Contraloría investigará arriendos de viviendas de Bienes Nacionales y Ejército

La Contraloría General de la República está tras la pista del arriendo de una serie de viviendas fiscales por parte de funcionarios del Ejército y el Ministerio de Bienes Nacionales, luego de que El Mostrador revelara -en el caso de la última repartición- la existencia de una serie de prácticas anómalas en torno a arriendos de viviendas fiscales.

“La Contraloría se encuentra realizando una investigación especial sobre el uso de viviendas fiscales en el Ejército, y dos auditorías sobre inmuebles fiscales en el Ministerio de Bienes Nacionales”, consignó el ente contralor en El Mercurio, agregando que “adicionalmente, está elaborando un instructivo sobre la correcta aplicación de la normativa referente a la asignación, conservación y devolución de las viviendas fiscales, por parte de los funcionarios, públicos”.

La Unidad de Investigación de El Mostrador destapó la semana pasada el caso de 21 inmuebles propiedad de Bienes Nacionales, localizados en distintos puntos del país, pero con el punto en común de que todos se encontraban arrendados por funcionarios, lo cual se encuentra reglamentado en el artículo 91 del estatuto administrativo de la repartición, que permite al empleado y su familia ocupar una vivienda institucional cuando “la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él”.

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Desde el propio ministerio afirmaron a este medio que para adjudicar una vivienda del fisco a sus trabajadores no operan “criterios sociales”, pero sí otros factores, como privilegiar a los funcionarios de planta, que la vivienda se encuentre en el lugar donde el empleado trabaja y que tanto él como su cónyuge no sean propietarios de un inmueble en la misma ciudad.

Pero el inciso segundo apunta a que, en caso de no estar obligado a habitar la casa destinada al servicio por sus funciones, el funcionario deberá pagar “una renta equivalente al diez por ciento del sueldo asignado al cargo, suma que será descontada mensualmente”. Cifra que, según estimaciones de El Mostrador, sería del orden final del 2% del sueldo líquido, considerando que en el sector público el salario bruto tiende a ser ostensiblemente menor al final, al estar compuesto de una serie de asignaciones y bonos. Tal es el caso de los 21 inmuebles mencionados, en los que los arriendos parten desde los $25.896 y en promedio no superan los 50 mil pesos.

A los casos revelados por El Mostrador se suman los citados por El Mercurio, como el de un empleado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien cumplía funciones en el Aeropuerto de El Loa y al cual se le vinculó con el Tren de Aragua. La investigación reveló que en su vivienda recibía a mujeres que ejercían el comercio sexual, además de hallarse armas y tráfico de drogas.

Otro caso correspondería al de un jefe provincial de Bienes Nacionales de Ovalle, quien habitó uno de estos inmuebles por más de un año sin concesión o acto administrativo para su ocupación.