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Fotos: AgenciauNO
Tras caso Cubillos Mineduc exige a universidades privadas transparentar sueldos sobre $8 millones
La instrucción, emanada de glosas incorporadas en la Ley de Presupuestos tras la polémica por el sueldo de la exministra Marcela Cubillos, ha generado críticas desde el mundo universitario, que advierte por eventuales impactos en la autonomía institucional.
Una semana. Ese es el plazo que dio la Subsecretaría de Educación Superior a las instituciones privadas que reciben recursos públicos para entregar el detalle de las remuneraciones de sus funcionarios mejor pagados. La medida, notificada formalmente este miércoles 30 de julio, se enmarca en las glosas 21 y 22 de la Ley de Presupuestos 2025, y responde directamente a la polémica que provocó en su momento el sueldo de $17 millones de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.
El requerimiento, firmado por el subsecretario Víctor Orellana, fue enviado por correo electrónico a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y establece que la información debe remitirse a más tardar el martes 5 de agosto. La instrucción, consignada este jueves La Tercera, incluye el envío de una nómina anonimizada del personal académico y directivo que, por concepto de salarios, bonos, dietas y viáticos, supere los $8 millones mensuales.
La solicitud no surge de la nada. Fue el Congreso, a través de indicaciones promovidas por el diputado Juan Santana (PS), el que fijó la obligación como condición para las instituciones —públicas o privadas— que reciben dineros del Estado por conceptos como gratuidad, becas o fondos de investigación. En ese sentido, las glosas incluidas en la ley presupuestaria obligan también al Ministerio de Educación a entregar un reporte semestral al Parlamento con el detalle de esas remuneraciones.
Desde la Subsecretaría explican que, en los casos en que las universidades no cuenten con esta información sistematizada, ya se emitieron los oficios correspondientes para facilitar su recolección. Varias instituciones, señalan, ya han tomado contacto con el Mineduc para asegurar que cumplirán con el plazo estipulado.
Resistencia desde el mundo universitario
Sin embargo, no todos están conformes. Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior, criticó duramente la medida. “Me parece realmente absurdo que, por dos glosas de la Ley de Presupuestos, se nos obligue a informar el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de nuestras instituciones”, dijo. A su juicio, el control es excesivo, no contribuye a mejorar la calidad educativa y representa una carga administrativa innecesaria.
Vargas fue más allá: cuestionó por qué otras entidades que también reciben fondos públicos —como colegios, constructoras o clínicas— no están sujetas al mismo nivel de escrutinio. También advirtió que el requerimiento podría vulnerar la autonomía universitaria, principio consagrado en la Ley de Educación Superior.
La rectora de la Universidad de Las Américas (UDLA), Pilar Romaguera, también manifestó inquietud. Confirmó que la institución recibió el ordinario del Mineduc y que están evaluando su compatibilidad con la Ley de Protección de Datos Personales. Además, expresó su preocupación por lo que describió como un “afán regulatorio” del ministerio, señalando que otras iniciativas, como el proyecto del Fondo Estatal Solidario (FES), también avanzan en una línea de mayor intervención estatal.
“Nos parece más adecuada la supervisión a través de la Superintendencia de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, en lugar de imponer esquemas de control de costos, precios y cantidades”, sostuvo.
Desde la Corporación de Universidades Privadas (CUP), su presidente y rector de la Universidad Central, Santiago González, también llamó a la cautela. Aunque reconoció el valor de la transparencia, consideró que este tipo de medidas podría duplicar funciones ya en manos de la Superintendencia. “Todos estamos por la transparencia, pero respetemos la institucionalidad y los canales que se han definido para esto”, enfatizó.
En paralelo, en el mundo académico hay distintas interpretaciones sobre el alcance de las glosas presupuestarias. Algunos sostienen que solo estarían obligadas las instituciones que reciben recursos estatales; otros creen que, en virtud de la redacción de la glosa 22, la obligación se extiende a todo el sistema.
Por ahora, varias universidades están revisando el requerimiento con sus equipos jurídicos. Algunas declinan pronunciarse públicamente, aunque reconocen estar evaluando si la información solicitada puede ser entregada sin vulnerar otras normativas.
