PAÍS
Marihuana en encomienda: cabos del Ejército quedan en prisión preventiva y arresto domiciliario
La jueza decretó prisión preventiva para el civil y uno de los cabos, mientras los otros dos militares quedaron con arresto domiciliario y arraigo. La investigación durará 75 días e incluirá peritajes a celulares para esclarecer responsabilidades.
En una audiencia realizada este domingo en el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó a tres cabos activos del Regimiento Nº8 Chiloé y un civil por tráfico de 11,492.5 gramos de cannabis, interceptados en una encomienda enviada desde Chillán.
El operativo, liderado por el fiscal Daniel Contreras y la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, culminó con la detención de los cuatro implicados tras una entrega vigilada en una sucursal de Chilexpress en Puerto Aysén. La fiscal María Inés Núñez defendió la legalidad de las detenciones, argumentando flagrancia.
La encomienda, según los antecedentes revelados en la audiencia, estaba a nombre del civil N.L.F. y fue retirada por este junto al cabo A.D.P., mientras los otros dos militares, A.T.M. y V.V.C., esperaban fuera. La jueza Dalia Illezca decretó prisión preventiva para N.L.F. y A.D.P., al considerar que la Fiscalía presentó antecedentes que “acreditarían su participación en el delito imputado”.
Para los otros dos involucrados –A.T.M. y V.V.C–, la magistrado señaló que el Ministerio Público no contaba con antecedentes que permitieran “suponer fundadamente la participación de ambos imputados en el ilícito”, ordenando arresto domiciliario total y arraigo nacional.
La Fiscalía, en tanto, apeló verbalmente para lograr la prisión preventiva de todos, y los cuatro permanecerán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones de Coyhaique resuelva.
Los defensores de los militares, Roberto Silva y Aldo Basquee, afirmaron que sus representados “estaban en el momento y lugar equivocado” y desconocían el contenido del paquete, mientras el abogado del civil, Alex Bollmann, aseguró que su cliente cooperó con la investigación.
El tribunal fijó un plazo de 75 días para la investigación, mientras se realizan peritajes a los teléfonos de los imputados para esclarecer su grado de participación.
