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Foto: AgenciaUNO
ME-O acusa persecución política y presenta denuncia contra fiscales del caso SQM
La denuncia, presentada ante el fiscal nacional Ángel Valencia, busca que se determinen responsabilidades administrativas de las fiscales a cargo y de exintegrantes del equipo persecutor.
El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) presentó este lunes una denuncia administrativa ante la Fiscalía Nacional contra los persecutores del caso SQM, alegando que durante los casi once años de investigación fue víctima de una “persecución penal selectiva con criterios políticos”. La acción fue ingresada al despacho del fiscal nacional Ángel Valencia, pocos días después de que el exdiputado fuera absuelto del caso de financiamiento ilegal de la política.
Según informó su defensa, encabezada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, el escrito consta de 47 páginas y detalla ocho hechos que, a juicio de Enríquez-Ominami, evidencian un actuar irregular del Ministerio Público. La denuncia solicita determinar responsabilidades administrativas de las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione, además de los exfiscales Pablo Gómez, Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura.
El texto señala que los persecutores actuaron con criterios políticos y no jurídicos, afectando la igualdad ante la ley y el principio de objetividad. Enríquez-Ominami acusa, entre otros puntos, filtraciones de información reservada a la prensa, discriminación en la persecución penal y una prolongación injustificada del juicio oral.
En el primer punto, el documento sostiene que desde las diligencias iniciales del caso —abierto en 2015— existieron filtraciones de antecedentes que afectaron la presunción de inocencia. En el segundo, acusa al Ministerio Público de haber investigado solo a ME-O, excluyendo a dirigentes políticos “en igual situación”, entre ellos los exsenadores Jorge Pizarro y Fulvio Rossi, cuyos desafueros fueron rechazados por la Corte Suprema.
La defensa también cuestiona la redacción y coherencia de la acusación fiscal, la que califica como deficiente y carente de control jerárquico. Según el escrito, los errores en esa etapa procesal vulneraron el derecho de defensa y contribuyeron al fracaso del caso.
“La persecución penal se convirtió en una condena previa al veredicto”
Enríquez-Ominami dedica un apartado a cada uno de los fiscales involucrados. A Paola Castiglione la acusa de haber actuado “con negligencia” pese a su dedicación exclusiva al caso; a Pablo Gómez, de “falta de objetividad y sesgo político”, y a Claudia Perivancich, de no ejercer el control jerárquico que le correspondía como fiscal regional de Valparaíso.
Otro de los puntos destacados del escrito es la dilación deliberada del proceso, que —según la denuncia— se extendió “sin control ni racionalidad” durante más de una década. La defensa afirma que el Ministerio Público “sostuvo una estrategia procesal desproporcionada” y que los hechos por los cuales ME-O fue imputado “no constituían delito”, pese a que los fiscales “persistieron en mantener la causa abierta”.
“La persecución penal se convirtió en una condena previa al veredicto”, se lee en el documento, que también acusa una “falta de proporcionalidad entre los recursos fiscales empleados y los resultados obtenidos”.
Con la presentación, Enríquez-Ominami busca que el fiscal nacional Ángel Valencia disponga una investigación administrativa para esclarecer las eventuales faltas cometidas por los persecutores.
Según el escrito, las actuaciones denunciadas “afectaron las garantías procesales del Sr. Enríquez-Ominami y dañaron la confianza pública en la función persecutora del Estado”.
La denuncia concluye que el caso SQM “exhibió un patrón de persecución penal dirigida, motivada por razones políticas más que por criterios objetivos de legalidad”, lo que —a juicio del candidato— compromete la imparcialidad del sistema de justicia penal chileno.
