La embestida judicial contra juez que investiga causas de Derechos Humanos

El origen del conflicto

• El 15 de noviembre de 2023, el ministro Álvaro Mesa –presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco y juez especial en DD.HH.– condenó a Raimundo García Covarrubias, Pablo Gran López y Pedro Tichauer Salcedo a presidio perpetuo como cómplices en el caso “Asalto al polvorín” (ejecución de siete prisioneros políticos en 1973).

• La Corte de Apelaciones ratificó la condena, aunque rebajó la pena a 12 años y medio, recalificando el delito como homicidio simple.

La querella

• Los tres exmilitares, a través de la abogada Carla Fernández Montero, presentaron una querella contra Mesa por prevaricación.

• Argumentan que el juez ignoró pruebas de descargo y testimonios que acreditaban su no participación en los hechos, actuando –según la defensa– de forma negligente e ilegal.

Trámite judicial de la querella

1. 26 junio 2024: presentada en el Juzgado de Garantía de Temuco.

2. 30 junio: admitida a trámite.

3. 1 julio: juez Federico Gutiérrez la declara inadmisible, señalando que es solo un desacuerdo con la valoración de pruebas.

4. Apelación: la Corte de Apelaciones de Valdivia la declara admisible.

5. Agosto 2024: abogados de Mesa presentan recurso de amparo.

6. Corte de Concepción resuelve finalmente: la querella no configura delito, pues se limita a discrepar de un fallo.

Posturas enfrentadas

Abogados de DD.HH. y defensa de Mesa

• Señalan que la querella busca inhabilitar a un juez estricto en causas de DD.HH.

• Mesa es descrito como diligente, estudioso, con magíster y doctorado en curso.

• El abogado Marcelo Pizarro (Defensoría Penal Pública) afirma que no hay delito, ya que valorar la prueba es una atribución propia del juez.

• La Corte de Concepción recordó que la Corte Interamericana ha establecido que perseguir jueces por discrepancias de fallos amenaza la independencia judicial.

Abogada Carla Fernández

• Insiste en que hubo omisión de reglas jurídicas, en particular la de imputación objetiva, ya que los exmilitares eran subtenientes o tenientes sin participación directa.

• Denuncia que la tramitación contradictoria (admisible, inadmisible, admisible, inadmisible) es “turbia”.

• Defiende que no buscan presionar a la judicatura, sino que el Ministerio Público investigue formalmente si hubo prevaricación.

• Concluye: “Lo que queremos es justicia”.

🌍 Contexto mayor

• El caso refleja la tensión permanente entre la persecución judicial de delitos de lesa humanidad y las defensas de exmilitares.

• También expone un riesgo institucional: el uso de querellas contra jueces como mecanismo de presión, lo que organismos de DD.HH. advierten podría afectar la independencia del Poder Judicial.

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