
Funcionario del Poder Judicial citado a declarar como imputado en caso sicario del “Rey de Meiggs”
El caso gira en torno al sujeto que inicialmente fue identificado con un nombre falso y que debía quedar en prisión preventiva, pero fue liberado y posteriormente huyó del país rumbo a Perú. La Fiscalía investiga las órdenes judiciales que permitieron su salida de la cárcel.
El Ministerio Público continúa profundizando las responsabilidades detrás de la liberación del ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía, imputado por el asesinato del comerciante José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
Este jueves, en el marco de la investigación, según informó Radio Biobío, se confirmó que un funcionario del Poder Judicial fue citado a declarar en calidad de imputado por su eventual responsabilidad en la cadena de errores que permitió la salida del país del también llamado “sicario de Meiggs”.
La causa busca esclarecer por qué Mejía fue liberado el 10 de julio, apenas un día después de que se decretara su prisión preventiva, y cómo logró salir del país rumbo a Perú. El individuo, quien inicialmente se identificó con el nombre falso de Osmar Ferrer, fue excarcelado desde el penal Santiago 1 tras una serie de resoluciones emitidas desde el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago a Gendarmería, las que actualmente son objeto de indagatoria.
Según los antecedentes del caso, la primera resolución que ordenaba prisión preventiva contenía un error en la identidad del imputado. Esto llevó a la emisión de una segunda resolución que anuló la medida, y posteriormente una tercera, con los datos correctos, que confirmaba la prisión preventiva. No obstante, pese a que esta última resolución fue enviada a Gendarmería a las 14:00 horas del mismo 10 de julio, Mejía fue igualmente liberado cerca de las 20:00 horas, facilitando su huida del país.
La investigación penal, encabezada por la Fiscalía Oriente, se desarrolla en paralelo a las indagaciones administrativas abiertas en Gendarmería y en el Poder Judicial, mientras continúan las diligencias para ubicar al imputado, considerado de alta peligrosidad y sindicado como miembro del Tren de Aragua.