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Informe de Fiscalía sobre el 18-O: a seis años, se contabilizaron 35.146 delitos y 20.727 víctimas
El Ministerio Público entregó un informe inédito con datos sobre el estallido social de 2019. Entre octubre de ese año y marzo de 2020 se registraron 35.146 delitos y 20.727 víctimas. El 70% de las causas fueron archivadas sin juicio y solo el 4% llegó a una salida judicial.
A casi seis años del inicio del estallido social, la Fiscalía presentó el Informe Estadístico del Estallido Social, un documento de más de cien páginas elaborado por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión junto a la Unidad Especializada de Derechos Humanos.
“Frente a este escenario excepcional, se hace imperativo contar con información actualizada y transparente”, escribió el fiscal nacional Ángel Valencia en la presentación del texto, que busca ordenar y transparentar datos sobre las causas derivadas de la crisis de octubre de 2019.
Entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, el Ministerio Público registró 32.901 causas, que concentraron 35.146 delitos, 21.766 imputados y 20.727 víctimas.
El sistema penal, dice el informe, se vio “desafiado no solo por el volumen, sino también por la complejidad y gravedad de los hechos”. Casi la mitad de los ingresos se concentró en la Región Metropolitana (46,9%), mientras que el peak nacional se produjo el 20 de octubre de 2019, con 2.420 delitos en 24 horas, un día después del decreto de Estado de Emergencia.
El fenómeno más numeroso fue la violencia institucional, con 11.506 causas y 12.002 delitos registrados, el 70,4% de ellos por apremios ilegítimos y un 20% por abusos contra particulares. Se reportaron además 211 casos de tortura, 226 de lesiones graves y 35 homicidios atribuidos a funcionarios públicos. La mayoría ocurrió en Santiago y Providencia, en el eje Alameda–Providencia. De todas las investigaciones, el 91% está concluida, pero solo el 4% derivó en una salida judicial, y apenas el 14,3% de los casos con imputados conocidos terminó en condena.
El informe identifica también 464 víctimas de trauma ocular, de las cuales 230 perdieron parcial o totalmente la visión. En el 84% de los casos, las lesiones fueron provocadas por proyectiles disparados por agentes del Estado. En contraste, se documentaron 3.293 delitos de maltrato contra agentes del Estado, la mayoría cometidos contra Carabineros, con 37 funcionarios que sufrieron lesiones gravísimas.
Otro de los capítulos aborda los delitos de saqueos y daños a la propiedad, que totalizaron 11.143 casos (31,7% del total), y los desórdenes públicos, con 8.000 delitos (22,7%). Las comunas de Macul, Las Condes y La Florida encabezaron los registros de robos y destrozos, mientras que en Antofagasta, Valparaíso y Bío Bío se concentraron los ataques a cuarteles y locales comerciales.
El informe reconoce que el Ministerio Público carecía de protocolos específicos para investigar violencia institucional al inicio de la crisis. Recién en 2019 se establecieron diligencias mínimas y en 2023, bajo la conducción de Valencia, se creó la Unidad Especializada de Derechos Humanos para fortalecer la persecución penal.
