Ensartados por Sartor: el “modelo de negocios” que benefició a socios y perjudicó a inversionistas

Puede ser catalogado como el mayor fraude financiero en Chile: $127 mil millones en créditos relacionados, según cuantifica una de las querellas.

Y el primero de grandes proporciones que ocurre en plena vigencia de la Ley de Delitos Económicos (21.595) que, desde el 17 de agosto de 2023, dificulta la posibilidad de penas sustitutivas (libertad vigilada y remisión condicional). Lo que significa que, si directores y/o altos ejecutivos de una empresa son condenados, aumentan las probabilidades de que las sentencias se cumplan en la cárcel. Además, elimina la atenuante de irreprochable conducta anterior.

Confiados en hacer crecer su dinero, personas naturales y sociedades invirtieron en uno o varios de los 16 fondos públicos –mutuos y de inversión– de Sartor Administradora General de Fondos (AGF), regulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Algunas de las platas de esos fondos eran invertidas en cuotas de Fondos de Inversión Privados (FIP), que no son supervisados ni fiscalizados por la CMF.

A raíz de una auditoría, la Comisión para el Mercado Financiero revisó la cartera de los FIP y detectó que invertían en instrumentos de deuda emitidos por los socios y/o directores de Sartor AGF. En simple, los FIP les otorgaban créditos para sus negocios personales.

Por esa razón, la CMF le revocó la autorización para operar el 20 de diciembre de 2024, nombró a un liquidador y traspasó la administración de todos los fondos a otras AGF. Once a Toesca, dos a Ameris y tres a WEG.

Traje a la medida

A juzgar por los hechos, Sartor, que significa sastre en latín, diseñó un traje a la medida…, pero de sus socios.

¿Quiénes son los dueños de Sartor AGF? Pedro Pablo Larraín Mery (59,69%), presidente; Alfredo Harz (18,39%), gerente de inversiones; Oscar Ebel (9,9%), director y quien se autodenunció; Rodrigo Bustamante (6,88%), director por un breve período en 2024; y Miguel León Núñez (4%), presidente por unos meses en 2023. Todos a través de sus sociedades que, a su vez, participan en Asesorías Inversiones Sartor, dueña del 99% de Sartor AGF. El otro 1% pertenece a Inversiones Quisis, de Pedro Pablo Larraín Mery.

Mientras, el directorio de la AGF Sartor estaba integrado por Pedro Pablo Larraín Mery, Oscar Ebel, Mauro Valdés, Alfredo Harz y Michael Clark. A las reuniones mensuales –que podían durar tres horas– asistía siempre Carlos Larraín Mery, a pesar de que el 29 de diciembre de 2021 dejó de ser director de Sartor AGF. No firmaba, por cierto, las actas.

Según el liquidador Ricardo Budinich, los 16 fondos administrados por Sartor suman en conjunto cerca de US$ 450 millones. Nominales, porque los informes de PwC y Deloitte revelaron caídas de entre 78% y 85% en los valores de los fondos mutuos. Y entre 47% y 82% en los fondos de inversión.

Credicorp: “US$ 45 millones desviados”

A estas alturas, hay ocho querellas en contra de Sartor AGF, sus cinco socios, varios directores y todos los que resulten responsables por administración desleal, entrega de información falsa al mercado y negociación incompatible, contemplados en la Ley de Delitos Económicos.

Lejos, la de mayor cuantía es la de Credicorp Capital: US$ 102,3 millones invirtieron dos de sus fondos en Perú y fueron los únicos aportantes de los fondos públicos Sartor Facturas USD y Sartor Táctico Perú, regulados por la CMF. Eran 1.277 inversionistas peruanos, a quienes Credicorp les compró todas sus cuotas, por lo que no sufrieron perjuicios.

Patrocinada por el penalista Juan Domingo Acosta, acusa que “Sartor AGF procedió a sustraer US$ 45.032.013 desviándolos a tres sociedades relacionadas a esa administradora, sus directores, accionistas y/o gerentes, como lo ha resuelto la CMF”. Se refiere a dos empresas peruanas –Emprender Capital, filial del factoring del mismo nombre en Chile, y Mikopo, firma digital que presta asistencia financiera a pymes– y a la chilena Danke SpA, de Carlos Larraín Mery.

Altos ejecutivos de Credicorp salieron de sus cargos: Ricardo Flores Pérez-Reyes, gerente regional de operaciones; Christel Miranda, directora de productos de inversión de Credicorp Perú; James Loveday, gerente general de Credicorp en Chile.

Víctimas: 125 se querellaron

La de mayor número de afectados en Chile es la que reúne 125 aportantes, entre ellos, María Antonieta Larroulet Vignau –prima hermana de Cristián, el exjefe de asesores de Piñera II–; el médico José Soto Luque y su hermana arquitecta Isabel; el dentista Juan Denis-Lay; la Corporación de Beneficencia Señoras de Valparaíso; Joaquín Aguirre Edwards, execonomista jefe del área de gestión de patrimonios de Sartor (2021-2024), que ahora trabaja en Quest Capital; el psicólogo León Guzmán Gatica; Jorge Mouat y su mujer María Isabel Holley, además de uno de sus hijos; Felipe Brito Pearson, dueño de la app Llavemovil; Andrés Puelma Goya, socio de la distribuidora agrícola Agro Puelma; la fotógrafa Isabel Fernández Echavarría; la nutricionista Andrea Riffo Madrid y su hermana Carla.

A partir de la revisión de la cartera de todos los fondos administrados por Sartor –dice la querella patrocinada por los penalistas Jorge Bofill y César Ramos–, “se desprende que tenían inversiones cercanas a $270 mil millones en créditos, de los cuales cerca de $127 mil millones corresponden a instrumentos emitidos por sociedades vinculadas a exdirectores de Sartor AGF y a sus accionistas”. Gran parte de esos créditos se encuentran actualmente en mora.

En otra querella individual, María Eugenia Delpiano Puelma –hermana de Adriana, la actual ministra de Defensa– relata que, a sugerencia de su hijo, entregó $180 millones a Sartor “con la esperanza de recibir ganancias para una mejor vejez”, ya que es una persona de la tercera edad. Está dirigida en contra de Sartor AGF, Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Hugo Baranda y Juan Carlos Jorquera por estafa y apropiación indebida.

Hay instituciones afectadas que, hasta ahora, no han acudido a los tribunales: la UNAB invirtió en Sartor parte del endowment creado tras el traspaso en 2020 desde Laureate, su antigua controladora, a la Fundación Educación y Cultura, constituida por Jorge Selume y Juan Antonio Guzmán. Dado que no puede retirar utilidades, los dineros de las matrículas de los alumnos –una vez que se cubren los costos fijos y se hacen las inversiones en infraestructura– se destinan a este fondo, cuyos intereses van a financiar becas. Entre $2 mil millones y $3 mil millones tiene actualmente invertidos el endowment de la UNAB en Sartor, porque el año pasado rescató cifras importantes.

Carlos Ubeda, cuñado del vicepresidente de la junta directiva, Jorge Selume, era el gerente general corporativo del grupo Sartor, lo que podría haber influido en la decisión de la universidad.

Amigos de toda la vida

Si bien las querellas revelan que las víctimas entregaron sus ahorros y desconocen cuánto van a recuperar, hay al menos una en la que, además, la amistad quedó en entredicho.

Se trata de dos familias que invirtieron en Sartor por su cercanía con un socio: Oscar Ebel.

Descrito como un amigo de toda la vida desde que estudiaron en el Colegio Alemán de Puerto Montt, Ebel “tras enterarse de que Luis Felipe Navarro González recibió utilidades importantes de una sociedad inmobiliaria de la cual era dueño, lo invitó a invertir en 2015 en el Grupo Sartor”. Socio de la constructora LN de Puerto Montt, Navarro realizó sucesivas inversiones en los fondos administrados por Sartor.

Ingrid Vyhmeister Karl (86) era clienta de Sartor desde 2012, cuando operaba como un multifamily office, ya que su hijo, el traumatólogo Roberto Negrín Vyhmeister, “mantenía una larga amistad con Oscar Ebel”, dado que coincidieron en el Colegio Alemán de Puerto Montt.

Al año siguiente, ella le entregó un mandato amplio a su hijo para que le administrara su patrimonio y él comenzó a invertirlo en diversos productos financieros que ofrecía Sartor, siendo asesorado por los socios Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante.

Cuando en 2016 se creó Sartor AGF, todas las inversiones de su madre pasaron a los nuevos fondos de la administradora.

La querella patrocinada por el penalista Diego Abogabir explica que Harz y Bustamante le sugirieron a Roberto Negrín, en enero de 2024, tomar un producto llamado “CAI” (Contrato de Asociación de Inversiones), mediante el cual las cuotas que su madre tenía en los fondos públicos Sartor Táctico y Sartor Leasing pasarían a Asesorías e Inversiones Sartor, la dueña del 99% de la AGF Sartor donde participan los cinco socios.

Jamás se le informó que se trataba de un “contrato que permitiría sacar los dineros de su madre de Sartor AGF y se los entregaría a Sartor S.A. (Asesorías e Inversiones Sartor). Era en realidad una especie de préstamo a Sartor S.A., sin ningún tipo de garantía que pudiese proteger al cliente”, expone la acción penal.

Harz le aseguró que solo se lo ofrecían a gente de confianza, que su amigo Oscar Ebel también utilizaba este instrumento y que “traería aparejados beneficios tributarios y hereditarios”.

Bastó un correo del hijo aceptando la propuesta para que los $339,9 millones de su madre fueran traspasados a los CAI.

La odontóloga Gabriela Negrín Vyhmeister, al ver la buena relación de su hermano Roberto y de su madre con Sartor, en 2015 decidió invertir $230 millones, siendo asesorada por los socios Pedro Pablo Larraín y Alfredo Harz. El grueso fue al fondo público Sartor Táctico y el resto a Sartor Leasing. En su caso, $32 millones fueron traspasados a Sartor CAI Táctico, “ni siquiera le informaron, sino que simplemente decidieron invertir sus dineros en ese supuesto producto (CAI)”.

Lo mismo ocurrió con los ahorros de María Eugenia González Antillo: $225 millones pasaron, en 2022, del Fondo Sartor Leasing a Sartor CAI Leasing, es decir, “a Sartor S.A., sociedad no fiscalizada por la CMF”, dice la querella. En 2023, entregó otros $120 millones, que fueron al CAI Tasa Fija, pactándose “una rentabilidad mensual del 1,2% del capital invertido”.

Cuando la madre enfermó gravemente en 2023, cedió todas sus inversiones en Sartor a sus cuatro hijos: $382 millones, que incluían los aportes e intereses. Solo a ellos Sartor les restituyó en enero una parte: $156 millones, bajo el argumento de que no estaban invertidos en los fondos administrados por la AGF, por lo que sí podían hacer la devolución.

La querella por estafa, administración desleal, negociación incompatible e invasión al giro bancario está dirigida contra Sartor AGF, los socios Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante y Miguel León, además de Carlos Larraín Mery y Michael Clark y la matriz Asesorías e Inversiones Sartor. No incluye a Oscar Ebel.

Se presume que los CAI eran una figura que permitía a Asesorías e Inversiones Sartor y sus socios obtener recursos para pagar rescates –antes de la debacle–, intereses u otras obligaciones, es decir, hacer pedalear la bicicleta.

Marko Djulic, gerente general de Mall Sport, también llegó por el colegio. Es uno de los 125 querellantes que representan Jorge Bofill y César Ramos y fue invitado por el socio Rodrigo Bustamante. Ambos son exalumnos del Santiago College.

Ebel: “Ejercicio ilegal del giro bancario”

En su autodenuncia ante la Fiscalía Oriente, el socio Oscar Ebel explica que, a través de los CAI (Contratos de Asociación de Inversiones), Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la dueña del 99% de la AGF, “captaba dinero de terceros de manera habitual (…) es posible que estos dineros hayan terminado financiando empresas relacionadas o, al menos, vinculadas a otros directores del grupo Sartor”.

Ebel celebró dos contratos CAI por un total de $300 millones que se destinarían, sostiene su autodenuncia, “a la ejecución de todo tipo de inversiones que efectúe Asesorías e Inversiones Sartor S.A. en valores e instrumentos representativos de deuda privada”.

“Los inversionistas que colocaron dinero en esta modalidad de inversión fueron captados entre referidos, conocidos y familiares de los directores, ejecutivos y accionistas del grupo Sartor”.

Agrega que “los antecedentes indican que Asesorías e Inversiones Sartor S.A. tomaba dinero del público y lo prestaba a terceros”. Y manifiesta que “de establecerse estos hechos, podría estarse frente al delito de ejercicio ilegal de la actividad bancaria”.

Director que no se benefició, según la CMF

El 15 de abril la CMF formuló cargos en contra de Sartor AGF, su directorio, los cinco socios y el gerente general, Juan Carlos Jorquera, por no actuar con la debida diligencia para cautelar los fondos administrados y proporcionar información falsa al mercado.

El fiscal de la CMF, Andrés Montes, recomendó en septiembre al consejo sancionar a los anteriormente mencionados, haciendo una salvedad. “A partir de la prueba rendida en el curso del procedimiento, no es posible establecer un beneficio económico directo para Mauro Valdés Raczynski y Juan Carlos Jorquera Salhús”, afirma el expediente sancionatorio.

Pedro Pablo Larraín invitó a Valdés a integrar el directorio de Sartor AGF en 2016 después de que él aportara “una importante suma de dinero, representativa de gran parte de sus ahorros personales”, se lee en el expediente.

Valdés declaró no haber tenido conocimiento de los créditos relacionados a los socios, no haber sido parte de los comités que los aprobaron, ni haber recibido préstamos en forma directa ni indirecta.

Pedro Pablo Larraín Mery redactó una declaración jurada, que consta en el expediente, en la que afirma que Valdés “no participaba en ninguno de los comités de crédito de Sartor AGF ni de riesgo” y, por tanto, no fue informado de las operaciones entre partes relacionadas que se aprobaron.

En su autodenuncia ante la Fiscalía Oriente, efectuada el 24 de diciembre, el socio Oscar Ebel relata que un comité de crédito aprobaba las inversiones de financiamiento relevantes y que todas ellas estaban en conocimiento del directorio de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la dueña del 99% de la AGF, donde participan los cinco socios.

Los financiamientos (créditos) por sobre 20 mil UF debían contar con el visto bueno de los tres directores que integraban el comité de crédito: Pedro Pablo Larraín, Oscar Ebel y Michael Clark.

Modus operandi

La resolución de la CMF que revocó su autorización para operar y las querellas apuntan al mismo modus operandi. Cómo la plata de los aportantes terminó financiando los negocios personales de algunos socios y/o directores de Sartor AGF, lo que implica un manifiesto conflicto de intereses que infringe la Ley Única de Fondos (artículo 17), al vulnerar el mandato de una AGF, que es administrar fondos exclusivamente en beneficio de los aportantes y nunca en interés propio o de personas relacionadas.

Por un lado, estaban los cinco Fondos de Inversión Privados: FIP Deuda Privada, FIP Autofidem, FIP Deuda Estructurada II, FIP Facturas y FIP LS. Y por otro, los 16 fondos públicos regulados por la CMF.

El fondo público Sartor Táctico, uno de los más importantes de la AGF, tenía invertidos $41.720 millones –nada menos que el 74,5% de su cartera– en cuotas del FIP Deuda Privada. La CMF detectó que esos $41.720 millones correspondían a pagarés por créditos otorgados a Blackcar SpA, encargada de rematar los autos con deudas impagas de Autofidem y cuyo accionista es Pedro Pablo Larraín Mery; a Danke SF SpA, de propiedad de su hermano Carlos Larraín Mery, y a Redwood Capital SpA, de Michael Clark, director de Sartor AGF y presidente de Azul Azul.

Los fondos públicos Sartor Proyección y Sartor Leasing invirtieron $4.987 millones y $2.291 millones, respectivamente, en cuotas del FIP Autofidem, informan sus estados financieros al 30/9/24. Lo que omiten es que Autofidem es una empresa de crédito automotriz, creada en 2020 y controlada en partes iguales por Asesorías e Inversiones Sartor y sus cinco socios, además de Nicolás Matthei Salvo, gerente general de Autofidem.

“Este negocio fue aprobado expresamente por el directorio de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. (dueña del 99% de la AGF), donde se dio cuenta de la marcha de dicho negocio en forma periódica”, sostiene Oscar Ebel en su autodenuncia.

El fondo Sartor Leasing otorgó préstamos por $23 mil millones a Emprender Capital y a Danke, lo que representa un 20,8% de los activos, según detalló el liquidador Budinich. Es decir, los aportantes, sin saberlo, financiaron parte del negocio de Carlos Larraín, quien en una Carta al Director en La Tercera informó que “no soy ni he sido desde hace largo tiempo accionista de Sartor Finance Group o sus filiales”.

Compra de la U

La querella de los 125 aportantes señala que, al menos, entre los años 2021 y 2024, los fondos públicos y regulados de Sartor AGF realizaron inversiones que no cumplieron con las condiciones legales exigidas para operaciones con personas relacionadas.

Así como los dineros de los inversionistas financiaron la marcha de los negocios de algunos socios y directores, también hubo una compra.

En 2021, el FIP Tactical Sport –cuyos aportantes son Michael Clark (10%) y Sartor AGF (90%), siempre a través de sociedades– compró el 63% de la concesionaria Azul Azul a Carlos Heller en $15.500 millones. El dinero no provino de sus bolsillos, sino de Inversiones Cerro el Plomo SpA, que obtuvo el financiamiento de los Fondos Sartor Leasing y Sartor Táctico, según detalló el liquidador Budinich. O sea, los aportantes de estos fondos ayudaron a costear la compra de la concesionaria de la U.

Oscar Ebel, en su autodenuncia en la Fiscalía Oriente, señaló que Inversiones Cerro El Plomo recibió dos créditos por US$ 28 millones de dos fondos públicos administrados por Sartor AGF, respaldados por pagarés. “Esta operación es abiertamente irregular (..). Significa que existen operaciones donde dineros administrados por Sartor AGF son traspasados hacia sociedades aguas abajo de los FIP”.

En un esquema detalló que Asesorías e Inversiones Sartor, la controladora con un 99% de Sartor AGF, es dueña de la Administradora de Fondos de Inversión Privados, a su vez propietaria del FIP Deuda Estructurada II, de la que cuelga Inversiones Cerro El Plomo.

En su origen Cerro El Plomo tenía de socios a Ebel, a Pedro Pablo Larraín y a la familia Larraín, a través de sus sociedades, se lee en la autodenuncia.

Sartor: tres recursos pendientes

Sartor ha seguido varios caminos en su defensa. Ante la CMF presentó un recurso de reposición en noviembre de 2024, a raíz de la orden de suspender los aportes a sus fondos, y en abril la matriz Asesorías e Inversiones Sartor solicitó remover al liquidador. Ambos fueron rechazados por la CMF.

Están pendientes tres recursos. Un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, presentado el 24 de diciembre, por la revocación de la autorización para operar ordenada por la CMF. Uno de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional, originado en la petición de liquidación de la matriz Asesorías e Inversiones Sartor, solicitada por la corredora del BCI, que fue suspendida mientras se tramita el recurso. Y otro reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones (presentado el mes pasado) para que se declare ilegal el oficio de la CMF que ordenó a Sartor proporcionar antecedentes en “forma inmediata”, lo que –según expone– fue usado por los funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero para allanar sus oficinas, y que además la CMF devuelva los documentos y se abstenga de utilizarlos en el futuro en otras instancias.

Patrocinado por el abogado Antonio Rubilar, socio de Albagli Zaliasnik, el primer reclamo de ilegalidad del 24 de diciembre pide dejar sin efecto la resolución de la CMF que revocó su autorización para operar. Y que se le ordene “dar inicio al procedimiento sancionatorio al que Sartor tiene derecho”, ya que es “la única vía para evitar los severos daños que Sartor ha sufrido por el actuar desmedido de la Comisión”.

En una línea de tiempo relata que, a través de un oficio, fechado el 8 de noviembre, la Comisión para el Mercado Financiero presentó una serie de observaciones que, a su juicio, “representarían conflicto de interés y darían cuenta de un supuesto modelo de negocios en que los fondos fueron invertidos en instrumentos emitidos por personas vinculadas a los controladores de la administradora”, lo que podría perjudicar el interés de los fondos y sus aportantes. Y dio un plazo de tres días hábiles a Sartor para que se pronunciara.

“Sartor presentó un plan de trabajo a corto plazo para implementar las medidas que permitieran subsanar las observaciones formuladas”, donde rechazó el supuesto modelo de negocios basado en operaciones con personas vinculadas a sus controladores.

Al considerarlo “insuficiente”, el 15 de noviembre la CMF ordenó suspender los aportes a todos los fondos de Sartor, lo que generó –según el escrito– una alarma innecesaria y provocó solicitudes de rescate de cuotas equivalentes al 34% del total de los activos gestionados.

Y la posterior suspensión de las solicitudes de rescate, ordenada el 6 de diciembre, “generó desigualdades entre los aportantes, viéndose beneficiados quienes rescataron primero y perjudicando a los que permanecieron en los fondos”.

Llama la atención sobre otras solicitudes de información, como la emanada por el fiscal de la CMF, Andrés Montes, que otorgó un plazo de tres días hábiles para responder información vinculada a las sociedades Danke SF SpA, Autofidem SpA, Blackcar SpA, y otras, pero no menciona si hubo respuesta. Y la del director de Supervisión de Conducta de Mercado, Daniel García, que dio un día hábil para enviar la lista de clientes y recomendaciones realizadas por la filial Sartor Wealth Management entre el 1 de septiembre de 2024 y el 13 de diciembre.

Apunta a que la resolución de la CMF que le revocó la autorización para operar “se basa en una denuncia recibida por parte de Credicorp”, que planteó prácticas de canalización de inversiones hacia entidades relacionadas y operaciones circulares que aumentaron la exposición a deudas de sociedades vinculadas.

El reclamo de Sartor sostiene que la CMF tomó “operaciones específicas de manera antojadiza” para afirmar la existencia de un modelo de negocios y que son “muestras no representativas de las operaciones de Sartor”. “Los actos sui generis de la Comisión llegaron a su punto cúlmine con el allanamiento de facto que practicó en las oficinas de Sartor el 16 de diciembre”, invocando un oficio dictado ese mismo día, “tan solo minutos antes de tocar las puertas de mi representada”.

Un historiado factoring

Otra querella revela el origen del factoring Emprender Capital Servicios Financieros y Emprender Capital Leasing –conocidos como ECapital–, cuyas acciones compró Carlos Larraín Mery en 2022.

Siendo estudiantes universitarios, los hermanos Sergio y Francisco Gómez Astete fueron asesorados por su tío en segundo grado Sergio Yáñez Astete, dado que habían heredado un patrimonio importante de su padre.

Él les propuso crear Emprender Factoring, donde los Gómez Astete serían socios pasivos (con el 60%) y financistas, a través de un préstamo por $3 mil millones con pago de intereses, lo que se concretó en 2010.

Yáñez creó también el Leasing Emprender y una corredora de bolsa de productos del mismo nombre (que cerró en 2023). Dado que les fue bien, los hermanos Gómez tomaron un 40% del holding, Yáñez Astete otro 40% y el gerente general un 20%.

Una década más tarde, al encargar una auditoría, los Gómez descubrieron que el tío usó fondos de las empresas para la construcción de su casa en el Cerro Mirador, a la entrada de San Carlos de Apoquindo, y una segunda vivienda en Pucón, y que se pagó bonos y la tarjeta de crédito, relata la querella patrocinada por el abogado Javier Cornejo, exdefensor público.

Para evitar acciones judiciales, en 2019 los Gómez acordaron con su pariente que este pagaría los $3 mil millones más otros $273 millones, a cambio de traspasarle al tío su participación del 40%, lo que no ocurrió.

Lograron otro arreglo, que el tío les entregara su participación en Emprender, pero hubo una sorpresa. En diciembre, poco después de la suspensión de los aportes a Sartor por el hallazgo de créditos relacionados, Emprender dejó de ser controlada por Carlos Larraín. Y fue traspasada a Hugo Baranda (gerente general de Danke), dice la acción penal.

El perjuicio patrimonial causado a los Gómez Astete asciende a $3.273 millones, asegura la querella por estafa, administración desleal y contrato simulado en contra de Sergio Yáñez Astete, Carlos Larraín Mery y Hugo Baranda.

Hay un dato llamativo: Inversión y Gestión de Negocios recibió créditos por cerca de $20 mil millones del Fondo Sartor Proyección, equivalentes al 22% de sus activos, informó Toesca. En esa sociedad participarían, en partes iguales, el tío Yáñez Astete y sus sobrinos Gómez Astete.

Yáñez es, además, uno de los socios del outlet Midmall en Maipú, cuyo 25% compró el Fondo Sartor Midmall.

Gonzalo Echeverría de Peña, exfuncionario de Lan Chile y Air Canada, le prestó $600 millones a Emprender a cambio de un interés mensual. Invitó a amigos a seguir sus pasos, dado que “fue informado que el grupo Sartor, bajo el alero de los hermanos Larraín Mery eran los dueños y/o directores, a través de una sociedad aguas arriba”, dice la querella presentada por los penalistas Susana Borzutzky y Felipe Barruel.

Echeverría asistió a numerosas reuniones en las oficinas de Pedro Pablo Larraín en Sartor. Y en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió los aportes a los fondos de Sartor AGF, se percató de que los intereses no se los pagaba Emprender, sino Danke, sociedad de Carlos Larraín Mery. Al consultarle a Pedro Pablo Larraín, le respondió que no le afectaba, “porque Danke es dueño de ECapital”.

Al mes siguiente, Echeverría no recibió los intereses por $6 millones y, al pedir la devolución del capital, le señalaron “que no tenían caja, que se esfumó”, afirma la querella por estafa, apropiación indebida y negociación incompatible en contra de Sartor AGF, Emprender Factoring, Danke, Carlos Larraín Mery, su hermano Pedro Pablo y Hugo Baranda.

Otra sorpresa fue saber que Carlos Larraín Mery, el dueño de Danke, había vendido “en la suma módica de $1.229.500 el 100% de la compañía Danke, a su vez dueña del 69,7% de ECapital (Emprender), al gerente general actual de ECapital, Hugo Baranda”.

Pedro Pablo Larraín interpuso querella en contra de Echeverría, acusándolo de denuncia calumniosa.