Contraloría detecta irregularidades por más de 1.5 billones de pesos en una lista de reparticiones

La Contraloría General de la República, que encabeza Dorothy Pèrez, presentó un informe al Congreso que revela irregularidades en el aparato público por un total de 1.505.707.732.640 de pesos. Este hallazgo corresponde al período entre abril de 2024 y marzo de 2025 y afecta a diversas reparticiones, incluyendo gobiernos regionales, Carabineros, delegaciones presidenciales y municipalidades.

El informe, que incluye 792 fiscalizaciones, detalla fallas en la gestión pública, tales como contratos incumplidos, rendiciones de cuentas deficientes, gastos sin respaldo y pagos indebidos. Además, se observa un descontrol en el uso de fondos públicos. Las irregularidades se clasifican en diferentes categorías, destacando incumplimientos de normas contables y presupuestarias por más de 359 mil millones de pesos, fallas en contratos por 328 mil millones y deficiencias en la rendición de cuentas que alcanzan los 316 mil millones.

Según informó Radio Biobío, el documento, de 233 páginas, fue entregado al Congreso y se basa en auditorías de cumplimiento normativo, auditorías financieras, investigaciones especiales y exámenes de cuentas. Las observaciones fueron clasificadas según su complejidad, priorizando aquellas con mayor impacto financiero y gravedad en el control.

La Contraloría advirtió que el desorden fiscal en el aparato estatal no es un problema coyuntural. El informe señala que las observaciones reflejan un incumplimiento de leyes y normas, con muchos de los hechos descritos relacionados con operaciones de años anteriores.

Según el medio entre los hallazgos más graves, se identificaron prácticas sistemáticas que afectan la ejecución presupuestaria: estimaciones sobredimensionadas de ingresos, omisiones en registros contables, partidas de vieja data sin regularizar, falta de conciliaciones bancarias y desviaciones en el uso de fondos específicos. En otras palabras, una contabilidad pública que no refleja la realidad financiera de muchas entidades.

El documento entregado al Congreso señalaría que el manejo de fondos, por su parte, acumula errores y omisiones por $252 mil millones, saldos en cuentas que no existían en la contabilidad, fondos específicos sin respaldo bancario, deuda vencida no pagada, y desequilibrios entre conciliaciones bancarias y estados financieros.

La CGR impugnó además pagos improcedentes o sin respaldo por más de $57 mil millones. Entre estos hay desembolsos duplicados, pagos en exceso, ejecución de servicios no prestados o con cobertura parcial, fondos destinados a personas no habilitadas para recibir beneficios, y ausencia de documentos que acreditaran el uso de los recursos públicos.

En la categoría de ingresos, se alertó sobre más de $81 mil millones no percibidos por el Estado, producto de cobros no realizados, multas no cursadas, errores de cálculo y ausencia de gestión ante deudores. En varios casos, se verificó que las instituciones ni siquiera iniciaron procesos de recuperación.