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Los días contados de los “notarios inmortales”: 49 deberán jubilar tras nueva reforma
La medida pone fin a una excepción vigente desde hace tres décadas y fue visada sin objeciones por el Tribunal Constitucional, pese a los intentos de última hora de los funcionarios por frenar su aplicación.
Por décadas, un selecto grupo de notarios, conservadores y archiveros judiciales operó bajo un régimen excepcional: podían permanecer en sus cargos indefinidamente, sin estar sujetos al límite de edad que rige para el resto de los funcionarios judiciales. Esa situación, heredada de una normativa especial tramitada hace más de 30 años, está a punto de llegar a su fin.
Con la entrada en vigencia de la reforma al sistema notarial y registral —ya revisada por el Tribunal Constitucional (TC)—, la inamovilidad de esos cargos dejará de existir. La nueva ley impone el retiro obligatorio a los 75 años para todos los auxiliares de la administración de justicia, poniendo fin a los llamados “cargos vitalicios” que se mantenían por excepción desde la dictación de la Ley N° 19.390 (promulgada en mayo de 1995).
De acuerdo a un catastro elaborado por el Ejecutivo, consignado este jueves por La Tercera, son 49 los notarios, conservadores y archiveros en distintas regiones del país que deberán cesar sus funciones en las próximas semanas. El promedio de edad de ese grupo es de 81 años, aunque algunos casos superan con creces esa cifra: el conservador de Bienes Raíces y archivero judicial de Los Andes, Alfonso Barrientos Díaz, encabeza el listado con 95 años.
En Santiago, dos nombres emblemáticos también figuran en la nómina: Luis Maldonado Croquevielle (80) y Kamel Saquel Zaror (89), conservadores de la capital y protagonistas de diversas polémicas por los altos ingresos que han percibido durante años.
La última batalla ante el TC
Antes de que la reforma quedara a firme, varios de los funcionarios afectados intentaron frenar la medida recurriendo al Tribunal Constitucional. Enviaron informes jurídicos, presentaciones y cartas amicus curiae para defender lo que consideraban su derecho adquirido a mantenerse en el cargo, a pesar de no ser parte directa en el control preventivo.
El pleno del TC debió resolver si acogía esos documentos como parte de los antecedentes del caso. La mayoría —integrada por las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht y el ministro Miguel Ángel Fernández— votó a favor de incorporarlos. En contra estuvieron el ministro Héctor Mery y la ministra Catalina Lagos, quienes consideraron que eran improcedentes.
Una vez zanjada esa discusión, el tribunal pasó al fondo del asunto. La revisión avanzó sin sobresaltos. De acuerdo al citado medio, fuentes del TC indicaron que la norma que impone el límite de edad no fue calificada como orgánica constitucional, por lo que el tribunal no tenía obligación de realizar un control especial sobre ella. La causa quedó en acuerdo, y la sentencia definitiva se notificará durante agosto.
