Entre los objetivos específicos de las investigaciones del ente contralor, se analizaron las transferencias efectuadas por cada Gore al sector privado, para asegurarse que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y/o difusión de estas.

Asimismo, la CGR verificó que cada gobierno regional haya destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), sus vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas a sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral.

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Gobierno Regional Metropolitano

En el caso del Gobierno RM, la Contraloría verificó que durante 2024 dicha entidad pagó un total de $31.366.179 para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”, de cuya revisión se constató que la sesiones no se relacionaban con contenido asociado a “coaching”, como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas, sino que “se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral del gobernador regional (Claudio Orrego) para su reelección“.

Ante los antecedentes expuestos, la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público para su conocimiento y fines pertinentes.

Además, se evidenció la adquisición de bienes y servicios de consumo mediante la modalidad de trato directo, por un total de $51.753.665, en las cuales —remarca el organismo— “no se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma”. Asimismo, se advirtió sobre la contratación de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A Agencia en Chile, por un total de $46.154.150, “del cual la entidad no aportó antecedentes que acrediten el cumplimiento de las condiciones por contrato”.

De igual modo, se apuntó a la contratación directa de AJEM Asesores y Consultores Limitada, por un total de $109.302.180, “del cual el Gobierno Regional no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos respecto a la idoneidad del proveedor”.

Los datos especificados, se incorporarán al sumario administrativo antes mencionado, informó Contraloría.

Gore RM niega fondos a campaña de Orrego

El Gobierno de Santiago reaccionaron a las irregularidades informadas por Contraloría, negando cualquier financiamiento a la campaña de reelección de Claudio Orrego (independiente y exmilitante DC).

A través de una declaración pública, sostienen que las actividades de “coaching” contratadas se han ejecutado desde el año 2021 en adelante, por lo que no serían “fruto de ningún contexto electoral”.

“Las actividades de coaching, a las que se hacen referencia en el informe de la CGR, son parte de un proceso amplio de formación directiva y que incluye otras actividades como planificación estratégica, clima laboral y, tal como lo señala la propia CGR, están enfocados en mejorar procesos y apoyar la gestión institucional”, señalaron desde el Gore RM.

Asimismo, indicaron que el “coaching” directivo “no puede estar disociado del contexto político, social y económico de la región y el país”. Por lo tanto, afirman que, si bien se pueden mencionar esos contextos, eso no significa que el “coach” tenga un fin distinto al institucional.

“Respetamos y valoramos el rol de fiscalización de la CGR, por lo que colaboraremos en cada una de las instancias que busquen aclarar lo expuesto en el Informe Final Nº873”, concluyeron.

Gobierno Regional de Tarapacá

Dicha institución no mantiene un análisis de las transferencias pendientes de rendición pactadas en diversas cuentas contables, incumpliendo con la transparencia de la información financiera. También se observaron gastos improcedentes producto de dos contrataciones a honorarios por la suma de $7.781.253.

Asimismo, se detectó el mal uso de las redes institucionales del GORE para potenciar la red personal de candidatos en tiempo de elección, lo que resulta ajeno a las funciones propias de la entidad pública. La Contraloría Regional instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

El gobernador José Miguel Carvajal (Independiente, exmilitante Comunes), no se ha referido al tema.

Gobierno Regional de Antofagasta

La auditoría identificó que el Gore antofagastino mantiene un “saldo pendiente” de rendir por los organismos receptores de recursos públicos de $4.202.867.306, situación que “deja en manifiesto la falta de adopción de medidas por parte de la entidad para requerir las rendiciones de fondos que datan de al menos el año 2021”.

Igualmente, se señala que, al 30 de septiembre de 2024, la entidad pública aludida mantiene “montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados a las entidades receptoras de recursos”, por un monto de $4.856.481.471. Situación que —según Contraloría— deja en manifiesto la falta de resguardo de los recursos públicos que se entregan a instituciones privadas.

Entre otras observaciones, se constataron irregularidades en las bitácoras de vehículos fiscales; mal uso de las redes institucionales y el contrato de prestaciones de servicios a honorarios por tareas correspondientes a labores habituales y propias de las gestiones de la entidad.

Gobernador Díaz se defiende

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz (Independiente, ex Revolución Democrática), dijo que buscará tener un diálogo con la contralora (Dorothy Pérez) para que le explique “por qué se nos asocia como gobierno regional en un informe en donde se cuestionan los gastos electorales, cuando los elementos que a nosotros se nos cuestionan no tienen que ver con campañas políticas”.

A través de un comunicado, la autoridad afirmó que “la gran mayoría de estos proyectos son del 8% de vinculación con el medio que se entregaron aproximadamente la su gran mayoría en julio del año pasado. Por tanto, cuando se nos pide la información, están en ejecución. Y, por lo mismo, el gobierno regional presentó un calendario en febrero de este año en donde indicaba con una Carta Gantt cómo se iba a regular y se iban a administrar las rendiciones”.

El gobernador días añadió que hoy la Contraloría le envió un informe en donde se le pide algunas precisiones respecto a esa Carta Gantt y le dio 10 días para responder. “Ese problema de rendiciones no es algo que esté sancionado ni resuelto”, insistió.

Respecto del mal uso del vehículo fiscal, el líder regional sostuvo que lo que se le está cuestionando es haber sacado el vehículo fiscal el 21 de mayo para haber ido al desfile del 21 de mayo. “Y que lo que se me está cuestionando es que por qué yo saqué el vehículo fiscal sin pedirle permiso a la delegación presidencial el uso de ese vehículo, que es algo que en realidad nosotros hemos respondido anteriormente”.

Díaz recalcó que, en los informes de Contraloría, su gobernación “no aparece vinculado en nada que tenga que ver con campaña electoral y yo pido que se aclare esa información”.

Gobierno Regional de La Araucanía

La CGR expuso que el Gore de La Araucanía —hoy comandado por René Saffirio (exmilitante DC) y previamente por Luciano Rivas (Evópoli)— contrató directamente a la empresa Ananda Comunicaciones SpA., para los servicios de “Asesoría de Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital”, pagando un total de $49.980.000, de lo cual se advierte que dicho servicio incluía una evaluación ciudadana de la figura del Gobernador Regional. “Esta situación no se ajusta al principio de probidad, por lo que la CGR formulará el reparo por el total del dinero aludido”, señala el ente contralor.

También, apunta que el gobierno regional contrató, “por medio de un trato directo injustificado”, al proveedor Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA., por un monto de $69.537.672 “sin la debida justificación de dicho valor”.

Asimismo, se destaca que se autorizó bajo la modalidad de trato directo a la firma de abogados denominada Asesorías Silva y Compañía Limitada, por la suma total de 400 UF, para la defensa de intereses institucionales asociadas a transferencias del servicio a determinadas fundaciones, advirtiéndose que de cuatro informes que debía entregar dicha empresa como parte de sus obligaciones, “a la fecha solo se ha pagado la primera cuota en razón a la entrega del primer informe, sin que se hayan establecido multas por atraso en los plazos establecidos”.

Quien primero se refirió al informe de Contraloría fue el actual gobernador. “Aquí estamos frente a un fraude eventual colosal. Son muchos millones”, sentenció Saffirio, en declaraciones a la prensa.

El gobernador de La Araucanía resaltó que “el exgobernador declaró hace un par de semanas como imputado en la causa de una fundación por un monto de 2.000 millones de pesos, y el fiscal nacional anticorrupción señaló, hace unos meses, que de los 70.000 millones de pesos que se investiga en los gobiernos regionales, 44.000 corresponden al Gobierno Regional de la Araucanía”.

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Cabe mencionar que el Ministerio Público investiga a Fundación Local, la que en 2022 y 2023 pactó con el Gore de La Araucanía convenios por más de $9 mil millones. Según consignó Ciper, la irrupción del caso Convenios provocó que se transfirieran menos: $2.113 millones.

“Apenas concluyamos ese sumario interno, a través del Departamento Jurídico, vamos a tomar las medidas para resolver acerca de cuáles son las acciones penales que iniciamos para también pedir que se sancione por esos hechos”, agregó Saffirio.

Rivas niega vínculo con campaña electorales

El exgobernador Luciano Rivas emitió un comunicado para enfatizar que, principalmente, Contraloría hace alusión a tres contrataciones de servicios externos al gobierno regional, que —aseguró— “no tienen ninguna vinculación con ningún tipo de campañas electorales de quien fue gobernador en ese momento, que era yo”.

La exautoridad valoró tanto el rol del ente contralor como el de la fiscalía, y aprovechó de hacer una “invitación” a Saffirio para que “empiece a hacer su trabajo como gobernador”.

“Hemos visto una serie de declaraciones en las cuales él solamente se dedica a hablar de la gestión anterior y lo que hoy día necesitamos es un gobernador que lidere esta región”, fustigó. En esa línea, Rivas valoró la aprobación por parte del consejo regional de la estrategia regional de desarrollo, “un trabajo de los funcionarios del gobierno regional durante los años de mi gestión”.

Gobierno Regional de Los Ríos

La Contraloría advirtió que existe un saldo de $8.651.017.491 por recursos transferidos pendientes de rendición de cuentas por transferencias al sector público. Al respecto, los recursos correspondientes a años anteriores a 2024, se componen de 201 registros por un monto de $8.593.127.491, que en algunos casos registran desde el año 2015. El Gore deberá ajustar sus procedimientos de control y resguardo de aportes transferidos al sector público.

Asimismo, se indicó de la existencia de un saldo de $7.940.628.576 por concepto de recursos transferidos como anticipos, pendientes a rendición de cuentas. Por los motivos descritos, declara la Contraloría, “el Gobierno Regional de Los Ríos deberá iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias por falta de control”.

Por otro lado, Contraloría detectó que 162 pagos de viáticos correspondientes a 17 personas funcionarias -por un total de $5.588.059- estaban directamente vinculados a sus labores habituales. Además, agrega que también se verificó el mal uso de vehículos fiscales, por lo que la Contraloría Regional instruirá una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

De momento, el gobernador Luis Cuvertino (Partido Socialista) no ha abordado el tema.

Gobierno Regional de Magallanes

Entre las observaciones destaca que dentro de las actividades encomendadas a algunos prestadores de servicios contratados a honorarios se incluyeron servicios de publicidad, difusión y cobertura periodística del gobernador regional y el manejo de las redes sociales de dicha autoridad. En consecuencia, señala Contraloría, “la entidad deberá implementar las acciones necesarias a fin de que la difusión se encuentren centradas en las actividades de la entidad y no de la autoridad de forma individual”. Lo mismo señala respecto al “mal uso” de los medios de comunicación y redes institucionales.

El ente contralor también determinó que de un total de 25 informes de actividades de profesionales contratados para prestación de servicios a honorarios, fueron “aprobados por un funcionario diferente al establecido en los respectivos convenios”. También se constató que en 24 informes de actividades adjuntos a los comprobantes de pago, que acreditarían el cumplimiento de la prestación de servicios, “las tareas se indican de forma genérica, sin señalar ni especificar el detalle de lo realizado”.

Por otra parte, conforme a la carga de combustible registrada en la bitácora del vehículo para el traslado del gobernador regional, se informa que durante más de cinco meses no se cumplió con la cuota máxima de 300 litros de consumo mensual de bencina. Por todos los antecedentes expuestos, “Contraloría iniciará un sumario en el Gobierno Regional de Magallanes para determinar las eventuales responsabilidades administrativas”.

También se está a la espera de una reacción por parte del gobernador Jorge Flies (Independiente, cercano al Partido Radical).