El balance agridulce del gobierno: algunos logros sociales y varias deudas pendientes

A finales de 2021, Gabriel Boric irrumpió con fuerza en la escena política de Chile, en medio de un clima de demandas sociales tras el estallido de 2019 y ungido en una segunda vuelta electoral que funcionó de cortafuegos frente a la extrema derecha, el antiguo dirigente estudiantil representaba una cara nueva para enfrentar problemas de larga data de la nación sudamericana. Al momento de su asunción, en marzo de 2022, se convirtió en el jefe de Estado más joven de la historia del país, con apenas 36 años.

Casi cuatro años después, en la recta final de su mandato, la gestión del líder del Frente Amplio se enfrenta a un balance agridulce. Lejos quedó su ambiciosa agenda reformista inicial, con unas pocas tildes marcadas en aquel programa y el foco puesto en urgencias como la inseguridad, la inmigración irregular, el estancamiento de la economía o la falta de empleo. Materias en las que, para muchos, los esfuerzos del gobierno Boric no han sido suficientes.

En las encuestas de opinión recientes, la administración del político izquierdista ronda un 30% de aprobación y alrededor de seis de cada diez chilenos la desaprueban. No se trata, sin embargo, de una cifra desconocida: salvo al inicio de su mandato, la imagen positiva de la gestión de Boric se mantuvo de manera consistente en ese umbral, en línea con los votos recibidos en la primera vuelta de las elecciones de 2021 (25%), según reportó el Servicio Electoral de Chile.

Claudia Heiss, profesora e investigadora en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, señala a France 24 que “si el 30% es mucho o es poco es relativo” porque “nosotros tenemos un espíritu bastante oposicionista, en los últimos años casi todos los gobiernos terminan con desaprobación y hay un desgaste cada vez más rápido en el ejercicio del poder”.

“No me parece evidente que haya un desgaste de la imagen de Boric –añade la politóloga–. Creo que ha mantenido más o menos su apoyo. El gobierno no partió con una popularidad gigantesca, obtuvo el voto de personas que no estaban muy convencidas, pero que querían evitar que ganara la extrema derecha. También consiguió un voto antipolítico, antipartidista, antiélite porque era algo nuevo. En ese sentido es posible que haya un desgaste en el hecho de convertirse en establishment, en ya no ser una fuerza nueva“.

En la misma línea, Mireya Dávila, académica de la Universidad de Chile, remarca que “los gobiernos nunca salen con mucha aprobación”, algo que “es difícil que pase” teniendo en cuenta que “el sistema político en Chile está complicado” por la “fragmentación de partidos políticos”.

“Al final la evaluación de Boric va a ser menos mala de la que se tiene hoy, pero todavía no cuaja en un cierto relato. Ellos perdieron el control del relato, porque el relato inicial con el que partieron, esta cosa como transformadora, se fue al suelo”, añade la doctora en Ciencia Política, quien remarca que el presidente chileno terminó asociándose al “socialismo democrático” más tradicional para garantizar gobernabilidad.

¿Qué ha lastrado la imagen del gobierno Boric?

Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Gabriel Boric debió afrontar asuntos coyunturales que contribuyeron a acelerar la pérdida de parte de su capital político. A la cabeza de la lista asoman los dos procesos fallidos para la reforma de la Constitución, el gran reclamo surgido de la ola de protestas de 2019.

Aunque no se trata de una responsabilidad de su administración, la agenda gubernamental quedó envuelta en sus primeros meses en el debate sobre la nueva Carta Magna durante el primero de esos procesos, con Boric poniéndole cara al texto de corte progresista redactado por la Convención Constitucional. De ahí que la derrota del ‘apruebo’ en el plebiscito de septiembre de 2022 se leyera como una dura derrota del presidente chileno en el amanecer de su gestión.

Para Dávila, “fue una mala estrategia” porque “apostaron la marcha del Gobierno durante el primer tiempo al plebiscito y salió mal”.

Heiss agrega que el Ejecutivo de Boric “llegó con una agenda reformista muy ambiciosa” y que esta era “un poco más reformista de lo que esperaban aquellas personas que votaron por abrir un proceso constituyente”. Por esa razón, ese primer intento de cambio constitucional “no fue capaz de sintonizar con los verdaderos anhelos del electorado y produjo temor, incertidumbre”.

Tampoco lo consiguió un segundo texto, redactado por un Consejo Constitucional de corte más derechista, que también fue rechazado en el plebiscito de 2023. Así, prácticamente los primeros dos años de la administración Boric estuvieron imbuidos en ese debate que, a la postre, no arrojó resultados concretos.

Al margen de los intentos truncados de reforma constitucional, sobre el gobierno de Boric también recayeron rápidamente, en junio de 2023, sospechas de posible corrupción con el denominado Caso Convenios, en el que la Fiscalía de Chile abrió una investigación por malversación de fondos en la firma de contratos entre organismos gubernamentales y distintas fundaciones. La trama se destapó con el convenio entre el ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática (RD), uno de los más importantes de la alianza de gobierno de Boric, lo que salpicó demasiado pronto la imagen renovadora de la joven coalición.

Teniendo que capear estos temporales y aparcar su agenda reformista amplia, muchos chilenos le cuestionan a la gestión de Boric lo que consideran cierta falta de respuestas a temas urgentes. A la cabeza de las preocupaciones, según las encuestas, está la crisis de seguridad pública que, si bien responde a causas estructurales que exceden al actual Gobierno, se ha asentado con un alza inédita de crímenes violentos, a los que la sociedad chilena no estaba acostumbrada.

Más allá de que el gobierno de Boric consiguió sacar adelante con apoyo opositor en el Congreso decenas de leyes en materia de seguridad y que ha destinado recursos adicionales a los cuerpos de seguridad del Estado, en muchos prevalece la sensación de que no ha sido suficiente frente a un reclamo de mayor “mano dura” contra la delincuencia y el crimen organizado, una postura más asociada a la derecha que a la izquierda.

“El tema del orden público y del narcotráfico queda pendiente, pero no por fallas del presidente y del gobierno, sino porque es un tema que el Estado mismo corre de atrás”, matiza Mireya Dávila. “Es un asunto que requiere un Estado distinto y adaptarse. Y este gobierno no alcanzó a hacerlo porque estuvo cuatro años. Y porque metió a las Fuerzas Armadas en el orden interno, que para mí es un error. La experiencia dice que no es bueno y en el fondo es traspasar el problema a una parte del Estado encargado de la defensa externa, cuando deberían hacerlo las fuerzas internas”.

Más recientemente, los lentos avances en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales del 2 y 3 de febrero de 2024 en Valparaíso también han supuesto cuestionamientos a la capacidad de respuesta gubernamental. Según admitió en agosto pasado el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes, frente a una comisión investigadora del Congreso, ese proceso de rehabilitación ha alcanzado apenas el 7% de lo previsto.

Claudia Heiss destaca que “en el lado de producir soluciones, el gobierno todavía no logra cuajar una función pública eficaz con una agenda ideológica amplia”. “Es un gobierno que llegó de una manera un poco precipitada al poder, antes de tener el tiempo y la maduración para construir esa fuerza necesaria para actuar como proveedor de soluciones y no solamente impugnador o cuestionador de los problemas que tenían las élites anteriores”, subraya.

Mireya Dávila achaca que Boric apareció con “un grupo de una generación nueva de izquierda que llegó al poder sin mucha experiencia en el Estado”, lo que se tradujo en “un montón de errores de gestión”, como por ejemplo, “mucha demora en nombrar cargos vacíos” y “algunas debilidades comunicacionales”.

“La gestión propia del Estado es difícil de manejar, tienes que tener experiencia, y la coalición con la que llegó al poder no la tenía, y eso se notó –completa la politóloga–. Quizás por soberbia o falta de formación política no han aprendido lo suficiente a manejar el Estado. Y creo que ese es el gran fracaso de su gobierno“.

Los avances en la agenda social 

Aun más acotada que en su programa inicial, la agenda social del gobierno de Boric sumó algunos hitos relevantes. Su mayor logro ha sido la reforma de pensiones que, aunque menos amplia de lo que sus bases pretendían, supuso el mayor cambio en 43 años al sistema privado de capitalización individual instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1981. Uno de los principales cambios de la ley, aprobada a inicios de 2025, es que los empleadores vuelven a aportar para las jubilaciones de sus trabajadores.

También sobresale la ley para reducir gradualmente la jornada laboral, que en abril de 2024 bajó de 45 a 44 horas semanales, que pasará a ser de 42 en abril de 2026, y quedará fijada en 40 horas a partir de abril de 2028. O la política de copago cero, que desde 2022 permite la atención gratuita en los centros públicos de salud para sectores más vulnerables.

A eso se suman algunos avances en materia de género, como la ley ‘papito corazón’ que busca asegurar que los padres paguen las pensiones de alimentos adeudadas, la ley integral contra la violencia de género o la ley de reparación para las víctimas de feminicidios.

Asimismo, en su programa de derechos humanos, sobresalen el plan para la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y una propuesta de reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas.

En temas de redistribución sobresale el llamado ‘royalty’ minero, que supone un impuesto a grandes empresas mineras por la explotación de recursos naturales no renovables.

Para Heiss, “hubo una serie de logros sociales que no eran evidentes en absoluto, considerando que [la coalición de Boric] no tenía mayoría parlamentaria”. Esta académica destaca, además, que el líder izquierdista “normalizó el país después de una situación inestable por la pandemia, el estallido social y vaivenes económicos que no habíamos visto desde el retorno a la democracia” en 1990.

“En lo económico, fue responsable. En lo político, se planteó siempre un irrestricto respecto al Estado de Derecho, a la limitación del poder, y eso se expresó en sus opiniones sobre la política exterior, que lo distancian de una cierta izquierda más populista“, remarca.

En la recta final de su mandato, la coalición gobernante de Boric busca robustecer su legado con una arremetida por otros proyectos emblema. Entre ellos está la implementación de un nuevo instrumento de financiamiento para la educación superior, un proyecto que ya fue aprobado por Diputados y que apunta a crear un mecanismo con mejores condiciones de pago para los créditos estudiantiles y aliviar el endeudamiento de estudiantes y sus familias.

A eso se suma el intento de tramitar a contrarreloj y antes de la renovación del Congreso dos propuestas de ley: una de eutanasia o muerte asistidapara mayores de 18 años con enfermedades graves e incurables o en estado terminal, y otra para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

De la sucesión a un posible segundo mandato

Como la ley chilena no permite la reelección inmediata, Boric no puede aspirar a mantenerse en el Palacio de La Moneda por otros cuatro años, sino que debe esperar al menos a las elecciones de 2029 para intentar buscar un segundo mandato. En el camino a su sucesión, sin embargo, parece poco probable que pueda entregarle la banda presidencial a alguien de su mismo sello político.

Aunque la candidata de la coalición gobernante, Jeannette Jara, encabeza las encuestas de cara a la primera vuelta electoral del 16 de noviembre, los escenarios de un eventual balotaje la muestran en desventaja respecto de cualquiera de los posibles rivales de derecha. Y si bien en Chile no es inusual la alternancia entre izquierda y derecha, el posible ascenso al poder de una figura más radical como José Antonio Kast (segundo en la mayoría de los sondeos) supone un escenario nuevo.