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Gobierno vs Contraloría por FES: Dipres pide reconsiderar dictamen mientras rechaza críticas PAÍS

Gobierno vs Contraloría por FES: Dipres pide reconsiderar dictamen mientras rechaza críticas

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La Dirección de Presupuestos pidió a la Contraloría reconsiderar el dictamen que calificó como gasto el financiamiento del nuevo Fondo de Educación Superior (FES). Según la Dipres, el instrumento “cumple las condiciones para ser considerado un activo financiero”.


La polémica entre el gobierno y la Contraloría General de la República escaló tras el dictamen emitido por el organismo encabezado por Dorothy Pérez, que cuestionó la forma en que el Ejecutivo contabiliza los recursos asociados al nuevo Fondo de Educación Superior (FES).

Según el informe, los fondos entregados “no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido”, lo que implicaría que deben registrarse como gasto público, afectando el balance estructural y la deuda fiscal.

En respuesta, la Dirección de Presupuestos (Dipres), liderada por Javiera Martínez, presentó una solicitud de reconsideración. En el documento, el organismo sostiene que el diseño del FES cumple con las definiciones del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2014, y que “el instrumento puede ser considerado un activo financiero debido a que se cumplen dos condiciones necesarias”.

La primera, explicó la Dipres, es la existencia de “una relación contractual” entre el Fisco y los beneficiarios del FES, expresada en el artículo 9 del proyecto de ley, donde estos deben “suscribir una declaración que exprese su voluntad de someterse a las condiciones establecidas en esta ley y su reglamento”. Esto, añadió, “no deja dudas sobre la calidad contractual del beneficio”.

El segundo argumento apunta a la “certeza de la recuperación” de los recursos. La Dipres argumentó que el diseño del FES establece con claridad “el plazo en que se hace exigible la obligación de pago y las reglas de determinación del monto de cada beneficiario”, asegurando que la recaudación futura está garantizada a través del deber de los empleadores de retener los pagos.

“El diseño del proyecto garantiza que el Fisco cobrará los beneficios otorgados, pues el derecho de recuperación es cierto, coercitivo y continuo, sustentado en una obligación legal y permanente de pago del beneficiario”, señala el escrito. Además, destaca el respaldo de organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) para las labores de cobranza.

En ese sentido, la Dipres enfatizó que “la naturaleza de activo financiero del instrumento no depende de su transabilidad, sino de la certeza de recuperación de los recursos originalmente desembolsados”, y que el esquema “asegura la sostenibilidad del sistema”.

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